El Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau ha creado un fichero en el que reunirá datos de carácter personal sobre los agentes de la Guardia Urbana, con el objetivo de tenerlos «fichados» para la gestión de procedimientos sancionadores contra esos agentes o de asignación de armamento. Así lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de febrero, en un acuerdo adoptado sin publicidad, que fue sometido a exposición pública el 27 de octubre sin mediar consulta alguna con los sindicatos de Guardia Urbana ni con el resto de los grupos representados en el Consistorio.

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La creación y gestión del fichero de Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana, como lo ha bautizado el gobierno de Colau, será externalizada a una empresa privada, pese al carácter altamente sensible de la información que tratará. Entre los datos requeridos por el edicto municipal destacan los que el mismo texto señala como especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud, vida sexual, violencia de género «que sean especialmente relevantes para la investigación concreta».

Fuentes del gobierno municipal han explicado que el fichero es de hecho una forma de garantizar la seguridad de los datos que surgen de investigaciones de la unidad de asuntos internos de la Policía local, UDAI, que ya registraba toda la información referida a los agentes implicados en esos procesos. Según el Consistorio, el Fichero de Gestión de la UDAI «garantiza la seguridad de esos datos, para que no puedan ser consultados». Datos que pueden ser relevantes para los procesos de investigación interna, aseguran para explicar por qué se recaba información como la orientación sexual o la filiación política de un agente, y que una vez incluidos en un proceso de investigación o sanción deben ser conservados. Según esta fuentes, el nuevo fichero es de hecho «una actualización para ampliar la información recogida».

Sin embargo, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha denunciado la creación de esta base de datos, que a su juicio supone «abrir ficha policial» a los agentes de la Guardia Urbana. Por ello, ha pedido la suspensión del fichero, cuya gestión debe salir ahora a concurso.

«Lengua materna o lengua vehicular preferente»

El fichero ideado por la Alcaldía incluirá además todos los datos personales e identificativos de los  agentes a los que se les abra un procedimiento sancionador, investigación de hechos constitutivos de infracción disciplinaria o penal o incluso por quejas ciudadanas. Cada vez que se abra un proceso de este tipo a un agente de la Guardia Urbana, el fichero de Colau podrá registrar los datos sensibles antes expuestos junto al número de DNI o el de teléfono, al estado civil, datos familiares o «la lengua materna o la lengua vehicular preferente».

En el apartado de datos sociales, el fichero registrará información como la vivienda, situación militar, propiedades, estilos de vida o clubes y asociaciones a los que pertenece el agente. La base de datos recogerá además información sobre las actividades o negocios de los urbanos, inversiones patrimoniales, ingresos, rentas, hipotecas, planes de pensiones o jubilación y, por supuesto, todos sus datos fiscales y su historial laboral.

El SPPM Cat, sindicato mayoritario en las policía locales catalanas, ha cuestionado la creación de esta base de datos que ya ha remitido a sus servicios jurídicos para su estudio. El presidente de SPPM en la Guardia Urbana de Barcelona, Juan Ávila, ha acusado al gobierno local de haber ocultado la tramitación administrativa de la aprobación de este fichero hasta que se ha agotado el plazo legal para hacer alegaciones. Ávila ha señalado como especialmente inquietante la recogida de datos de carácter personal y ha lamentado además que ese registro se cree exclusivamente para los agentes de la Guardia Urbana, cuando «todos los funcionarios del Ayuntamiento están sometidos a un régimen disciplinario» propio de esta administración, lo que a su juicio supone una «discriminación negativa de la policía local».