El Tribunal de Cuentas ha hallado deficiencias en los controles del Instituto Social de la Marina (ISM) respecto a los beneficiarios de sus pensiones, hasta el punto de que en el ejercicio de 2015 detectó ocho personas fallecidas cuya identidad coincidía con perceptores de prestaciones. Así lo pone de relieve en el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones de ISM que acaba de aprobar el pleno del órgano fiscalizador para su remisión al Parlamento.

Las anomalías en el control de los pensionistas fallecidos se debe sobre todo a «carencias en la información que sobre defunciones es remitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE)» pero también a que los criterios para el cruce informático con el ISM «no garantizan» la detección de fallecidos para poder darles de baja.

El informe recoge además una gestión realizada a instancias del Tribunal de Cuentas que permitió al ISM efectuar una «prueba de vivencia» que puso de manifiesto el pago de 503.517 euros a cuatro pensionistas fallecidos, cantidad de la que pudieron recuperarse 126.875 euros por un lado y 68.256 euros por otro.

Sin embargo, de otros 308.385 euros advierte el órgano fiscalizador que podría haber prescrito el derecho a reclamar su importe, y así constata que las deficiencias han llevado en conjunto a la prescripción de la reclamación a las entidades bancarias de deudas por valor de 403.582 euros entre 2102 y 2015.

Para subsanar estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas propone adoptar medidas de análisis y verificación, de acuerdo con el INE, así como instar a los bancos a efectuar un «control de vivencia» de los pensionistas y a remitir la correspondiente comunicación por fallecimiento, tal y como recoge la normativa al respecto.

Otro aspecto analizado en el informe es la diferencia entre la información que facilita el ISM sobre las deudas remitidas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para gestionar su cobro y la que maneja esta entidad.

Las diferencias son notables ya que el ISM afirma haber enviado 463 expedientes por importe de 1.063.872 euros, mientras que la TGSS refiere la gestión de 2.231 expedientes por 190.395 euros, algo que según el órgano fiscalizador «pone de manifiesto diferencias de comunicación entre ambas entidades» e incluso el riesgo de que el inventario de deudores «no refleje su situación real». También alude a «disparidad de criterios» en el tratamiento de la deuda que podrían explicar en parte unas cifras tan diferentes.

En esta línea, entre sus recomendaciones figuran la elaboración de un manual de gestión de cobros indebidos, el diseño de una aplicación informática que incorpore la tramitación de los procedimientos de recuperación de deuda y la adopción de medidas relativa al saldo de la deuda en gestión de cobro por la TGSS, además de «perfeccionar» la comunicación entre las dos entidades.