El Juzgado de Instrucción 8 de Madrid investiga si dos funcionarios de la Agencia Tributaria burlaron un precinto judicial para acceder a la información de los clientes de un asesor fiscal que luego utilizaron para iniciar procedimientos de inspección contra ellos. Los dos empleados públicos comparecieron ante el juez el pasado 20 de febrero como imputados, condición procesal con la que también ha sido citado un Policía Nacional denunciado.

La investigación se inició a raíz de la querella que Joaquín Arespacochaga Llopiz, consultor fiscal e hijo del alcalde de Madrid en la Transición Juan Arespacochaga, interpuso el pasado 18 de noviembre y en la que denuncia la existencia de un plan ilícito para implicarle en una causa que instruye un juzgado de Cádiz por fraude en subvenciones, conseguir un auto que amparara la intervención de los ordenadores de su despacho y acceder al contenido de dichos equipos informáticos evitando el desprecinto judicial.

El querellante relata que, el 21 de febrero de 2013, se personó en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) -dependiente de la Agencia Tributaria- tras tener conocimiento de forma oficiosa que se había puesto en marcha una investigación con la que trataban de determinar cuál era su residencia fiscal (Luxemburgo). Ello dio pie al inicio de conversaciones con el fin de alcanzar un acuerdo amistoso de regularización fiscal que se rompieron a raíz de que Hacienda considerara insuficiente la cantidad ofrecida por aquél.

Un juez imputa a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria, que ya declararon en febrero, y a un investigador policial

Fue a partir de ese momento, según Arespacochaga, cuando los dos funcionarios de la Agencia Tributaria -identificados como Manuel R.V. y Victoria P.V.- «entraron en contacto» con el responsable policial de la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz sobre el fraude millonario en las ayudas del Ministerio de Industria gestionadas por la Junta de Andalucía a través del llamado ‘Plan Bahía Competitiva’. Se trata de la causa que tiene al empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña como principal imputado y en la que también figura como investigado un hijo de Arespacochaga.

El asesor fiscal denuncia que le atribuyeron «vagas e imprecisas» funciones de blanqueo del dinero de las subvenciones bajo sospecha por la amplitud de su actividad profesional a nivel internacional, a pesar de que no fueron concedidas las ayudas cuando su hijo le pidió que buscara inversores internacionales y de que los fondos investigados -unos 21 millones de euros- habían sido ya «localizados».

Según narra en la querella, el primer paso para que pudieran acceder a los datos de sus clientes era convencer a la magistrada de Cádiz Lourdes del Río para que abriera una pieza separada secreta dedicada a investigar a la familia Arespacochaga con el argumento de que se encontraban «estrechamente vinculados a otras personas residentes en Madrid» relacionadas con la «corrupción en general». La juez accedió a la petición el 30 de abril de 2013.

El segundo indicio fue la solicitud, por parte del investigador policial, de que se incorporara en auxilio judicial la ONIF a las pesquisas para la «puesta en común de los datos obtenidos por separado». También contó con la aprobación de la juez Del Río, que concedió la medida el 5 de junio de 2013. Fue exactamente 19 días antes de que la magistrada autorizara también la entrada y registro en el despacho de Arespacochaga en la madrileña calle de Menéndez Pidal, «verdadero objetivo» de la Agencia Tributaria -en palabras del querellante- para la obtención de información «rentable».

El querellante sostiene que los funcionarios idearon un plan para hacerse con un auténtico «botín de información»

La práctica de esa diligencia permitió la intervención de «numerosa documentación y material informático» que quedó precintado por el secretario judicial para garantizar la custodia. «Para evitar que se vieran frustrados sus propósitos, lo querellados idearon una elaborada estrategia mediante la cual harían creer al juzgado autorizante que se había producido el desprecinto judicial de los equipos informáticos, sin que aquél llegara nunca a tener lugar», detalla.

Cuando se llevó a cabo el desprecinto a finales de julio de 2013 en dependencias policiales de Madrid, Arespacochaga asegura que los funcionarios denunciados «sustrajeron del control del fedatario público los ordenadores y el material informático intervenido», lo que explicaría que no aparezcan en el acta. «Los ordenadores no fueron, por tanto, desprecintados judicialmente», sostiene.

Un testigo del denunciante que está dispuesto a ratificar su testimonio en sede judicial asegura que, en agosto de ese año, recibió la información de un funcionario de la Agencia Tributaria de que los ahora querellados «procedieron a la rotura de los precintos judiciales y al volcado completo del contenido de los equipos informáticos y de la información documental del despacho profesional» de Arespacochaga, lo que les habría permitido hacer un «acopio masivo» de datos y abrir posteriormente procedimientos de inspección al menos a una decena de clientes.

Para llevar a cabo esa «ocultación», dice la querella, el funcionario policial trató de «hacer creer» al juzgado que el material informático también había sido desprecintado por el secretario judicial, «a sabiendas de que no era cierto».

Arespacochaga asegura que Hacienda abrió luego procedimientos de inspección a una decena de clientes al menos

Alertado del acceso al contenido de los equipos informático pese a estar teóricamente precintado, Arespacochaga solicitó la devolución de los equipos informáticos para comprobar «cómo y cuándo se había accedido a su contenido», a lo que accedió el juzgado en abril de 2016. Sin embargo, los equipos intervenidos en su despacho «no estaban entre los que se devolvían por el juzgado». El paradero de los mismos era «desconocido» cuando interpuso la querella, 41 meses después de que se practicara la entrada y registro.

El denunciante cree que el verdadero objeto de la investigación era acceder a los correos y documentos confidenciales de todos sus clientes, un «auténtico botín de información» que, «aun a sabiendas de que había sido obtenido ilícitamente, procederían a rentabilizar -entre otros modos posibles- ofreciendo una discreta regularización a aquellos clientes que pudieran verse abocados a algún riesgo de contingencia fiscal en sus cuentas».

El ‘caso Nummaria’

La querella encuentra cierto paralelismo en esta actuación con la entrada «ilegal e ilimitada» en bufetes de abogados, como en las diligencias que dieron origen el caso Gürtel o, más recientemente, la practicada en el despacho fiscalista Nummaria de Madrid.

Arespacochaga aprecia la concurrencia de indicios constitutivos de delitos cometidos por funcionarios públicos, mediando causa por delito, contra la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones (artículo 534.1 del Código Penal). En todo caso, los hechos tienen encaje -defiende- en el precepto (542) que sanciona impedir a cualquier persona el ejercicio de sus derechos cívicos, como las garantías del precinto judicial de los materiales intervenidos en una diligencia de entrada y registro.