Fue el arma más poderosa. La que todos querían controlar, la primera que cualquier poder, democrático o no, ansiaba tener en sus manos. Unos para vigilar con recelo, otros para dirigir con mano dura y consigna constante. Y no se trata de la radio, hablamos de la televisión pública. Lejos quedan los tiempos en los que todo pasaba por ella, donde su poder llegaba a paralizar un país. Hoy, en torno a la caja tonta planean tiempos oscuros de influencia y sostenibilidad. La televisión pública no es la que fue. Las redes sociales la han dejado noqueada, reducida y desorientada, necesitada de una redefinición. No hace tanto permitió modelar sociedades, aupar líderes y orientar conciencias, más en un país en el que la información y la libertad respiraba tras décadas de asfixia y censura. La pequeña pantalla pública hace tiempo que languidece como la gran aliada política. A la única televisión de audiencias millonarias pronto le surgieron réplicas autonómicas dispuestas a mimetizar el modelo y sus réditos: nuevas estructuras engordadas con millones sin fin, nuevos políticos dispuestos a utilizarla, nuevos episodios de manipulación…

Hoy, en la España de la nueva política aquel poder que se otorgaba a la televisión pública pervive más en el imaginario institucional-político que en el social. Su capacidad propagandística en cambio se ha diluido en un porcentaje muy elevado, según los expertos. Las televisiones autonómicas se desangran y lo hacen a borbotones. En los últimos catorce años sus porcentajes de audiencia han caído de modo imparable, año tras año. El share medio de la docena de televisiones autonómicas públicas que operan en nuestro país apenas rebasa hoy el 8%, menos de la mitad del 18,2% de cuota media que registraban en 2003.

Un mercado televisivo fragmentado y atomizado en una maraña de canales y un auge de las redes sociales como fuente de información y entretenimiento al que se suma una juventud cada vez más despegada de la tele pública. Este panorama no augura un futuro fácil para la pervivencia de los canales públicos autonómicos. A los españoles, encender hoy los canales financiados con recursos nos cuesta cada día 2,7 millones de euros. La factura a lo largo del año rebasará los 1.000 millones de euros, que habrá que multiplicar casi por dos si sumamos los 972 millones de coste de TVE. Y somos afortunados. Según un estudio de la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), la televisión pública en España es la más barata de Europa. Los 39 euros por habitante y año que dedicamos estarían muy lejos de los 67 euros de media que cuesta la televisión pública en Europa.

El share medio de la docena de televisiones autonómicas apenas rebasa hoy el 8%, menos de la mitad del 18,2% de cuota media que registraban en 2003

Un equipo integrado por una docena de investigadores intenta dar respuestas a los profundos aires de cambio que hacen tambalear la televisión pública autonómica. El proyecto, La transformación de la televisión autonómica, liderado por la investigadora de la Universidad de Navarra Ana Azurmendi aspira a dar respuesta a la profunda transformación tecnológica y no menos grave crisis económica que fuerzan a repensar el modelo. El reto pasa por conservar y reforzar la aportación que, en términos de identidad, de fomento de la lengua o de sentimiento de comunidad social pueden aportar pero que obligan al mismo tiempo a replantearse los cambios reglamentarios, legales y de gobernanza que tendrán que incorporar las televisiones públicas autonómicas si aspiran a sobrevivir.

Una gestión que aleja a la ciudadanía

Sin audiencias, alejada de las nuevas generaciones y con un futuro incierto, ¿continúa siendo una plataforma tan atractiva para el poder político? Sí y no. Miguel Ángel Casado, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), es uno de los investigadores del proyecto que analiza los vectores de cambio que acechan a la televisión pública autonómica. Reconoce que el poder de influencia en la sociedad que hoy tienen las autonómicas es menor no sólo por la transformación tecnológica y la fragmentación del sector televisivo, sino también “por la gestión política que se ha hecho en las autonómicas y que ha alejado a la ciudadanía, que ha visto cómo se reproducía en ellas la lógica de intentar influir y convertirlos en altavoces políticos”.

Casado cree que los ejemplos de injerencia fueron más evidentes en el pasado reciente pero que aún persisten. Si la clase política no ha soltado el control de las televisiones y apostado por su “despolitización”, pese a su caída de audiencia, es “porque siguen viendo en ellas un objetivo interesante para manejar”. Pese a todo, apunta a que los avances en la gobernanza de los Entes son significativos: “Ya no son los gobiernos directamente los que eligen a los directores” y el consenso en su designación se ha impuesto, “aunque es cierto que en muchas ocasiones eso ocurre más sobre el papel que en la realidad, ya que los partidos continúan recurriendo a su peso en los consejos de administración”.

La ciudadanía ha visto cómo se reproducía en ellas la lógica de intentar influir y convertirlas en altavoces políticos”

Una muestra del vínculo entre política y televisión pública lo encontramos en ETB. Además de las polémicas que sobre su utilización partidista afloran de modo periódico, Casado recuerda ejemplos como los protagonizados por EH Bildu, que recurrió a dos periodistas del Ente para encabezar sus listas en las últimas autonómicas, o los vínculos de altos dirigentes y cargos del PNV con un pasado de alta responsabilidad en EiTB, como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, o el actual consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ambos ex directores del Ente y de la televisión pública vasca, respectivamente. “Todo esto también provoca cierta distancia de la ciudadanía”.

En su opinión, afirmar que las televisiones autonómicas son herramientas de propaganda en manos de los gobiernos de turno es excesivo, “en realidad creo que lo que sucede es que al poder le da miedo que las televisiones sean realmente independientes y por eso tienen tendencia a controlarlas, por el miedo a perder el control”.

Casado defiende, sin embargo, la necesidad de mantener la apuesta por las televisiones públicas, en especial en regiones singulares con lengua propia y en el conjunto de ellas como elementos “clave” para construir “el imaginario colectivo” de una comunidad autónoma, además de ser esenciales para el desarrollo de la industria audiovisual.

“Es evidente que la capacidad de influir de las televisiones públicas es hoy menor”, asegura Josep Ángel Guimera, profesor de Tecnología de la Comunicación y la Información y Estructura del Sistema Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Afirma que, pese a ello, no es despreciable el poder que aún atesoran, en especial en el campo de los informativos, donde los índices de audiencia de las televisiones autonómicas es más alto. “Es cierto que la voluntad de intervención política era más elevada en los años 80 o 90, pero sí diría que existe una cultura de intervención sobre el sistema de medios en general que se mantiene, aunque quizá con una intensidad menor”.

En opinión de este experto en televisión, la situación no es homogénea en todas las comunidades autónomas, en unas la injerencia es mayor que en otras, y cita las trayectorias como las de Canal Nou o Telemadrid, “aunque diría que no necesariamente responden siempre a una presión política específica, sino en muchos casos son fruto de las propias rutinas adquiridas por los trabajadores”, señala.

Recientemente, un programa de ETB, Euskalduna naiz, eta zu? (Soy vasco, ¿y tú?), en el que se calificaba de “fachas”, “paletos” y “chonis” a los españoles obligó a la propia dirección del canal a disculparse, retirar el programa y anunciar medidas para evitar que se repitan episodios como éste. “No es que los nacionalistas hagan cosas diferentes, en realidad todos persiguen sus objetivos políticos, cada uno los suyos. En general, existe una tendencia a influir. Quizá en el caso de los partidos de centro-izquierda esa tendencia es algo menor, se han preocupado más en aplicar ciertos mecanismos para que esa posible influencia sea menor”.

La sociedad española ha perdido la ingenuidad televisiva que tenía tras la recuperación de la democracia, eso también les ha alejado de la televisión pública”

Guimera afirma que, tras la recuperación de la democracia, la sociedad española vivía una cierta “ingenuidad” televisiva que la hacía más vulnerable a los intentos de manipulación del poder. “Pero eso ha cambiado, se ha perdido. La cultura política de la gente es mayor y los jóvenes se han alejado de la televisión. Además, esa capacidad de influir se reduce notablemente en una población enganchada a las redes sociales en las que se pone en discusión muchos de los mensajes que llegan desde los informativos, en especial en periodos electorales. Todos estos factores han alterado muchos la capacidad de colocar mensajes manipulados”.

Paradoja: a más pluralidad, mayor poder de influencia

La profesora de periodismo de la Universidad de Sevilla María Lamuedra subraya que la “desconexión” que ha quedado patente en procesos como las elecciones de EEUU o el Brexit entre la sociedad y los medios evidencia que la capacidad política de las televisiones públicas hoy, también en el ámbito autonómico, “es una anomalía tremenda”: “Los medios de comunicación supuestamente deben vertebrar la esfera pública que conecta el poder político y los poderes en la sombra con los ciudadanos, pero se está dando una desconexión entre unos y otros, y eso no permite que el sistema democrático funcione correctamente”.

Los medios deben retomar capacidad para reunir a personas y mensajes de fracturas ideológicas diferentes, generaciones y estratos culturales diferentes, ser un factor de unión”

Lamuedra defiende la necesidad de dar pasos hacia una mayor pluralidad en la gestión de los canales televisivos para volver a recuperar el espacio de influencia perdido: “Los medios deben retomar capacidad para reunir a personas y mensajes de fracturas ideológicas diferentes, generaciones y estratos culturales diferentes, en definitiva ser un factor de unión. Corremos el riesgo de convertir los medios en nichos de ideologías”. Recuerda que distintas experiencias llevadas a cabo en la televisión pública de nuestro país han demostrado que la búsqueda de la independencia y el alejamiento del control partidista pueden ser la herramienta de mayor rentabilidad en términos televisivos. “Diría que la pluralidad y la independencia son rentables, todo son ventajas”. En este sentido, recuerda los años del Gobierno del PSOE de Zapatero, entre 2006 y 2011, en los que se rebajó el control político y se otorgó mayor control a los profesionales de la información en los canales de RTVE “y la gente volvió a confiar en la televisión pública”: “Si pones las medidas oportunas para que los profesionales estén al mando y no los políticos, el avance es impresionante”.

Una ‘lluvia fina’ que modela audiencias

Los casos de control y utilización política son más evidentes en aquellas comunidades en las que el poder ha permanecido en las mismas manos durante mayor tiempo; Los nacionalismos en Euskadi y Cataluña -ETB y TV3- y el PSOE en Andalucía, son ejemplo de ello. En el caso de Canal Sur, la situación ha sido denunciada por la oposición históricamente pero son que por el momento perciban cambio alguno. El representante del PP en el Consejo de Administración, Mateo Rísquez afirma que el control ha sido continuo “desde el primer minuto de emisión, allá por 1989”. En su opinión, se hace de modo sutil pero constante desde entonces, “algo así como una lluvia fina” que ha ido modelando la programación y la audiencia “para que coincida casi milimétricamente con el perfil del votante socialista”, asegura Rísquez. El control llega al extremo de que Canal Sur lleve cuatro años sin director general. La falta de mayoría parlamentaria suficiente ha provocado que en lugar de procurar un consenso suficiente con la oposición se opte por convertir al subdirector en “subdirector general”. Rísquez reconoce que la caída de audiencia, Canal Sur tiene actualmente un share del 9%, haga mucho menos atractivas las televisiones públicas, “pero siguen teniendo influencia”.

En Canal Sur la manipulación ha sido una ‘lluvia fina’ para modelar la programación y la audiencia y que coincida con el perfil del votante socialista”

Jesús Romero la ha conocido casi desde su creación. Trabajador de Canal Sur desde 1992, ahora la observa desde la política como miembro de Podemos en la comisión audiovisual del Parlamento de Andalucía. Su análisis es concluyente: “Canal Sur se ha utilizado, se está utilizando y se utilizará hasta que no cambie el marco legal y su gestión”. Como Rísquez, también él cree que la manipulación ha pasado de ser burda en los inicios a perfeccionarse con el paso del tiempo “para que sea más sibilina”: “Menos recursos y una priorización absoluta a la actividad institucional”. Reclama modificaciones que permitan una fiscalización no sólo a través de los partidos sino también de los propios trabajadores de la RTVA y de los propios ciudadanos. Subraya que no sólo el Consejo de Administración acumula cinco años sin renovarse, también el Consejo Audiovisual lleva un año en funciones, “ni Podeos ni Ciudadanos, por ejemplo, estamos presentes en el Consejo de Administración. Romero no tiene dudas de que la pérdida de influencia de la televisión autonómica “y de utilidad” partidista para el Gobierno socialista “le ha llevado, de alguna manera, a dejarla morir”: “En lugar de emplear todas sus potencialidades como herramienta de cohesión de Andalucía se está dejando morir a la RTVA porque ya no tiene esa incidencia electoral que tenía antes”.

En el caso de Telemadrid la sutileza en la utilización partidista pronto se convirtió en trazo grueso y en denuncias de manipulación burda que llegaron a provocar una movilización de los trabajadores sin precedentes en una televisión pública en defensa de la pluralidad. El canal autonómico de la Comunidad de Madrid gozó de buenos niveles de audiencia. Su declive comenzó con la llegada de Esperanza Aguirre al poder. Ahora su sucesora, Cristina Cifuentes, intenta reconducir la situación relevando a la dirección de informativos y comprometiéndose con una mayor pluralidad. Si en 2003 Telemadrid disfrutaba de una audiencia media del 17%, el año pasado fue del 4,8%. La crisis económica y de audiencia, además de acelerar el despido de cientos de trabajadores, ha dejado a Telemadrid al borde de la desaparición, como ocurrió con Canal Nou. El veto a concejales que denunciaban corrupción en el PP, la manipulación informativa o el férreo control sobre la redacción han sido las denuncias que en los últimos años han repetido los trabajadores del Ente público y que ahora, tras la aprobación de una nueva ley que regulará la televisión y radio públicas de la Comunidad, se intenta reconducir. Cifuentes procedió el año pasado a relevar al equipo informativo, al frente del cual ha situado ahora a un hombre de la casa, Alipio Gutiérrez.

Presiones, “como en la privada”

En este contexto, hace una década se crean nuevos canales, como la televisión pública del Principal de Asturias, la RTPA. Su máximo responsable es Antonio Virgili Rodríguez. En 2013 asumió la presidencia de la FORTA y desde 2011 es director general del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. Defiende la labor de las televisiones autonómicas en su conjunto, sobre las que afirma que pesan “demasiados clichés y estereotipos que creo que deberíamos cambiar”. Su experiencia le lleva a concluir que, en el panorama audiovisual actual, se puede afirmar que en las redacciones de los entes públicos es donde los profesionales de la comunicación “trabajan con la mayor libertad”. “En la mayoría de los informativos de las autonómicas el periodismo que hacen diría que goza de buena salud”.

Niega que el poder político controle, como en ocasiones se afirma, estos canales. Sí reconoce que puede existir “controles y presiones”, pero similares a los de cualquier otro medio de comunicación, “y ante ellas el problema no es tanto que existan, sino el modo en el que se digiere esa presión”. “Cuando se habla de control político de los medios públicos siempre se le adhiere un matiz negativo asimilándolo a un control partidista, cuando la legislación y la realidad, al menos en Asturias, es que ese control se ejerce desde los grupos parlamentarios, que es donde reside la soberanía”.

En la mayoría de los informativos de las autonómicas el periodismo que hacen diría que goza de buena salud”

Virgili Rodríguez recuerda que, en la mayoría de los casos, las normas que regulan las televisiones autonómicas establecen ya la necesidad de alcanzar “amplios consensos parlamentarios para la designación de sus máximos responsables” y que eso supone una garantía: “A mí quien me controla es el Parlamento, no el Gobierno”. En el caso de la televisión autonómica asturiana el nombramiento de su director es por un periodo de 6 años y con la exigencia de una amplio respaldo parlamentario, “con lo que un cambio de Gobierno no conllevaría per se un cambio en la dirección de la televisión pública”.

En los últimos años cada vez un mayor número de comunidades autónomas han implantado normativas que limitan el control de los gobiernos a la hora de designar a los responsables de sus canales públicos. No sólo mediante la introducción de mecanismos correctores para favorecer a una mayor neutralidad en su elección, sino también la convocatoria de las plazas vía concurso público o elevando el nivel de consenso requerido en un parlamento.

Isabel Fernández Alonso es profesora titular por la Universidad Autónoma de Barcelona y, pese a que reconoce que se han dado pasos para limitar la capacidad de injerencia del poder en los medios públicos, la situación es muy desigual en el conjunto de España. Cita como muestra de ello lo sucedido con la designación hace unos días de altos cargos en TV3: su nuevo director, Vicent Sanchis, y su responsable de informativos, David Bassa, “uno fue director del Avui y el otro prestó su imagen para una campaña en favor del derecho a decidir, por tanto se puede decir que son cualquier cosa menos medios plurales”, asegura, “y no sabemos muy bien cómo se han nombrado”.

TV3 es el canal autonómico con mayor presupuesto y con el índice de audiencia más alto. Los 337 millones de presupuestos duplican al segundo canal en el ranking, Canal Sur, que tiene consignados 164 millones, y de ETB, con 134. La televisión pública catalana, cuyo papel como un soporte propagandístico más del procés ha sido muy cuestionado, lidera los rankings de audiencia con 11,3% de media. “Es un ejemplo descarado de ponerse al servicio del nacionalismo. Es un instrumento al servicio de la construcción nacional de Cataluña. Basta con mirar el libro de estilo en el que cuando se habla de nación es la catalana, cuando se habla de país es Cataluña, etc… En la propia utilización del lenguaje en un canal público se advierte la intención de crear un discurso orientado”.