El PP y el PSOE han rechazado por tercera vez la propuesta de Ciudadanos de abrir una comisión de investigación sobre el saqueo de las cajas de ahorro. Así lo ha denunciado el grupo parlamentario, cuya propuesta ha sido respaldada por Unidos Podemos.

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la banca, que cifraba en más de 60.000 millones el coste del rescate, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos anunciaron su intención de reclamar que el Congreso abriera una investigación al respecto, algo que hicieron por distintas vías. Para pedir una comisión de este tipo, el artículo 52 del Reglamento exige un mínimo de 70 diputados, dos grupos parlamentarios o el aval de la Mesa del Congreso. «La primera vez lo rechazaron porque lo pidió el grupo parlamentario, pero la segunda vez lo solicitó Ignacio Prendes y Patricia Reyes -vicepresidente primero y secretaria cuarta de la Mesa, respectivamente- y PP y PSOE votaron en contra», explican fuentes del partido naranja.

En esta tercera ocasión, han cuestionado que haya que implicar a la Mesa en el debate partidista, por lo que los dos grandes partidos exigen unanimidad en lugar de que se apruebe por mayoría. Los dos grandes partidos prefieren que las comisiones de investigación las pidan los grupos parlamentarios y que el debate se centre en el Pleno, que es quien decide si se crean o no las comisiones de investigación. Por este motivo, en la votación de este martes se ha rechazado la idea de que la Mesa apoye institucionalmente la comisión de investigación.

Según el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, el PP y del PSOE «se resisten a investigar el brutal dispendio» del rescate de las cajas, lo que a su juicio retrotrae a una época de bipartidismo que se quería olvidar. Desde la formación insisten en que se va a investigar «sí o sí» y señalan que están estudiando las distintas vías para hacerlo posible. «Están bloqueando sistemáticamente que se investigue un rescate que ha costado 60.000 millones», denuncian.

Fuentes del Grupo Socialista negaban la pasada semana que se hubiera bloqueado la comisión de investigación y puntualizaban que había quedado «encima de la mesa porque simplemente no cumple los requisitos que se exigen a los grupos en el reglamento del Congreso”. Ciudadanos, por su parte, denuncia que los dos grandes grupos estén incumpliendo el Reglamento para no llevar a cabo la investigación.

Ciudadanos buscará alianzas con Unidos Podemos

El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ya adelantó la semana pasada que intentarían buscar alianzas con Unidos Podemos para que juntos pudieran llevar al Pleno una propuesta conjunta, algo que todavía no ha sucedido todavía pero que barajan en la formación. En cualquier caso el Pleno del Congreso tendrá que discutir si se crea o no una comisión para investigar el rescate en cuanto Unidos Podemos solicite la inclusión de este punto en el orden del día del Pleno.

El PSOE ya anunció hace unas semanas que no promovería una investigación sobre este asunto, pero sí apoyaría la iniciativa si la presentaban otros grupos. Por su parte, el PP avanzó que no se opondría a la pretensión de Unidos Podemos y de sus socios de investidura.

La Mesa rechaza comenzar a tramitar la subida de las pensiones

La Mesa del Congreso ha rechazado también comenzar a tramitar ya la proposición de ley del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el grupo mixto que reclama una subida del 1,2% de las pensiones y que se mantiene «congelada» a la espera de que el Gobierno amplíe sus argumentos para vetarla.

El PSOE había pedido a la Mesa que reconsiderara su decisión de aplazar la tramitación de esta iniciativa a la espera de la respuesta del Gobierno y comenzara a tramitarla de inmediato, solicitud que ha sido rechazada, según han explicado fuentes parlamentarias. A finales del pasado mes de noviembre, el Gobierno remitió al Congreso un escrito en el que se oponía a la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.

La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa parlamentaria de aumento de las pensiones. En el documento remitido en su día a la Cámara Baja, el Ejecutivo argumentó que el coste de la medida superaría los 1.150 millones de euros.