El ministerio del Interior prepara ya la que será primera visita del titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, a Euskadi. Tras casi cuatro meses en el cargo, el ministro ha ido demorando una visita que históricamente había sido prioritaria para todos sus antecesores por la simbología que en la lucha contra el terrorismo tenía la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco. Desde la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco se le había reclamado de manera insiste una mayor implicación para desbloquear la situación de final del terrorismo que vive Euskadi y pasos para proceder a una adecuación del modelo policial que requiere el nuevo contexto.

A falta de concretar la fecha definitiva, se estima que en la misma se podría producir en pocas semanas, en la misma está previsto que Zoido tenga un gesto con las víctimas del terrorismo y visite los trabajos de construcción de la sede del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que se levanta en Vitoria y cuya apertura al público está prevista para el año 2018. Este complejo está llamado a ser el centro documental de referencia de lo que ha sido la violencia de ETA y su impacto en miles de víctimas.

La visita de Zoido a Euskadi se produce en un momento de especial tensión entre la consejería de Interior vasca y el Ministerio del Interior por las profundas discrepancias que mantienen en torno a la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Euskadi, los recursos a las nuevas promociones de la Ertzaintza presentados por el Ejecutivo de Rajoy y por la inacción que el Gobierno de Urkullu reprocha al ministerio en el final de ETA, así como por su inmovilismo en torno a la política penitenciaria que Euskadi reclama.

El ministro visitará el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria que albergará el mayor archivo sobre la banda

La consejera Estefanía Beltrán de Heredia solicitó hace varias semanas verse con el ministro. Por el momento los primeros contactos se han producido a través de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Javier de Andrés ha mantenido mediante contactos telefónicos con Beltrán de Heredia para abordar las cuestiones sobre las que ambos Ejecutivos reclaman un acuerdo. La semana pasada en el Parlamento Vasco tanto el PNV como el PSE y Podemos instaron a que se produzca una “adecuación” del número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco para limitar su presencia a las competencias que consideran “marginales” y que en parte debería asumir la Ertzaintza como “policía exclusiva” y en cumplimiento del Estatuto de Gernika.

Por el momento nada apunta a que el Ministerio modifique su posición en torno a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de la Ertzaintza recurridas, las relativas a sus promociones 25º y 26º. Lejos de rebajar el tono, Beltrán de Heredia lo ha elevado al anunciar que esta legislatura convocará otras tres nuevas OPE, con cerca de un millar de plazas, para hacer frente al relevo en el Cuerpo por la jubilación de sus agentes. Esta cuestión ha tensionado de modo especial la relación entre Euskadi y Madrid. El Gobierno Urkullu la ha situado en los puestos de relevancia de sus exigencias, tanto en sus relaciones bilaterales como en los contactos entre el PNV y el PP.

Policía y Guardia Civil, un ‘repliegue’ de 860 agentes

La polémica sobre el número de efectivos que las FSE deben mantener en una Euskadi sin la violencia etarra enfrenta a ambas administraciones. El delegado del Gobierno, Javier De Andrés recordó recientemente que las limitaciones en las tasas de reposición a las que están obligadas las administraciones no sólo afectan a la Ertzaintza sino al conjunto de cuerpos policiales. En este sentido señaló que el número de efectivos de la Benemérita debería crecer de los 2.358 agentes actuales. En los últimos cinco años el descenso de efectivos ha sido importante, en gran medida por el paso a la reserva de muchos de ellos. El número de catálogo o cupo de efectivos de la Guardia Civil aprobado para Euskadi es de 3.198. De Andrés defendió que con más guardias civiles los resultados serían mucho más importantes en ámbitos como la batalla contra el narcotráfico, el yihadismo o la lucha en el ámbito fiscal. Una actividad en la que según datos facilitados por el Gobierno Vasco, los controles de carretera jugaron un papel importante. Sólo el año pasado Policía y Guardia Civil realizaron 1.751 controles de carretera, lo que equivale a casi cinco controles diarios en el País Vasco.

Las peticiones hechas al ministerio para que proceda a un “repliegue” de efectivos se han repetido en las últimas semanas. En realidad ya se ha ido produciendo de facto en los últimos años.  En 2011 la suma de efectivos de Policía y Guardia Civil en el País Vasco sumaba 4.611 agentes y a finales del año pasado eran 3.751, lo que supone 860 agentes menos.

El Gobierno Vasco reclama a Zoido pasos para desbloquear el fin de ETA, la cesión de la competencia de prisiones y acabar con los recursos a la Ertzaintza

La visita de Zoido podría desbloquear otra reclamación que le ha trasladado el Gobierno vasco para que convoque la Junta de Seguridad, que acumula varios años sin celebrarse para resolver todas estas cuestiones. Este órgano bilateral es el establecido para acordar al más alto nivel político el modelo policial que debe aplicarse en Euskadi, tanto en lo relativo al reparto de competencias como al volumen de la plantilla de la Ertzaintza, hoy establecido en torno a los 8.000 policías.

Reproche por su inmovilismo ante el fin de ETA

El ministro también se encontrará en el País Vasco con un debate que empieza a adquirir intensidad en las reclamaciones del Ejecutivo del PNV y PSE y que hace referencia a su papel en el final ordenado de ETA. El lehendakari ha reiterado que el Gobierno de Rajoy ha permanecido inmóvil en torno al modo en el que se debe cerrar el final de ETA y proceder y facilitar al desarme de la organización terrorista.

A ello, ambas formaciones han sumado la demanda de la cesión de la competencia de prisiones –que ayer mismo se volvió a reclamar en la Cámara de Vitoria- y el final de la dispersión de los presos de ETA. Una cuestión especialmente sensible y ante la que el ministro Zoido no está dispuesto a ceder hasta que la banda terrorista se disuelva.

Por ahora, Euskadi y Madrid continúan librando pulsos en torno al final del terrorismo que van desde el modo en el que se debe favorecer el final de ETA hasta el relato que se construye sobre casi cuarenta años de violencia terrorista. En torno a esta cuestión las diferencias en el País Vasco son evidentes en el PP. Los populares son los únicos que se han quedado fuera de la ponencia de Paz y Convivencia.

Al Instituto de la Memoria, Gogora, impulsado por el Gobierno vasco y que lleva a cabo una labor de documentación de testimonios y reparación de las víctimas, se suma la labor que de modo paralelo se está llevando a cabo por parte del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que promueve el Gobierno central. Un centro que visitará el ministro Zoido y que tiene prevista recibir la mayor parte del material que Francia entregará a España, y cuyo acuerdo rubricaron la semana pasada Rajoy y Hollande en la cumbre celebrada en Málaga. Se trata del mayor archivo de ETA jamás completado y que una vez analizado, por si parte de él pudiera contribuir a esclarecer crímenes sin resolver, custodiará el centro que dirige Florencio Domínguez.