Ni 24 hora ha durado la buena sintonía entre el PNV y el Gobierno de Mariano Rajoy. El día después del apoyo de los nacionalistas para tumbar las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos para 2017, el Ejecutivo del PP ha anunciado tras el consejo de Ministros su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la denominada ‘Ley de víctimas de abusos policiales’ aprobada por el Gobierno de Iñigo Urkullu en febrero del año pasado. La decisión ha provocado un profundo malestar en las filas del PNV y de la Administración Urkullu que confiaba que con el nuevo clima de entendimiento finalmente no se presentará el recurso finalmente anunciado.

De esta manera el Gobierno continúa con su intención de tumbar la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999. Con esta Ley el Gobierno vasco aspiraba a reconocer a las víctimas de torturas y abusos de origen policial fundamentalmente y que consideraba que también merecían ser reconocidas y reparadas.

La norma, aprobada por el parlamento vasco el 28 de julio de 2016, contó con el respaldo del PNV y del PSE y el voto en contra del PP y UPyD. La izquierda abertzale se abstuvo al considerar que se quedaba corta en sus objetivos.

El Gobierno del PP ya había anunciado poco después que procedería a recurrirla ante el TC al considerar que el Ejecutivo vasco se extralimitaba en sus competencias y detectar inseguridad jurídica en el contenido de la misma.

"Profunda decepción"

Tras conocer la noticia, el Gobierno de coalición PNV-PSE ha emitido un comunicado en el que asegura sentir una “profunda decepción” por la decisión conocida hoy. Señala que recurrir esta ley supone desentenderse de la obligación que tiene los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a todas las víctimas. La Administración vasca considera que además de la reparación propia a las víctimas del terrorismo, también debe ser reconocida la que sufrieron las víctimas de excesos policiales y torturas, que según algunos estudios en los que se basa el Gobierno Vasco podrían ascender a cerca de 5.000 personas en el periodo abarcado por la ley.

Anuncia que pese al recurso su pretensión de dar respaldo a estas víctimas continúa vigente al ser “un compromiso firme” y por constituir un “principio ético, institucional, democrático y de humanidad” para con las víctimas. Añade que la norma ahora recurrida ante el Constitucional es además “una pieza fundamental” para consolidar y asentar la convivencia y la normalización social en el País Vasco. Una convivencia que, recuerda, deberá estar basada en “una memoria crítica del pasado”.

El Gobierno Vasco rechaza además “con toda rotundidad” que el articulado de la ley vulnere la constitución y afirma que la seguridad jurídica de la misma es plena.

Tras la firma del acuerdo el PNV confiaba en que el ejecutivo del PP pudiera reconducir su posición de cara a algunos de los recursos de leyes que había anunciado y cuya tramitación ante el TC debía aún ratificar de modo definitivo., El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, confió en que el nuevo clima de sintonía alcanzado con el Gobierno popular facilitara la retirada de este recurso hoy confirmado. Además de esta ley, el Ejecutivo de Rajoy tiene intención de recurrir ante al Alto Tribunal otra norma, la Ley de Vivienda.