La defensa de Daniel Osácar ha renunciado a la declaración de 34 testigos de marcado peso político en la primera sesión de la vista oral del juicio del Caso Palau. Pendiente del acuerdo entre el número dos del Palau, Jordi Montull, con la Fiscalía para revelar el entramado de la financiación irregular del partido y de su fundación, la Trias Fargas, Xavier Melero ha renunciado a la participación de todos los miembros de las mesas de contratación de la Generalitat que adjudicaron los contratos a Ferrovial y ha defendido además la prescripción del delito de tráfico de influencias que la Fiscalía imputa al ex tesorero de Convergencia Democrática.

Una petición de prescripción a la que se han sumado los abogados de los dos directivos de Ferrovial acusados de tráfico de influencias y administración desleal, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, además de la defensa de Miguel Jiménez de Salinas, contratista del Palau.

Así, de aceptar la propuesta de Melero -como es previsible, puesto que es la única parte que propuso esos testimonios- la vista oral no contará con la participación de los ex consejeros de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Felip Puig y Pere Macias (CDC) y Joaquim Nadal (PSC), ex secretarios generales de Economía como Martí Carnicer y David Vegara, ambos socialistas, o los ex altos cargos de CDC Enric Ticó, Brauli Duart, o Joan I. Puigdollers. Melero ha argumentado la decisión señalando que no se ha cuestionado el trabajo de las mesas de contratación y, «puesto que no hay controversia» no necesita esas declaraciones para acreditar la corrección de las adjudicaciones de la Generalitat.

Ha sido la gran novedad en la apertura del juicio oral por el caso Palau que hoy ha empezado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, a la espera del anunciado pacto de Jordi Montull con la Fiscalía para reducir la petición de pena para su hija.

A cambio, el ex número dos de Millet debe confesar la mecánica orquestada por los gestores de la entidad cultural en connivencia con CDC para financiar ilegalmente a este partido. El pacto estaría pendiente de los últimos flecos con la Fiscalía, pero no cuenta todavía con la aquiescencia de la acusación ejercida por el Palau de la Música y la Fundación Orfeón Catalán, puesto que ambas entidades exigen que los acusados restituyan los 34 millones de euros sustraídos.

En todo caso, las dos primeras sesiones se centrarán en las cuestiones previas y los acusados no declararán hasta la próxima semana. Será entonces cuando se hará efectivo el acuerdo, si finalmente se cierra, durante la declaración de Jordi Montull. Queda por ver cuál será la reacción de CDC, acusada cómo responsable civil pero muy implicada también en la defensa de su ex tesorero, Osácar, defendido por el mismo letrado que hace dos semanas representó al ex president Artur Mas en el juicio del 9N.

El bastión cultural de la burguesía catalana

Desde este miércoles y a lo largo de tres meses, los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull se sientan en el banquillo acusados de saquear la entidad cultural, bastión cultural de la burguesía catalana, en un expolio que presuntamente enmascaró también el desvío de fondos a CDC y que ascendería a más de 30 millones de euros. Los acusados empezarán a ser interrogados a partir del día 8, según informa EFE.

El juicio se ha iniciado con un Fèlix Millet postrado en silla de ruedas, tras haber advertido en los últimos días que su estado de salud es precario, por lo que su defensa ha anunciado que pedirá que pueda ausentarse en parte de las sesiones de la vista oral por sus achaques de salud y su avanzada edad. También sobrevuela el juicio el pacto que Jordi Montull, mano derecha de Millet al frente del Palau, está buscando con la Fiscalía para que rebaje sustancialmente la pena a su hija Gemma, que afronta 26 años de cárcel, a cambio de dar toda la información de que dispone sobre el presunto pago de comisiones a CDC.

En el juicio, la Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Millet y Montull y otros siete años y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol.