El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido hoy asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó ese edificio. Ciudadanos, que con sus cuatro escaños permitió el gobierno de Sánchez, ya ha avisado de cuáles serán las consecuencias si declara como imputado: «Si en los próximos días se le cita a declarar como investigado, estamos seguros de que cumplirá en ese momento la palabra que dio a los murcianos».

En el pacto que PP y Ciudadanos firmaron para la investidura de Sánchez, éste asumió el compromiso de dejar el cargo si era imputado por corrupción política. El presidente murciano ratificó también su compromiso públicamente asegurando que dimitiría si era imputado por el ‘caso Auditorio’. «Si me imputan por delitos por corrupción política dimitiré, porque así lo he firmado», decía Sánchez horas después de firmar el acuerdo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJRM se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca. En un auto notificado hoy indica que enjuiciará la causa por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto a Sánchez.

La resolución designa al magistrado Julián Pérez-Templado instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio. La sala también ha asumido la competencia para investigar a la veintena de personas investigadas por los mismos hechos por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca, entre ellas, los concejales que votaron a favor del concurso y la adjudicación de las obras, funcionarios y el arquitecto redactor del proyecto, Martín Lejarraga.

El TSJRM también ha ordenado hoy al juzgado lorquino que si aparecen datos relacionados con la causa durante la instrucción de la pieza separada que abrió para conocer el destino de una subvención al ayuntamiento lumbrerense de seis millones de euros del Gobierno autonómico para la construcción de ese auditorio, se los haga saber para una investigación conjunta. El auto de incoación de diligencias previas, que ya ha sido notificado a las partes, no es firme y cabe contra él recurso de súplica.

Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, pidió este jueves «respeto y confianza» en la Justicia para dejarla trabajar «con independencia y sin presiones». Y señaló que la decisión del Tribunal Superior de Justicia «es el comienzo para que todo se aclare». También señaló que «nadie debe juzgar antes que un juez» y celebró la decisión de los togados porque «les da tranquilidad» que la Justicia «aclare todo de forma definitiva».