El juez del 3% Josep Bosch investiga a varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por haber concedido contratos fraudulentos a la empresa consultoría de gestión innovadora (CGI) en la que se integró Efial que logró «infiltrarse en 20 municipios españoles» y crear «ayuntamientos paralelos», según consta en el sumario de este caso cuyo secreto ha sido levantado.

En estas diligencias se explica el funcionamiento de Efial en varios consistorios catalanes y también se desvela que sus tentáculos llegaron a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Torredolones y Miraflores de la Sierra que fueron registrados por orden del juez Bosch en julio del 2016.

Uso de influencias

Los indicios se centran en la actuación de Blas Acosta que es un «trabajador dependiente» de Ramón Solá, director de CGI, que «valiéndose de sus influencias» logró los contratos a través de la interventora Lucía Mora que «dictaría resoluciones contratando servicios que no redundan en el interés público».

Esta connivencia se produjo «a cambio de favorecer ciertos destinos» de Mora que ella devolvió «favoreciendo la contratación» de los servicios de esta empresa. El juez sostiene que esta colaboración se ha traducido en la «adjudicación de contratos con unos beneficios programados muy superiores a los habituales».

CiG es una empresa que colabora en la gestión económica financiera de las entidades locales en cuestiones relacionadas entre otras con tributos locales e inspección tributaria.

Grabaciones telefónicas

En el sumario constan varias grabaciones telefónicas en las que Mora admite que redacta los pliegos de los contratos ad hoc. En una conversación mantenida el 23 de julio del 2015 entre la interventora y Acosta esta le dice: «Necesito que os presentéis al concurso, quiero arrastrar a esos hijos de puta, ya me iréis diciendo porque todos los datos os los voy a dar yo, he hecho el pliego».

Sin embargo, Mora se niega mandar las condiciones del contrato por correo electrónico y un día más tarde Acosta se ofrece a pasarse por el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para recoger el pliego.

Otros ayuntamientos como el de Collado Villalba (Madrid) también concedió contratos sobre «el catastro de forma irregular» por un total de 837.643 euros entre el 2010 y el 2015. Y también está bajo sospecha el consistorio de Getafe donde CGI llevó «a cabo labores sin contratos» y apuntes sobre el alcalde por un importe de 1,3 millones de euros.

Contratos a dedo

En esta parte del sumario también se describe la relación de 11 ayuntamientos catalanes en manos de CiU con Efial entre ellos el de Tarragona del que fue alcalde Carles Puigdemont, actual president de la Generalitat, y cuyo consistorio otorgó contratos a dedo a esta empresa por un importe de 113.000 euros entre el 2012 y el 2015.

El juez justificó las entradas y registros en los consistorios de Alcalá de Henares, Parla, Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores de la Sierra y en el resto de municipios bajo sospecha ante la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.

Esta pieza del sumario del 3% no hace mención a la supuesta financiación ilegal de CiU a través de la fundación CartDem que tiene en su punto de mira al diputado convergente Germà Gordó al que Anticorrupción ha pedido que se investigue, pero que sigue sin ser imputado porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha pedido que se busquen más pruebas.