La Guardia Civil ha detenido esta mañana a varios dirigentes de la cúpula de Convergència Democràtica dentro de la denominada operación Pika, la continuación del caso 3% por la que se investiga el pago de donaciones de empresarios al partido a cambio de la adjudicación de obras públicas gestionadas por el Puerto de Barcelona y las empresas públicas Bimsa, responsable de las infraestructuras municipales, e Infraestructures.cat de la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que han sido detenidas 18 personas entre ellas, varios miembros de partido de Artur Mas, algunos muy cercanos al ex president y una decena de empresarios. Entre los detenidos estaría el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; Francesc Sánchez, ex alto cargo de CDC, y y el ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives. Hasta el momento se han practicado 24 registros, aunque la operación continúa abierta. Además, según informa Efe, ha vuelto a ser detenido el tesorero de CDC Andreu Viloca, que en 2015 permaneció en prisión preventiva por su presunta relación con el cobro de comisiones de empresas.

Fuentes del Puerto, sin embargo, han matizado que Cambra no ha sido detenido, aunque sí permanece retenido en las oficinas portuarias durante las diligencias que lleva a cabo la Guardia Civil en su despacho, en las que el Puerto «está colaborando desde el primer momento». Sixte Cambra ha sido interrogado por el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que investiga tanto el caso 3% como a la familia Pujol. Junto a Bermejo, ha abandonado las oficinas del Puerto a media mañana el jefe de la Policía Judicial de Cataluña de la Guardia Civil, Daniel Baena para participar en las oficinas de Bimsa.

Cambra es uno de los hombres de máxima confianza de Artur Mas, quien le otorgó poder absoluto en la gestión del Puerto de Barcelona pese a las quejas ocasionales del entonces conseller de Territori , Santi Vila. Los registros continúan también en la sede de la constructora Comsa, en el centro de Barcelona, donde la Guardia Civil ha obligado a los empleados de la compañía a desalojar las oficinas. Comsa es la principal constructora de Cataluña, propiedad de las familias Miarnau y Sumarroca. De hecho, la actual operación deriva de datos hallados por la Fiscalía Anticorrupción en el registro realizado a los archivos de la familia Sumarroca en sus oficinas de Barcelona.

Dentro de la misma operación los agentes han acudido a las instalaciones de Infraestructures.Cat y Bimsa, la empresa pública responsable de las obras del Ayuntamiento de Barcelona, que durante el mandato de Xavier Trias controlaba el entonces responsable de Urbanismo, Antoni Vives. Miembro del núcleo duro independentista de CDC, Vives abandonó el Ayuntamiento en 2015 entre criticas a su gestión en Urbanismo, donde fue especialmente cuestionada la creación de la Marina de Lujo del Port Vell de Barcelona. También se registraran Copisa, Pasquina, Grupo Soler, Rogasa u Oproler Obras y Proyectos, con sedes en Barcelona, Lérida y Madrid.

El tercero de los detenidos, Francesc Sánchez, fue hasta el pasado julio coordinador general de Convergencia Democrática y el hombre escogido por Artur Mas para dirigir la transición del partido hacia una nueva formación, después de que estallara el «caso Pujol» y la dirección del partido nacionalista, encabezada entonces por Mas, Sánchez y Lluís Corominas, decidiera desvincularse formalmente del fundador del partido, Jordi Pujol.

La operación ha supuesto además la detención de varios empresarios, entre ellos Josep Maria Bassols, y Sergi Lerma. El primero ex alcalde de Angles (Girona) por CiU, que ya fue detenido durante las operaciones Petrum y Termyca por su relación con la presunta financiación irregular de Convergencia, mientras el segundo, gerente de la constructora Oproler Madrid, también fue detenido durante los registros de la Operación Petrum, cuando la policía encontró en su domicilio 230.000 euros. La Guardia Civil ha registrado también el domicilio del actual director general de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, que ha sido detenido por su gestión como gerente del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias.

La operación

La operación del 3% se inició en el 2014 tras una denuncia contra el alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué. Y se ha desarrollado en tres fases en la que los investigadores han incautado agendas en las que aparecen anotadas las donaciones de empresarios que han llegado a la antigua CDC, según fuentes de la investigación.

Estos documentos han sido intervenidos en los registros practicados en el despacho del tesorero de la fundación CatDem y de CDC Andreu Viloca. Además, tras la operación judicial, que coordina el magistrado de el Vendrell (Tarragona) Josep Bosch varios empresarios empezaron a colaborar y denunciaron que tenían que pagar comisiones del 3% para lograr contratos en la administración catalana.

Asimismo, en esta operación apareció el nombre de Oriol Pujol en unas anotaciones de Sergi Lerma de la empresa Oproler en las que le llamaba el conseguidor. Los investigadores sospechan que una parte de las comisiones pagadas por los empresarios acababan en CDC a través de la fundación CatDem.

La fiscalía anticorrupción ha informado, a través de una nota, que los detenidos están acusados de «amañar» adjudicaciones públicas, ya que los concursos para lograr las licitaciones «eran concedidos previamente dando una apariencia de legalidad».

El tesorero de la fundación y de la antigua CDC, Viloca «llevaba un control exhaustivo» de los amaños y controlaba «de forma sistemática» los pagos que hacían los empresarios «que serían sobornos bajo la apariencia de donativos», según la fiscalía.

Las adjudicaciones amañadas se otorgaban en Ayuntamientos, Diputaciones y en infraestructuras de la Generalitat. La Guardia Civil cuenta con «comunicaciones de empresarios» en las que hablaban de «asuntos relacionados con adjudicaciones y donantes».

Por ello, Anticorrupción acusa a estas personas de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.