Lleva ya varios días el Gobierno central endureciendo el tono contra el proyecto independentista de la Generalitat en una escalada verbal que auguraría choque de trenes si no fuera porque Moncloa está convencida de que la consulta no se va a celebrar, ni siquiera un remedo de la misma como el 9 de noviembre de 2014. Y una de las claves que a manejan es que ningún funcionario, desde un letrado del Parlament a un mosso o al director de un instituto público del que dependa un colegio electoral, «a va jugarse sus años de estudios y su oposición por incumplir la ley».

A diferencia de hace dos años y medio, esta vez el Gobierno va a usar todos los instrumentos legales en su mano para evitar siquiera, una consulta unilateral, ilegal y por tanto, no vinculante, ni con urnas de cartón ni de cristal. Para ello actuará contra los cargos públicos que firmen la convocatoria, contra las empresas que contraten con la Generalitat para llevarla a cabo y contra aquellos funcionarios que se pongan al servicio de este proceso. «Ahora saben que pueden ser inhabilitados, apartados, de sus puestos, sancionados y no se van a jugar su carrera», insisten fuentes gubernamentales.

Los funcionarios se convierten en una de las claves para hacer descarrilar la consulta

Se coloca así a los funcionarios en una posición durísima, presionados  por una Generalitat que les amenaza si no se acogen al proceso indepentista, tal y como ha verbalizado en no pocas ocasiones el diputado de Junts pel Sí y cantautor, LLuis Llach, y, por otro, conculcar la legalidad. Entiende el Gobierno central que no es necesario hacerles llegar al funcionariado ninguna advertencia especial «porque ellos saben en perfectamente cuál es su cometido».

De hecho, ha sido el sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CSIF, el que se ha reunido con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,  y con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para asegurarse de que el Ejecutivo defenderá  su seguridad jurídica en caso de ser víctimas de presiones para que conculquen la legalidad. Asimismo, también ha sido esta organización sindical  y no el Ejecutivo el que ha repartido un protocolo de actuación entre sus afiliados en caso de recibir órdenes dudosas, de modo que puedan exigir que se les transmitan por escrito, hacer constar que no están de acuerdo con ella e, incluso, acudir a la Fiscalía si tienen la constancia de su ilegalidad.

La abogacía del Estado siguió la frustrada reunión en el Palau de la Generalitat

Ello permite albergar a Moncloa cierta tranquilidad sobre la actuación del grueso de los funcionarios, cuya posición se uniría a la de la abogacía del Estado y los servicios jurídicos de Moncloa. Esa misma abogacía que ayer estaba pendiente de los resultados de la reunión que Carles Puigdemont celebró con las fuerzas independentistas en el Palau de la Generalitat y que se saldó sin fecha ni pregunta para el tan cacareado referéndum. «No estamos en condiciones de dar ni una ni otra», admitió una alicaída portavoz de la Generalitat, Neus Munté.

Otra cita frustrada y, en muy buena medida, dinamitada por el propio Pedro Sánchez, que ayer tomó la iniciativa ante el desafío catalán al telefonear a Mariano Rajoy para certificar la oposición del PSOE a la consulta. También contribuyó a deslucirla la ausencia del partido de Ada Colau, frente a Podemos, cuyo representante, Albano Dante Fachín, explicó muy gráfico que «sobre la fecha y al pregunta estamos igual que cuando hemos entrado».

A pesar de la escalada independentista, Moncloa se aferra al «éxito» de la «operación diálogo»

A pesar de la escalada independentista, Moncloa se aferra al éxito de la llamada «operación diálogo», dirigida por la vicepresidenta, que ayer comparecía en Moncloa por sorpresa para dar replica preventiva a la reunión de la tarde. Arguyen desde el Gobierno que la operación no va dirigida solo a la Generalitat sino a distintos organismos y sectores sociales catalanes y que el hecho de que el empresariado de allí haya hecho suya la propuesta de que Puigdemont acuda al Congreso a debatir y votar su propuesta es un buen ejemplo de una estrategia que no quieren dar por fallida.

No sorprende al gobierno el fracaso de la reunión independentista en un contexto «donde nadie quiere firmar un papel para que no le inhabiliten». El horizonte más que probable de unas nuevas elecciones autonómicas catalanas exige cautela a los que aspiran a ser candidatos. Los convergentes no ocultan su malestar por el hecho de que solo ellos pongan los inhabilitados, mientras que  ERC, en general , y Oriol Junqueras, en particular, se mantienen a buen recaudo.