El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llevado al Ayuntamiento de Madrid su última oferta sobre el proceso independentista en Cataluña, en absoluto distinta a lo que viene diciendo en los últimos años, pero conteniendo un ultimátum muy claro:  «El Estado español no tiene tanto poder para impedir tanta democracia», único momento en que ha arrancado los aplausos del auditorio. Según Puigdemont, su gobierno autonómico «no tiene el derecho ni la legitimidad para no cumplir con nuestro mandato avalado en las últimas elecciones». Todo los demás ha sido una mezcla entre oferta de dialogo y hechos consumados de difícil administración.

En un tono mucho más duro que el que han empleado Oriol Junqueras y Raül Romeva, que le han antecedido en el uso de la palabra, la esencia de su mensaje ha venido a ser que si el Gobierno central no se aviene a negociar las condiciones del referéndum el compromiso del gobierno  de la Generalitat «con su pueblo es inviolable». Significa que «celebraremos el referéndum para invitar al Estado a implementar la transición hasta un nuevo estado catalán», en definitiva, nada nuevo bajo el sol, sobre todo en el día en que se ha conocido el contenido de la Ley de Transitoriedad que manejan los independentistas aunque, oficialmente, se haya negado su contenido.

Ir al Congreso como coartada, es un error en el que no vamos a participar»

Puigdemont ha comenzado su intervención criticando que el acto no pudiera haberse desarrollado en el Senado, cámara que ha reivindicado olvidando el plantón que dio en enero cuando se negó a acudir a la conferencia de presidentes. «Fue el enésimo rechazo al diálogo. Y no será el último. Pero advierto: no habrá muchos más», ha amenazado en clara contradicción con otra afirmación posterior al señalar que «estamos sentados en la mesa de negociación y no nos levantaremos. La oferta de diálogo es permanente».

Con la misma pasión que ha puesto para defender el Senado ha rechazado la propuesta para acudir a la otra cámara, al Congreso, donde explicar y votar su propuesta. Dice el president que ir allí, «como coartada, es un error en el que no vamos a participar».

Defiende que su propuesta separatista «cabe en el ordenamiento constitucional»

Con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sentado en primera fila y sin ningún representante de PSOE, ha criticado que «si para el presidente Rajoy y su Gobierno, y para las formaciones políticas que apoyaron su investidura, uno de los grandes problemas de España es Cataluña, hoy le invito a abordarlo con toda seriedad». Como no podía ser menos, ha defendido que la demanda de secesión «cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional y son mayoría los que señalan que con voluntad política todo es posible. Pero ¿existe voluntad política para entender la cuestión catalana?», apunta. «No se trata de liquidar España. Se trata de la autodeterminación de Cataluña», ha seguido el president, que ha llegado a citar la carta universal de los derechos humanos».

En ese argumento recurrente de equiparar la España de hoy con la preconstitucional y confundiendo un proceso de unidad con uno de ruptura, defiende que se puede encontrar un cauce como cuando se facilitó el retorno de Tarradellas. «Si hay voluntad política, hay cauces para acordar. Si hay sentido de Estado, las demandas del pueblo catalán puede ser atendidas». Todo lo demás es, para el presidente de la Generalitat, «un simulacro» y «una falsa escenificación de diálogo. No hagamos perder el tiempo a nadie, que ya no nos sobra».

No contempla otro escenario que hablar sobre las condiciones de la consulta

«Dialogar es sentarse en una mesa sobre lo esencial, sin reproches, amenazas ni subterfugios. Creo que un buen punto de partido es ofrecer voz y voto al pueblo para que decida él en última instancia», ha proclamado, criticando las medidas tomadas por los tribunales contra los procedimientos independentistas. «La reclamación de un referéndum pactado con el Estado español es una petición constante y no nos rendimos. No nos cansaremos de recordar que el verdadero propósito de los ciudadanos de Cataluña es votar: unos para votar la independencia, otras para continuar como una comunidad del Estado español».

Puigdemont ha echado en falta argumentos en contra de la independencia de Cataluña por parte del Estado. «Hay miles de catalanes que quieren que el Estado sea parte de la solución, y no parte del problema», ha dicho antes de recordar el rosario de políticos catalanes que han debido responder ante los tribunales tras la puesta en marcha del proceso soberanista. «Estamos dispuestos a hablar de todo: la fecha del referéndum, cómo debe celebrase y en qué condiciones. Estamos ya sentados en la mesa de negociación. Y no nos levantaremos si la opción de diálogo es sincera».

«Nos gusta tanto la responsabilidad que la queremos toda»

Su conseller de «Exteriores», Raül Romeva, ha comenzado su intervención, que precedía a Puigdemont, alabando el cosmopolitismo de Madrid. Tanto éste como Oriol Junqueras, que ha hablado después, han intentado ofrecer una imagen amable del secesionismo, una especie de alegre independencia que no va contra nadie, ni siquiera contra la mitad de la población catalana que asume su españolidad.

Junqueras, con un tono catequético, ha explicado que «nosotros con toda nuestra humildad queremos tener las mejores herramientas para el futuro. Nos gusta tanto la responsabilidad que la queremos toda. Queremos que nuestros ciudadanos decidan sobre cuestiones sociales y sobre el marco legal», ha dicho.

Ha explicado el crecimiento en un millón y medio de la población de Cataluña en los últimos años. «Lo que demuestra que somos una sociedad abierta que habla más de 300 lenguas según los últimos datos estadísticas». El político de ERC asegura que quiere construir su propio marco y su futuro basándose en los elementos que comparten con el resto de la península. Estamos convencidos de que el mejor instrumento del que contamos es el de la democracia, que implica necesariamente el derecho al voto». Ha rematado que «la autodeterminación es un derecho inherente a las comunidades políticos y estamos dispuestos a ejercerla por encima de las inhabilitaciones, querellas o condenas de cualquier tipo que se sucedan».

«Todos aquellos que votarán que no en el referéndum comparten conmigo algo que es más importante que el sí y el no. Solo nos hace diferentes el sentido del voto, pero nos une la voluntad de decidir nuestro futuro colectivo a través de las urnas y respetar el resultado del mismo modo en que nosotros lo hemos respetado. Y pedimos y exigimos, y creemos que tenemos el derecho y el deber de hacerlo, que todo el mundo respete el resultado del referéndum». «Sin el derecho al voto, la democracia no tiene sentido», concluyó.

En el acto, en el que Puigdemont ha reservado un lugar en primera fila a Pablo Iglesias, con quien se reunió con anterioridad. La reunión se ha celebrado en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid y en ella ha participado también el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, y el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano. Según fuentes de la Generalitat y de En Comú Podem, los dirigentes han abordado la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -que el PDeCAT está estudiando-, y el referéndum catalán.

En cambio, al acto no ha acudido ningún representante del PSOE nacional ni de los partidarios de Pedro Sánchez. El único representante del PSC ha sido el veterano político Higini Clotas.

El plan B en Cataluña

Puigdemont protagoniza el acto en Madrid el mismo día en que se conocía el ‘plan b’ del independentismo. Según informa El País, de no llevarse a cabo la consulta, la Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña. La Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como ley de ruptura, a la que ha tenido acceso el diario, aspira a ejercer como constitución provisional en Cataluña para activar el proceso constituyente.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han negado el contenido de la información publicada por este rotativo, y el portavoz del PDCat en el Parlamento catalán, Jordi Turull, ha rechazado también el borrador de la conocida como Ley de transitoriedad avanzado por El País. “Quien os haya pasado el contenido de este supuesto borrador va muy desfasado, y lo desmentimos. Cuando se haga pública la ley de transitoriedad lo comprobaréis rápidamente”, ha asegurado Turull en Twitter. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno de JxS avanza aparentemente siguiendo ese guión, como muestra la reforma del reglamento del Parlament para permitir la aprobación de la Ley de transitoriedad por la vía de urgencia, sin que la oposición pueda hacer nada para frenarla.

“Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”, señala el documento. El borrador, además, contiene un apartado específico para regular la celebración del referéndum y que el resultado del mismo sea vinculante sin ser necesaria una mayoría cualificada para una posible secesión.

El escrito especifica cada detalle de la ruptura. Entre ellos, quiénes serían ciudadanos catalanes; cómo sería posible obtener la nacionalidad; qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente; cuál sería el destino de los funcionarios de la Administración General del Estado que residan en Cataluña, entre otras cuestiones.