Ha permanecido los tres últimos años encerrada en prisión y en régimen de aislamiento. Sin embargo, el régimen penitenciario severo que desde enero de 2014 ha padecido la abogada de la izquierda abertzale, Arantza Zulueta, acusada de ser la interlocutora entre la banda terrorista ETA y el entorno de los presos de la organización criminal, comenzó a relajarse a comienzos de febrero. Hoy lo ha modificado radicalmente la Audiencia Nacional al autorizar que Zulueta abandone la prisión si abona una fianza de 20.000 euros.

A la espera de que sea juzgada como miembro del frente jurídico de ETA, la sección tercera de la Audiencia ha tomado esta decisión al admitir un recurso de la abogada contra la prisión provisional que decretó tras su arresto el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La Audiencia ha valorado que Zulueta ha pasado más de 3 años en la cárcel y es conveniente que salga para que «pueda preparar su defensa de modo óptimo». Además, la sala tiene en cuenta de que el riesgo de que vuelva a delinquir ha quedado “minimizado”, tanto por el tiempo transcurrido como por la ausencia de actividad armada de ETA. Pese a ello, puntualiza que el riesgo de fuga no ha desaparecido totalmente, por lo que le impone la citada fianza. Zulueta deberá acudir cada quince días firmar al juzgado más próximo. Además, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España.

Quien fuera uno de los rostros más conocidos de la defensa de los miembros de ETA en la propia Audiencia Nacional, está procesada desde abril de 2016 por un delito de integración en ETA. La Fiscalía solicita para Zulueta una condena de 19 años de cárcel por su condición de presunta responsables del llamado frente jurídico de ETA, ‘Halboka’, desarticulado en 2010 y al que también pertenecería supuestamente el exsenador de Amaiur, Iñaki Goioaga.

Zulueta ha pasado tres años en prisión provisional y en régimen de aislamiento. La Fiscalía pide 19 años de cárcel por liderar el frente jurídico de ETA

En el juicio contra Zulueta, para quien el fiscal pide 12 años por integración en organización terrorista, otros 7 por depósito de armas y explosivos y 14 años de inhabilitación para cargo público, también se sentará en el banquillo el abogado Jon Enparantza, que se enfrentará a una petición de 12 años de prisión por pertenencia a ETA y 13 años de inhabilitación. Zulueta y Enparantza se encontraban en libertad provisional por esta causa desde 2012 tras su detención en 2010, pero Velasco les envió el 13 de enero de 2014 de nuevo a prisión.

El canal de comunicación entre ETA y los presos

La Fiscalía considera que desde 2006 Zulueta fue la máxima dirigente del colectivo de abogados de ETA con una «comunicación permanente» con la dirección de la banda terrorista. Añade que habría participado en proceso de cobro del llamado ‘impuesto revolucionario’, la fijación de objetivos o incluso un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional contra la que se pretendería atentar. Cuando en 20013 fue detenida en su despacho de abogados de Bilbao en su bolso le fue intervenido un documento informático con informaciones sobre el rey Juan Carlos y fotografías del yate Fortuna, así como con datos de vehículos de potenciales objetivos, uno de ellos relacionado con la exdirigente del PP en San Sebastián, María San Gil. También le fue incautada información sobre la ubicación de varios zulos de ETA.

La abogada ha permanecido todo este tiempo, más de 1.000 días, aislada en su celda. La suya no es una trayectoria cualquiera. Comenzó como defensora de etarras y de destacados miembros de la izquierda abertzale. Su imagen con toga y semblante duro y desafiante se hizo habitual en la Audiencia Nacional. Continuó como mediadora y férrea garante de la unanimidad de pensamiento entre el colectivo de presos de ETA. Quienes la han investigado aseguran que siempre se postuló en el bando de los más inflexibles del entorno de la organización.

Se le acusa de dirigir las posiciones más duras para mantener unido y controlado el frente de presos

Arantza Zulueta evitó la cárcel en las dos ocasiones anteriores en las que fue detenida (2010 y 2011). Entonces sobre ella pesaba la acusación de ocultar información de ‘zulos’ de la banda o de estar detrás de estructuras para la captación de militantes, acusaciones sobre las que aún no ha sido juzgada y por las que fue puesta en libertad con cargos poco después. En aquel tiempo aún contaba con el calor de los suyos, los mismos que hoy parecen haberla casi olvidado y que, pese a haber mostrado su adhesión formal no se han movilizado de cara a la marcha que esta tarde en Bilbao ha reclamado el final de su régimen de aislamiento y su puesta en libertad.

Zulueta, abogada desde 1991, ha desarrollado la mayor parte de su labor en la Audiencia Nacional defendiendo a miembros de ETA o altos dirigentes de la izquierda abertzale, como Arnaldo Otegi. Las posiciones del dirigente abertzale han avanzado hacia una apuesta por las vías únicamente políticas y con un desmarque cada vez mayor del pasado. Un viraje al que no se sumó con la misma intensidad la abogada y que se ha dejado sentir en ese mundo que, al contrario que en otros tiempos, ha relevado a un segundo plano la situación de Zulueta.

Sin apoyo sólido de EH Bildu

La izquierda abertzale apenas se ha movilizado para reclamar una solución a la situación carcelaria de la abogada. Tan sólo cuenta con el impulso procedente de su entorno profesional y de sus amigos –promotores de la plataforma Arantza Askatu!– en localidades como Lekeitio, donde tiene una casa y pasa los veranos desde niña, que se han volcado en su caso. Estos días no ha trascendido un respaldo de formaciones como Sortu o EH Bildu. La izquierda abertzale ha preferido mostrar un perfil bajo ante esta cuestión, conscientes de que vincularse con figuras identificadas con las posiciones más duras del pasado no contribuye a reforzar el mensaje de nuevo tiempo, político e institucional en el que trabajan.

Tras su primera detención en 2010 Zulueta abandonó su labor como abogada defensora para centrarse en otra tarea, la de mediación impulsada desde el entorno de ETA en 2012. Se convertiría, según el auto de instrucción, en la cabeza visible del equipo de abogados que debía ser la conexión entre la dirección de la banda y el colectivo de presos de la organización, que por aquel entonces superaba los 550. Una función por la que iría a la cárcel dos años más tarde.

La abogada vizcaína ha acumulado ya tres años en prisión provisional acusada de integración en organización terrorista, además de dos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Lo ha hecho en solitario, al habérsele aplicado el régimen de aislamiento, con apenas cuatro horas de patio al día, sin relación con otras reclusas, y a casi mil kilómetros del País Vasco, en la prisión de Puerto III en Santa María de Cádiz.

Zulueta fue detenida junto con otros ocho compañeros de la abogacía. Todos están hoy en libertad con cargos. Se le acusa de ser la pieza clave en la denominada Operación Jaque llevada a cabo por la Guardia Civil en enero de hace tres años y en la que se descabezó el Koordinazio Taldea (KT)  o Grupo de mediadores al que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acusa de actuar como nexo de unión entre la organización ETA y el colectivo de presos, el EPPK, con el fin de mantener la unidad y homogeneidad de pensamiento dentro de las cárceles.

Un entorno de presos irreconocible

Zulueta conoce perfectamente el entorno carcelario, no en vano ha sido uno de los eslabones de comunicación cuando se encontraba en libertad. La abogada, de 53 años, había sido detenida con anterioridad, el 14 de abril de 2010 y 14 de julio de 2011, y en los dos casos se le imputó pertenencia a organización armada pero fue puesta en libertad con cargos.

Desde que fue arrestada el 8 de enero de 2014 la realidad de la izquierda abertzale y del colectivo de presos de la organización se ha transformado de modo sustancial. Las posiciones más inflexibles y radicales en las que se la situaba han ido perdiendo peso en favor de una ‘institucionalización’ del entorno de EH Bildu y Sortu, en especial impulsada tras la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi. Junto a ello, entre los presos se ha extendido la necesidad de dar pasos para acelerar la salida de la cárcel de los alrededor de 350 etarras que aún cumplen condena. Para ello, se ha abierto una nueva fase que deja atrás la consigna de mantenerse firmes como un colectivo pétreo en contra de las leyes penitenciarias del ‘enemigo’. Ahora la mayoría acepta dar pasos de modo individualizado y acogerse a beneficios penitenciarios. Un cambio de posición que ha provocado la discrepancia de los sectores más duros del colectivo que consideran una traición en proceso de “normalización” y que defienden avanzar por otros caminos como la reclamación de la amnistía y el resurgimiento de la reclamación revolucionaria que enarboló ETA cuando practicaba la “la lucha armada”.