El ex consejero madrileño Francisco Granados será juzgado los próximos 14, 15 y 16 de noviembre por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión, en el que será el primer juicio del caso Púnica en la Audiencia Nacional, han informado hoy fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel para Granados -en prisión provisional desde hace más de dos años, aunque pendiente de reunir una fianza de 400.000 euros para salir-, así como para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y el amigo de éste, que medió en el chivatazo, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y ex asesor de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), acusación popular en esta causa, pide 6 años de prisión para Granados y 3 años para los otros dos procesados. Se trata de la denominada «pieza 1 Talamino» de Púnica, una de las 14 piezas de la investigación, que será juzgada por la sección primera de lo Penal, que preside Fernando Grande-Marlaska.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez Eloy Velasco recordaba como, tras recibir el soplo, Granados «desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente» y «saber si dicha investigación también se dirigía contra él».

Talamino, en septiembre de 2014 -cuando se produjo el chivatazo- estaba destinado en la UCO y así supo que se estaba investigando a Marjaliza, por lo que conociendo la relación que le unía a éste con Granados y constándole que su amigo Caro Vinagre desempeñaba cargos de confianza en la Comunidad de Madrid, «decidió hacer un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial».

David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, desveló al juez que buena parte de la documentación sobre el funcionamiento de la red fue destruida tras el aviso a Granados de que les estaban investigando. «Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar», confesó.