El vicepresidente del Parlament, Lluís Corominas, y la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, ambos de la ex convergencia, han contado con el máximo apoyo institucional en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigados por permitir la votación de la resolución del referéndum. Pero la convocatoria de las entidades soberanistas ante el TSJC que ya se ha convertido en un ritual en estos casos se ha convertido en una «manifestación menguante» de apenas un centenar de personas, muchas de ellas cargos políticos de JxS asociados a la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación de Municipios de Cataluña (AMC), que convocaban hoy junto a Ómnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Corominas y Barrufet se han reunido con los miembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont en el Parlament, y han repetido el «paseíllo» que el lunes protagonizaron la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria de la Mesa, Anna Simó, entre la Cámara catalana y el Palacio de Justicia de Barcelona. La comitiva encabezada por Puigdemont y Forcadell, ha contado además con el vicepresidente Oriol Junqueras y los consellers Neus Munté, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Baiget o Meritxell Borràs, además de los miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó y Joan Josep Nuet.

Una escenificación de que el ejecutivo de Puigdemont no «abandona» a los querellados por permitir la votación de las resoluciones que instaban a la celebración del referéndum de independencia especialmente necesaria cuando quienes declaraban hoy son dos militantes de la ex Convergencia, el partido de Puigdemont. Sin embargo, la afluencia decreciente de gente en el Paseo Lluís Compans muestra las dificultades de los partidos y entidades soberanistas a la hora de mantener esa «movilización constante» que reclaman Puigdemont Artur Mas para llevar a término el referéndum independentista.

Declaración exprés

Ambos investigados han protagonizado una declaración exprés -apenas 15 minutos- en la que no han respondido a ninguna pregunta, ni la de la jueza instructora, la presidenta de la Sala Civil y Penal del TSJC Maria Eugenia Alegret ni del fiscal, y se han limitado a ratificar las declaraciones de Forcadell y Simó. La presidenta del Parlament marcó el lunes la línea de defensa de toda la Mesa, al acogerse a la inviolabilidad parlamentaria para defender su postura y responder sólo a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde.

Ante las puertas del TSJC los líderes de las entidades soberanistas han vuelto a denunciar la «judicialización» de la crisis catalana que atribuyen al Gobierno de Mariano Rajoy, al que el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, recriminaba su tibieza contra la dictadura. «Hoy vemos a este Estado español incapaz de juzgar al franquismo y todo lo que significó, y en cambio envalentonado a la hora de juzgar al catalanismo».