Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, lleva solo dos meses en el cargo y ya se ha enfrentado a varias crisis por investigaciones relacionadas con el PP. Sin embargo, este veterano fiscal no se "achanta" y afirma que no se le ha pasado por la cabeza dimitir porque "no tiene motivos". "Soy un corredor de fondo", apostilla.

El fiscal jefe rechaza vincular la crisis, en la que está inmersa la fiscalía que dirige, con los cambios que ha introducido en la misma. "Me he reunido con la policía y la guardia civil y les he ordenado que me den a mí cuenta de los nuevos asuntos que investigan", explica. Luego, "yo decido a qué fiscal le asigno la investigación si considero que es preciso abrir unas diligencias".

Asimismo, Moix ha exigido que en los informes que elaboran la UDEF, de la policía nacional y la UCO, de la Guardia Civil, desaparezcan "las valoraciones jurídicas que solo deben hacer los fiscales y los jueces" y les ha ordenado que en sus documentos "solo presenten hechos".

Nuevas normas

Estas nuevas normas también se deben aplicar a las intervenciones telefónicas. El fiscal jefe quiere que sean los fiscales los que decidan las que son válidas o no en una investigación y rechaza que esa criba la lleven a cabo la policía o la guardia civil.

Esta nueva mecánica de trabajo ha sido también comunicada a los fiscales que bajo el mandato de Antonio Salinas, jubilado el pasado mes de octubre, actuaban con más libertad de movimiento y con un cierto seguidismo a las actuaciones de las fuerzas de seguridad.

No obstante, Moix no quiere vincular los enfrentamientos con los fiscales de la operación Lezo con esta nueva forma de actuar. "Quizá no les gusto por otros motivos", subraya. Y es que ahora el fiscal jefe lleva un control más personal de las causas que tramita esta fiscalía.

El fiscal jefe no tiene problemas en defender su actuación frente a los fiscales del caso Lezo. Y reconoce sin ambages que no tuvo problemas en convocar la junta de fiscales que le planteó el fiscal Carlos Yáñez y su compañera Carmen García Cendrá al negarse a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo en Mercasa cuando se desarrolló la operación Lezo el pasado 19 de abril.

Rechaza una rebelión de fiscales

Moix perdió la votación en la que solo obtuvo el apoyo de otro fiscal y una abstención y permitió que se llevara a cabo este registro, pero rechaza definir el resultado de esta junta como "una rebelión". "Hubo un intercambio de opiniones jurídicas en la que los fiscales del caso expresaron su parecer durante una hora y otros apoyaron sus tesis", señala.

El juez Eloy Velasco hizo referencia a esta operación en el auto en el que manda a prisión al ex presidente de Madrid Ignacio González y su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino. El magistrado explica que González "a pesar de que no ostentaba ningún cargo de responsabilidad" conocía la compra "fraudulenta" y la supuesta malversación de caudales públicos empleados en la compra de Inassa en el año 2001.

El juez también acusó al ex presidente de Madrid de no haber denunciado estos hechos cuando fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal. Y desveló que la inversión por parte del Canal para llevar a cabo esta compra rondó los 100 millones de euros cuando el valor de Inassa alcanzaba los 30 millones de euros. Además, el togado recogió en su resolución que Rodríguez Sobrino calificó esta operación "como un robo de 25 millones de euros".

Niega tratos de favor al PP

Estos datos aparecen en un informe de la UCO de "25 folios" en el que no se identifica las personas que firmaron esta compra y que en cualquier caso no son de la época de González. Por estos motivos, el fiscal jefe puso objeciones a esta prueba aunque ahora con la documentación en la mano tiene que decidir si los hechos han prescrito o no y si abre una nueva causa contra los responsables de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, quien estaba al frente de la Comunidad en el 2001.

Asimismo, el fiscal jefe también niega que se haya opuesto a prolongar las intervenciones de González y de los demás imputados por motivos políticos. "Se acababa el plazo y había que pedir la prórroga, y los fiscales del caso me dijeron que las grabaciones daban poco fruto porque ya sabían que se les estaba investigando". Por ello, se mostró partidario de suspenderlas, pero aceptó que siguieran otro mes más para mantener controlado a Edmundo Rodríguez, quien pasa la mayor parte de su tiempo fuera de España.

Asunción de responsabilidades

Moix tampoco rehúye el debate sobre el futuro del fiscal Carlos Yáñez que disfruta de tres días de permiso y cuya comisión de servicios en esta fiscalía ha sido prorrogada por la fiscalía general a instancias de Anticorrupción. "Yo ni le ceso ni le relevo ni le invito a irse; él me dirá el miércoles cuando vuelva lo que quiere hacer", señala.

En esta cascada de polémicas, el fiscal jefe también se pregunta quién debe asumir la responsabilidad de haber imputado en este caso a los periodistas Francisco Marhuenda y Mauricio Casals por haber supuestamente coaccionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "La UCO presenta un informe en el que se les imputa un delito de organización criminal y yo no veo este delito", explica, aunque los fiscales del caso apoyan esta tesis sin oír a la víctima.

El juez Velasco ha sacado de la investigación de la operación Lezo a los periodistas en un plazo récord tras tomar declaración al director y al presidente de La Razón, a Cifuentes y a otros cuatro altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Moix, a pesar de estos problemas, piensa mantener su forma de actuar. Y no le afecta que Ignacio González haya dicho de él que es "un fiscal bueno y serio" hace dos meses en los pinchazos de la operación Lezo. Y es que en estas conversaciones, el ex presidente de la Comunidad de Madrid también comenta: "A este hombre yo quise proponerle como fiscal general del Estado, pero no tenía los requisitos". Hace dos meses González ya no ostentaba ningún cargo público y su mentora, Esperanza Aguirre, había perdido peso en el PP.