El ministro de Justicia, Rafael Catalá, es partidario de una reducción "radical", de la acusación popular con una norma que delimite quién puede presentarla y para qué delitos, posición en la que coincide, dice "con muchos expertos en la materia". Sólo así tiene sentido la reducción de los aforamientos que, a su juicio, "no suponen ningún privilegio", pero que sí son vistos de esa manera por la opinión pública.

Catalá, que ha hecho estas consideraciones durante un desayuno informativo organizado por El Economista, ha salido en defensa del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, cuestionado por su actuación ante la operación Lezo. El ministro, que ha defendido en todo momento la independencia fiscal, ha calificado de "barbaridades" algunas de las críticas con la única intención de "hacer daño a las instituciones porque así hacen daño al gobierno".

Tras afirmar que no siente temor a que su nombre vuelva a salir por boca de los implicados en la operación puesta en marcha por el juez Eloy Velasco, ha apuntado a que los jueces deberían estar sujetos también a un sistema de incompatibilidades si dan el salto a la política y pretenden  luego volver al juzgado.