Es el eslabón más mediático de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Una sigla recurrente a diario en la información periodística: UCO. Pero no se conoce demasiado sobre lo que hay detrás de las letras. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es, entre otras cosas, la élite de la lucha anticorrupción en España y la sostienen unos 400 agentes especializados, encajonados en un moderno edificio en el modesto barrio del aeropuerto de Madrid entre la vía de servicio de la A-2 y las últimas terminales de carga de Barajas. Hay otros cien repartidos en equipos especiales de creación reciente y obligada en los principales focos de la actividad criminal patria: Alicante, Málaga, Galicia, Canarias y las Baleares.

Es, números en mano, una unidad valiosa. Los informes del Instituto Armado calculan que cada agente de la UCO le permite al Estado recuperar cerca de 2 millones de euros al año entre patrimonio aflorado y bienes incautados. Sin ir más lejos, la operación lanzada a principios de abril en Marbella contra la familia del líder sirio Bachar al-Assad permitió incautar propiedades por valor catastral de 700 millones de euros. 350 para España y 350 para Francia. Cifras rentables si se considera que el sueldo de un investigador medio, en su mayoría personal bastante joven, no supera los 1.800 euros al mes.

Un investigador medio de la UCO le cuesta al Estado unos 1.800 euros al mes y reporta anualmente casi 2 millones de euros

No es la única unidad en España que lucha contra la corrupción. La UCO rivaliza con la UDEF y la UDYCO de la Policía Nacional y que un caso aterrice en un cuerpo o en otro es simple decisión del juez y los fiscales, que tienen libertad para elegir en quién confían más. La Guardia Civil admite que las investigaciones caen habitualmente de su lado y asume que empiezan a “estar desbordados”. Pero es parte del diseño de la unidad: pocos agentes, lo cual implica renunciar a alguna investigación, pero formados específicamente y de manera exhaustiva.

Cada año, la UCO abre un proceso de libre concurrencia dentro del cuerpo en el que recibe unas 500 candidaturas, que criba hasta los 100 agentes que acuden a la entrevista presencial y el test psicotécnico. De ahí, a la mitad se les imparte un curso de selección y formación que dura aproximadamente dos meses y medio y, al final del proceso, resisten como mucho 20, que todavía tienen que completar la titulación oficial de la Policía Judicial.

Margen de error

Al mando de todos ellos está el coronel jefe Manuel Sánchez, veterano de la lucha antiterrorista en el País Vasco. “Los rangos de mando están muy subidos. Los departamentos los dirigen tenientes coroneles y los grupos, comandantes. Eso implica calidad”, defiende. Una calidad necesaria porque, subraya, “nuestro margen de error es cero”. Una inconcreción puede tirar abajo un caso que, como la operación Lezo, se investiga durante más de 20 meses por un equipo reducido de en torno a 20 agentes. Una detención equivocada en una operación anticorrupción puede estigmatizar la vida y la carrera de una persona. Aun así, presumen de eficacia: “Casi el 100% de las imputaciones que realiza la UCO se traducen después en una condena judicial”.

Para alcanzar esas cifras, además de minuciosidad, el cuerpo tira de cautela. Durante la instrucción de una causa, y en caso de duda, el Instituto Armado tiende a priorizar la figura del investigado sobre la del detenido. “Si es malo, ya lo castigará el juez”, justifican desde dentro.

Casi el 100% de las imputaciones que realiza la UCO se traducen después en una condena judicial”, defiende su coronel jefe

En cualquier caso, el de Delincuencia Económica y Contra la Corrupción es sólo uno de los cinco departamentos del cuerpo, especializado también en Drogas, Delincuencia Organizada y Delincuencia Telemática y con un equipo especial encargado del apoyo técnico y operativo. Dentro de estos grupos cuelga todo: desaparecidos, dopaje, patrimonio histórico, corrupción, mafia, huidos de la justicia, contrabando, trata de seres humanos, pornografía infantil, seguridad informática…

Vías de entrada

El 70% de estos casos llegan a la UCO por cauces judiciales, a través de magistrados y fiscales. El 30% restante se divide entre causas procedentes de comandancias sin personal especializado y un 10% de denuncias anónimas, que ya se atienden sólo si van acompañadas de soporte documental o si la información es ingente y detalladísima.

La actual dirección, aunque reconoce la necesidad de personal, limita el crecimiento al 10% anual para no comprometer la calidad

Agentes y mandos coinciden en que la paralización del empleo público ha hecho daño al Instituto Armado y que, debido a la congelación de las tasas de reposición, en la Guardia Civil “faltan 8.000 agentes”. Admiten también que para absorber todos los casos que llegan a la unidad se necesitaría ampliar la plantilla de la UCO, pero subrayan que ésto debería producirse a un ritmo inferior al 10% anual para que no perjudique a la capacidad de trabajo. “En un grupo de 20 agentes no se puede incorporar a más de dos personas al año sin afectar a la calidad”, desarrolla el coronel jefe Sánchez.

El aumento de personal tiene, de cualquier modo, otra cara B: la UCO comparte edificio con los servicios de información antiterrorista de la Guardia Civil y la sede empieza a quedarse pequeña para ambos. La ingente cantidad de documentación procedente de registros e investigaciones en curso también dificulta el almacenaje. Falta espacio y los archivadores se acumulan por todas partes.

Sitel: las escuchas telefónicas

En todo caso, en la unidad no se quejan de los medios técnicos de los que disponen. “Ni nos sobran ni nos faltan”, dicen, y presumen de la joya de la corona: el ya mítico Sitel que permite efectuar las escuchas telefónicas previa orden judicial. Los veteranos aún recuerdan el pretérito sistema de cintas, de acústica pobre y almacenamiento escaso. Si los espiados hablaban demasiado por la noche, cuando el investigador llegaba por la mañana se encontraba con conversaciones a medias.

El sistema actual permite el acceso a conversaciones completas, con canales diferenciados entre emisor y receptor que permiten identificar con más eficacia las voces y evitar posteriores problemas judiciales y acceso a metadatos de todo tipo como localización de la llamada y movimiento de los interlocutores. El control es total: cada agente tiene su clave personalizada y sólo tiene acceso a las escuchas a las que está personalmente autorizado. Ninguna más.

El respeto a la legislación es absoluto, por aquello del margen de error, aunque desde el cuerpo se critique una legislación “incomprensible” en algunos casos. Por ejemplo, desde hace años se necesita orden judicial para colocar una baliza de localización en un vehículo sospechoso, aunque se pueda efectuar sin orden de ningún tipo un seguimiento presencial cuyos resultados serían mucho más detallados y la intromisión en la vida del investigado bastante mayor.

Tareas, todas en manos del ultraespecializado GAO, responsable entre otras cosas de las más de 300 horas de grabaciones incorporadas al sumario de la operación Lezo, que ha llevado a la cárcel al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Intervenciones clave y no sólo telefónicas, la primera vía de la que desconfían los que sospechan de una investigación. También en lugares que exigen alardes tecnológicos como despachos y, especialmente, cafeterías.