El juez Manuel García-Castellón da crédito a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y reactiva la línea de investigación del caso Púnica que compromete a Cristina Cifuentes, actual presidenta madrileña e integrante del comité de expertos que “de manera preconcebida” habría concedido el citado contrato al grupo del empresario Arturo Fernández. Esa es la conclusión a la que llegaron meses atrás los investigadores policiales, no respaldada ni por el anterior instructor de la causa ni por el ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar este jueves en calidad de investigada a Tatiana Sonsoles Recoder, antigua responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid por su participación en la licitación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea regional en 2009. La comparecencia se enmarca en la investigación de la pieza separada del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño.

En sendos informes fechados los pasados 1 y 27 de marzo, la UCO había pedido al entonces instructor -el juez Eloy Velasco, en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo- la imputación de Cifuentes por la posible comisión de delitos continuados de cohecho y prevaricación por su intervención en este proceso de adjudicación. La hoy jefa del Ejecutivo madrileño ejerció como presidenta de la mesa de contratación por su cargo de vicepresidenta de la Cámara autonómica y formó parte del comité de expertos que valoró las ofertas presentadas.

El juez del ‘caso Púnica’ cita a declarar este jueves a una imputada clave en la adjudicación de un contrato al empresario Arturo Fernández, donante confeso del PP

Según los investigadores, dicho comité favoreció de manera preconcebida al grupo empresarial Cantoblanco con la decisión de adjudicarle de antemano los citados servicios a través de conductas “arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina”. La UCO llega indiciariamente a esa conclusión tras tomarle declaración a Sonsoles Recorder y a otros dos miembros de la mesa de contratación: María Merino Muñoz, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid, y Arturo Zubiri García, técnico asesor de la Secretaría General que ejerció como vocal y secretario en la licitación de 2011. Esos testimonios revelaron “significativas y evidentes contradicciones”.

La UCO no pasa por alto el hecho de que se evaluara la propuesta presentada por Clece SA en 2011 con cero puntos con la justificación de que no había aportado documentación alguna. Cifuentes y Merino “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras” de dicha circunstancia, “lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”.

La Guardia Civil relaciona el presunto trato de favor a Arturo Fernández -imputado en el caso Púnica- con donaciones realizadas al PP de Madrid a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam). En concreto, como reconoció en sede judicial, el empresario madrileño donó 160.000 euros a esta formación política, 100.000 euros desde la patronal que él presidió (CEIM) y el resto a través del Grupo Cantoblanco. Era “para quedar bien con el establishment“, justificó ante el juez Eloy Velasco cuando le tomó declaración el pasado 8 de marzo.

El sustituto de Eloy Velasco al frente de la instrucción quiere agotar esta línea de investigación en la que la Guardia Civil señala a Cifuentes por prevaricación y cohecho

Pese a las conclusiones incriminatorias detalladas por los investigadores policiales en sus informes, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el anterior instructor -en puertas de promocionar a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- vieron entonces motivos para elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -dada la condición de aforada de Cristina Cifuentes- con los hechos presuntamente delictivos de los que sería responsable la actual jefa del Ejecutivo madrileño.

Aquella actuación de la UCO desencadenó severas críticas por relevantes dirigentes políticos e incluso de representantes del mundo judicial. La propia Cifuentes criticó el relato “sin fundamento jurídico” del informe de la Guardia Civil y que se le hubiera dado “pábulo”, al tiempo que llamó la atención por la “indefensión” que le había causado la “filtración” de dicho atestado en vísperas de que el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una moción de censura contra ella que finalmente no prosperó.

A ese coro se sumó también la voz de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior y máximo responsable político de la Guardia Civil. “Sale el nombre de la señora Cifuentes, sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar, sea del partido que sea. Esas cosas no deben pasar, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que ha combatido la corrupción cuando ha pasado por la puerta de su casa”, manifestó el magistrado sevillano en excedencia en declaraciones realizadas a esRadio el pasado 24 de mayo.

Moix, contrario a la imputación

También cuestionó el rigor de la UCO en la investigación que puede salpicar a Cifuentes el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. “Creo que la Guardia Civil no ha respetado esa función que tiene de investigar, ha ido más allá”, defendió el representante del Ministerio Público en una entrevista concedida a El Mundo. Y añadió: “Ellos tienen que aportar los hechos, los indicios que nos permitan tener todo el arsenal para valorar la calificación jurídica”.

El juez García-Castellón -instructor del caso Púnica tras reincorporarse al juzgado de la Audiencia Nacional el pasado 26 de junio- quiere agotar esta línea de investigación sobre la base de los cuestionados informes de la UCO, lo que explica que haya citado este jueves a la antigua responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid.