El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado este martes que el ex magistrado Santiago Vidal, que abandonó su escaño como senador de ERC la pasada semana tras hacerse público un vídeo en el que confesaba que el gobierno autonómico poseía y utilizaba los datos fiscales de los catalanes ilegalmente, no mintió. O al menos no del todo. “Se ha equivocado de todas todas y los errores se pagan caro”, ha valorado Mas, que cuestionado por el asunto ha precisado cual fue, en su opinión, el error de Vidal: “Ha hablado más de la cuenta”.

A continuación, durante una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente del PDCat ha expuesto cuál debía haber sido la argumentación de Vidal, que justificó que la Generalitat accediera a los datos fiscales de los catalanes al margen de la ley para elaborar censos y bases de datos útiles para el proceso soberanista, al entender que la Administración no facilitaría esa información por voluntad propia. “Hay cosas que, no siendo mentira, hay que explicarlas de otra manera”, ha afeado Mas, que ocupó entre 1997 y 2001 la consejería de Economía y Finanzas bajo el mandato de Jordi Pujol.

“Hay funcionarios que conocen las bases fiscales y las pueden consultar en determinados casos. Los datos existen, pero no se pueden utilizar al libre albedrío del primero que pasa por allí”, ha defendido, marcando la línea en la que, a su juicio, debía haberse expresado también Vidal: “Cuando dice que la Admnistración dispone de datos sobre sus ciudadanos, pues claro. Otra cosa es que las pueda utilizar para ciertos propósitos”.

Aviva el apoyo a su declaración

El ex presidente tampoco ha dudado en respaldar las palabras de la consejera de Gobernación, Meritxell Borrás, que animó a los funcionarios catalanes a pedir día libre el próximo 6 de febrero, fecha en la que arranca el juicio a Mas por la consulta del 9-N, para apoyar al líder del PDCat. “La consejera simplemente recordó que ese derecho existe, y que quien se lo quiera tomar lo ejercerá”, ha expresado en este sentido.

Del mismo modo ha negado que la concentración, que cuenta con más de 15.000 inscritos, sea una presión hacia el tribunal que lo juzga y ha apelado al libre derecho de manifestación: “¿O tampoco es eso ya posible en España?”.

Durante toda su intervención, Mas ha restado legitimidad al proceso judicial al que se enfrenta junto a las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. “No es un juicio con base legal”, ha defendido el ex presidente, que ha insistido en acusar a la Fiscalía General del Estado de instigar un juicio político contra el soberanismo catalán, adelantando la que será su línea de defensa: “Si tan delito era el 9-N para juzgar a un presidente de la Generalitat y a dos miembros de su gobierno, ¿cómo puede ser que el 9-N ni un solo juez, fiscal o instancia gubernativa instara al cierre de los colegios donde se votaba?”