Después de casi año y medio retirado de la vida pública, tras renunciar a su acta de diputado en diciembre de 2015 por motivos personales, el nombre de Manuel Cobo (Ponferrada, León, 1956) vuelve a aparecer en los periódicos por su designación por el Comité Ejecutivo Nacional del PP como presidente de la nueva Oficina del Cargo Popular.

Se trata de un órgano de nueva creación con el que la formación que lidera Mariano Rajoy pretende prevenir escándalos de corrupción entre sus representantes públicos y que echa a andar cuando un nuevo caso -la operación Lezo– se ha saldado de momento con el ingreso en prisión preventiva del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En una entrevista concedida a El Independiente, Cobo defiende la gestión en el Canal de Isabel II de Alberto Ruiz-Gallardón -del que fue mano derecha tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid- y se muestra convencido de que el caso Púnica no salpicará a Cristina Cifuentes, la actual jefa del Ejecutivo autonómico.

Pregunta.-El Comité Ejecutivo Nacional del PP lo ha elegido para dirigir la Oficina contra la corrupción. ¿Cómo afronta este encargo en un momento en que han aflorado nuevos casos que afectan a esta formación?
Respuesta.-Con independencia de los titulares periodísticos, esto no es una oficina anticorrupción. Es un mecanismo más que puede también evitar algún caso, pero no es una oficina de corrupción. En mi partido, el órgano que tiene las competencias para las sanciones en los casos de corrupción es el Comité de Derechos y Garantías. Lo que va a hacer esta oficina es disponer de alguna información más antes de unas elecciones. Los datos que se piden a los que van a ser candidatos al Congreso y al Senado son previos a los que después les pedirá la Cámara correspondiente cuando tomen posesión. Es verdad que hay casos de corrupción, pero una de las cosas que más enturbia la persecución es inventarse casos de corrupción. Existe en este momento una exageración de actitudes y muchas veces se quiere sustituir la acción de la Justicia poniendo sentencias cuando no hay nada. Con esto no quiero obviar que existen casos importantes y que a mi partido le han hecho mucho daño.

P.-Explíquese. ¿Qué quiere decir exactamente cuando afirma que se exageran los casos de corrupción?
R.-Quiero decir que en muchas ocasiones no hay corrupción en absoluto y se exagera la actuación política. Se están creando comisiones de investigación para analizar el pasado y se hacen afirmaciones sobre conductas políticas que no tienen nada de corrupción.

Rajoy ha sido muy contundente en la lucha contra la corrupción; la persecución de los casos figura en su haber»

P.-¿Esa crítica la hace extensiva a algunos atestados policiales?
R.-No. Siempre he dicho que existe un principio fundamental que es la presunción de inocencia y que todos tenemos que respetar. Los que hemos estudiado Derecho aclaramos a quien no lo sabe que no es un pronóstico de inocencia y que el peor de los delincuentes tiene que tener la presunción de inocencia, es decir, que hasta que no haya una sentencia no se le puede condenar. Empaña o diluye muchas veces asuntos serios de corrupción la exageración que alrededor se está produciendo en cuestiones que en muchas ocasiones no son delictivas.

P.-¿Tendrá autonomía para hacer su trabajo?
R.-Somos tres personas y vamos a tener autonomía, sin ninguna duda. Pero conviene no olvidar que las sanciones, que pueden llegar a la expulsión, son del Comité de Derechos y Garantías. Nosotros tendremos toda la autonomía para analizar aquellas situaciones que se nos puedan presentar. También hay que saber que los estatutos marcan una Oficina del Cargo Popular nacional, en la que voy a estar yo, y luego habrá oficinas autonómica y provincial. La competencia de la nacional será sobre todos aquellos cargos que pertenecen a la junta directiva nacional, entre ellos los diputados y senadores. Queda por aprobar el reglamento de esta oficina, que le corresponde al comité ejecutivo nacional.

P.-¿Usted cree que los partidos políticos tienen una decidida voluntad por acabar con la corrupción?
R.-Voy a contestar con toda sinceridad. Tienen una decidida voluntad de acabar con la corrupción y se han adoptado muchas medidas. La inmensa mayoría de las personas quiere acabar con los asesinatos, los homicidios, los pederastas, las violaciones… con todos los delitos. Pero el carácter humano, las ambiciones y las locuras están ahí. Me gustaría que impidiéramos los asesinatos, pero no lo conseguimos porque siempre hay alguien que se lo salta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer todas las medidas posibles para que lo hagan muy difícil. Está muy bien lo de los partidos, pero es en las instituciones donde está el dinero y el poder, que es lo que busca el político corrupto y los que participan en esos delitos. En respuesta a su pregunta, existe sin duda esa voluntad.

P.-¿Mariano Rajoy ha sido contundente en la lucha contra la corrupción?
R.-Ha sido muy contundente, muy contundente. Decir cómo hubieran actuado otros es muy difícil porque no puedes comparar si en estos años hubiera habido otro presidente, pero, a pesar de algún matiz o de alguna anécdota, el funcionamiento de la Administración de Justicia está al mejor nivel de cualquier país democrático. La persecución de los casos de corrupción y la libertad que ha existido durante los mandatos de Rajoy, uno de ellos con mayoría absoluta, figuran en su haber. Las modificaciones legislativas también han sido muy importantes y el afán decidido que ha tenido en los casos que ha afectado a mi partido expulsando inmediatamente a esas personas.

Estoy completamente seguro de que el caso Púnica no salpicará a Cifuentes; se especula y no hay nada»

P.-Los últimos movimientos de la Fiscalía General del Estado no ayudan precisamente a defender la independencia del poder judicial frente al ejecutivo…
R.-Muchas veces ponemos el foco en lo anecdótico. Y en los detalles puede haber discrepancias, pero el hecho fundamental es que ha habido una evidente intervención desde la Fiscalía en la persecución de todos aquellos que ha tenido algún tipo de implicación. Hay personas en la cárcel. Se discrepaba de un asunto concreto, de si se debía incluir o no. Se puede hacer pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la colaboración sin ninguna duda del Ministerio Público.

P.-Usted fue durante años mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, cuya gestión del Canal de Isabel II investigan la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO. ¿Le sorprendería que terminara imputado en el caso Lezo?
R.-Me sorprendería porque no va a terminar imputado. Nada que ver la operación de compra [de Inassa, el holding del Canal de Isabel II en Latinoamérica] que se hizo en el año 2001 con lo que se está contando. Nada que ver. Fue transparente, contaba con todos los informes, estaba avalada por las valoraciones que se hicieron en aquel momento y no hubo nada delictivo ni irregular en la actuación de Alberto Ruiz-Gallardón ni de su Gobierno. La sospecha se basa en unas frases que le han grabado a Ignacio González. Puede valorar lo que quiera, como si yo mañana en una conversación digo: ‘Vaya jugada ha hecho no sé quién’. Tenemos que ir a situaciones más técnicas desde el punto de vista jurídico.

P.-¿Se pagó realmente lo que valía Inassa?
R.-Se pagó lo que valía según tres valoraciones. Lo más importante es ver los beneficios que ha dado esa empresa para saber lo que valía y si esas valoraciones fueron acertadas o no. Las tasaciones decían que lo valía. Al cabo de los años es muy fácil ver cuál han sido los beneficios que ha dado al Canal de Isabel II.

P.-O sea, que pone las dos manos en el fuego por Ruiz-Gallardón…
R.-Absolutamente. No tengo ninguna duda de que esta operación se hizo de forma legal.

Sin sentencia no considero culpable a nadie; exigir antes una responsabilidad no me parece lógico»

P.-Francisco Granados e Ignacio González se encuentran en prisión. ¿Qué ha sucedido en la Comunidad de Madrid?
R.-Hay que esperar a que hablen los tribunales y vamos a saber todo lo que ocurrió. No lo puedo anticipar, desconozco las cuestiones concretas que ocurrieron. Permítame que diga también que no entiendo lo de los 30 meses en prisión preventiva [de Francisco Granados] sin haber sido condenado. Si hay riesgo de destrucción de pruebas o fuga sería al principio, pero si después de 30 meses no se ha podido conjurar ese riesgo… La prisión preventiva no puede ser de tanto tiempo.

P.-¿Es posible que Granados y González delinquieran presuntamente y que Esperanza Aguirre fuera ajena a todo?
R.-No sé si se pudo delinquir o no. Es posible que se delinca y alguien no lo sepa. Yo no lo puedo saber.

P.-¿Esperanza Aguirre debería haber dimitido mucho antes?
R.-La responsabilidad a la que se refiere es como presidenta del partido y ya había dimitido hace dos o tres años. Es complicado decir si [debió ser] antes o después. Cuando lo creyó conveniente, y eso es lo que hay.

P.-La instrucción de los casos Púnica y Lezo está reuniendo indicios claros de que que el PP de Madrid financió ilegalmente tres campañas electorales. ¿Qué opinión le merece esta acusación?
R.-Es que no lo ha puesto de manifiesto. Yo pongo el ejemplo de Mercedes Coghen, que estuvo sentada en el banquillo del caso Nóos y a la que se pedía cárcel. Yo dije que era inocente y al final el tribunal dijo que era inocente. Esa condena que ha tenido es muy injusta. Son los jueces los que tienen que decir si se ha cometido un delito y no en instrucción, fase en la que se hacen valoraciones. Reitero, el juez Castro y el fiscal Horrach consideraron con un error evidente que había cometido un delito. Yo no hago valoraciones de actos que están siendo investigados. Esperemos a ver qué dicen los jueces. Ya hay experiencias de personas importantes en el PP que han ido a la cárcel con sentencia firme, caso de Jaume Matas. Vamos a esperar. No se escapa nadie. La Justicia actúa igual para el PP, para el PSOE y para cualquiera.

No entiendo que una persona lleve 30 meses en prisión sin haber sido condenada. Si hay riesgo de fuga sería al principio»

P.-¿Cree que el caso Púnica salpicará a Cristina Cifuentes, actual presidenta regional y uno de los valores en alza del PP?
R.-Estoy completamente seguro de que no. Hay un montón de casos en los que se está especulando y no hay nada. Investigar no es nada malo, pero como el hecho de la investigación –antes imputación– ya significa una condena pública… Es terrible. ¿Se puede investigar la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid? Sí. Se puede investigar cualquier cosa, pero yo no le doy crédito ni se lo está dando el juez. No condenemos mientras se investiga.

P.-¿Ve posible mantener el Gobierno regional tras las próximas elecciones autonómicas con el desgaste que están suponiendo los casos de corrupción que afectan al PP?
R.-Espero que sí, pero falta mucho. Dos años en política es mucho tiempo. El 90% de lo que se habla es de la corrupción y de asuntos similares, pero no nos paramos -por ejemplo- a hablar de cómo gestiona la Comunidad de Madrid. En los últimos meses ha habido una polémica importante a cuenta de la vivienda que le iba a ceder la Guardia Civil al director general de Tráfico. Me parece bien, pero también es importante hablar de la gestión que ha hecho este hombre porque esa gestión cuesta o salva vidas. Nadie en la calle sabe nada del análisis de la gestión del director general de Tráfico, pero de su vivienda… No digo que no se hable de eso, pero de la gestión también. Por eso digo lo de Cristina. Además de la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid hace no sé cuántos años, que para mí es una anécdota, habría que hablar también de la muy buena gestión que está haciendo en unos momentos difíciles. Y eso la gente lo va a valorar, por eso creo que Cristina Cifuentes puede renovar dentro de dos años.

P.-¿Le ha encontrado explicación al hecho de que usted fuera suspendido de militancia durante un año por criticar públicamente a Esperanza Aguirre?
R.-Bueno, la que me dieron y acepté en su momento: por hacer críticas a una compañera fuera de los órganos del partido. No por injurias o calumnias, como algunos dijeron. Hubo una cierta crítica y como los estatutos establecían que no se podían realizar fuera de los órganos del partido… Ése fue el motivo de la sanción y lo acepté.

P.-Usted defendía entonces a Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid en lugar de a Ignacio González, la apuesta de Aguirre. ¿Cuándo se cayó del caballo?
R.-Muy poca gente, en mi partido y fuera, discutía la capacidad de Rodrigo Rato después de haber sido ministro de Economía y gerente del FMI. Su currículo estaba ahí. También digo que se están diciendo más cosas de las que realmente pasaron. Lo digo con toda sinceridad. Si la cantidad que gastó por el uso de la tarjeta black hubiera ido en su retribución nadie habría dicho nada.  Por supuesto que es un error y ha sido condenado. No era legal, pero no creo que hubiera intención por su parte de cometer un acto ilegal.

Muy poca gente, en mi partido y fuera, discutía la capacidad de Rato para presidir Caja Madrid; su currículo estaba ahí»

P.-¿Un cargo del PP que sea investigado debe dejar su cargo desde ese momento?
R.-No estoy de acuerdo en que el momento sea el de la imputación. Otra cosa es que mi partido, al estar en minoría y tener que firmar con otro grupo en la Comunidad de Madrid, haya establecido otra cosa. Se puede cesar a un cargo público aunque no esté investigado porque existe una situación evidente, pero no por el hecho de estar investigado tienes que cesarlo. La apertura de juicio oral tiene más sentido, pero aun así, salvo en situaciones en las que no hay necesidad de que haya un procedimiento judicial para cesar a alguien, hasta que haya sentencia no considero culpable a nadie y por tanto exigir antes una responsabilidad no me parece lógico. Luego no tiene vuelta atrás. En el caso de un concejal, por ejemplo, tendría que esperar otro mandato. Creo en la Administración de Justicia y cuando hay sentencia es cuando eres culpable. La responsabilidad política para cesarle no tiene por qué ir unida a la investigación o a la imputación.

P.-La investigación por el espionaje ha terminado y se ha dictado auto de procesamiento contra seis imputados. ¿Falta alguien, a su juicio, que deba sentarse en el banquillo de los acusados?
R.- Yo no puedo saberlo. Lo que diga la Administración de Justicia. No echo en falta ni sé si todos los que están tienen que estar. No lo puedo saber.