El PSOE continúa con su ofensiva en el Congreso para presentar una “agenda social” que le ayude a redibujar su proyecto, a identificarse con las grandes causas sociales y a reconciliarse con sectores como los sindicatos. Esas iniciativas parlamentarias se suceden mientras la principal promesa electoral de los socialistas, la derogación de las grandes políticas del PP, sigue sin cumplirse.

La Gestora que dirige el PSOE justifica la abstención en la investidura de Mariano Rajoy en la posibilidad de contrarrestar sus políticas derogándolas desde la oposición, dado el Gobierno en minoría del PP. Pero la Reforma Laboral, la Ley Wert y la Ley Mordaza siguen vigentes, y el PSOE apela ahora a otros logros.

La abstención socialista ya no se basa en la recuperación de los grandes derechos

La utilidad de la abstención socialista se desvía. Ya no se basa en la recuperación de esos grandes derechos, sino en otras iniciativas que sirven al PSOE para restablecer sus símbolos identitarios. Así lo repite en sus mítines voces tan destacadas como Susana Díaz, mientras llevan al Congreso iniciativas sobre la muerte digna, la justicia universal, la Ley de Memoria Histórica y la pluralidad lingüística.

Este lunes, El PSOE ha registrado una proposición de ley para normalizar el uso de las lenguas cooficiales en la relación cotidiana de los ciudadanos con las administraciones públicas. Su objetivo es que “todos los ciudadanos se puedan dirigir en cualquier lengua cooficial de su comunidad a organismos administrativos” y poderes públicos, entre los que ha citado al Rey, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

La diputada socialista catalana Meritxel Batet ha destacado también la dimensión simbólica de su iniciativa en el marco de una “cultura federal”, porque potencia la “conciencia colectiva de la riqueza que suponen estas lenguas para el país”, lo que “puede ayudar al reconocimiento mutuo y es elemento de cohesión”.

Las políticas del PP, todavía vigentes

Mientras tanto, las grandes políticas del PP continúan vigentes. La Reforma Laboral cumple cinco años y el PSOE explica que su derogación completa no es viable porque afecta a numerosas normas como el Estatuto de los Trabajadores. Por ese motivo, los socialistas la atacan trozo a trozo.

De momento, el PSOE ha logrado la aprobación de una proposición de ley para igualar las condiciones salariales y laborales de los empleados de las subcontratas con los de la empresa principal para la que trabajan. La medida afecta a sectores de alta precariedad como las camareras de piso de los hoteles.

La Reforma Laboral cumple cinco años y el PSOE explica que su derogación no es viable

En segundo lugar, el PSOE negocia con los sindicatos cómo modificar la norma referente a la negociación colectiva para devolverle un rango preponderante en la legislación laboral. En este sentido, el portavoz de Empleo, Rafael Simancas, ha explicado que el PSOE no busca derogar todas las normas laborales “de un plumazo”, sino analizar las medidas más lesivas y dialogar nuevos cambios con los agentes sociales y con las formaciones políticas.

“La reforma del PP sólo ha traído paro de larga duración, más pobreza laboral y precariedad”, ha subrayado, tras añadir que hay que simplificar los tipos de contratos, acabar con la “descausalización” de los despidos y limitar el “poder unilateral del patrón” para imponer horarios.

Por su parte, la Ley Mordaza continúa. La oposición aprobó una moción pidiendo al Gobierno su derogación, un logro simbólico pero que no tiene aplicación real. Además, los socialistas han registrado la ley de seguridad ciudadana anterior a la reforma de la misma aprobada por el PP, con el objetivo de tener un texto alternativo previsto en el caso de que se lograra su derogación.

Finalmente, la Ley Wert también tendrá larga vida esta legislatura. Después de que Mariano Rajoy paralizara las reválidas educativas, PP, PSOE y Ciudadanos crearon una subcomisión que tiene seis meses para elaborar un informe que sirva como base para una nueva ley. Con los resultados de ese grupo de trabajo, el Gobierno redactará un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la Lomce.