Los tres meses que Manuel Moix (Madrid, 1958) ha ocupado la jefatura de la fiscalía Anticorrupción, desde su nombramiento el pasado 22 de febrero de 2017, han supuesto el período más convulso en las más de dos décadas de historia del organismo, creado en 1995, pero potenciado especialmente tras el paso por la Fiscalía General del Estado de Cándido Conde-Pumpido (2004-2011).

Moix no ha tenido un segundo de descanso. Nadie esperaba que lo tuviera. Los propios fiscales advirtieron al fiscal general, José Manuel Maza, de que la candidatura de Moix colgaba del alambre del sumario de la operación Lezo, en el que aparece su nombre en una conversación entre Ignacio González y el ex ministro Eduardo Zaplana en la que el ex presidente madrileño confiesa la idoneidad de colocar a Moix en la fiscalía Anticorrupción por su cercanía con el Partido Popular.

Los avisos no hicieron mella ni en Maza ni en el Consejo Fiscal, que terminó por encumbrar a Moix frente a las candidaturas de Alejandro Luzón, uno de los fundadores del organismo, Belén Suárez, Teresa Gálvez, Carlos Alba, Antonio Romeral y José Miguel Alonso, todos con experiencia específica en Anticorrupción. Moix, por contra, venía de otro sitio.

Moix debutó en la fiscalía de Madrid con el asesino de la baraja y se despidió con la denuncia a Rato

Nombrado fiscal de la Secretaría Técnica en el año 2000, tres años más tarde presentó su candidatura para liderar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ocupada entonces por Mariano Fernández Bermejo. Un puesto en el que debutó con la acusación al tristemente célebre asesino de la baraja y del que se despidió, doce años más tarde, con la denuncia contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato.

El adiós a la fiscalía madrileña no estuvo sin embargo exento de polémica. El departamento de Anticorrupción, que ahora dirige, criticó la precipitación de la denuncia y defendió haber esperado a que la investigación de Hacienda hubiera avanzado más. Moix, de hecho, acabó solicitando la puesta en libertad de Rato horas después de ejecutar el registro en sus propiedades y proceder a su detención.

Bagaje polémico

Fue el último capítulo convulso de una historia larga. Moix fue partidario de calificar como falta y no como delito el incidente de Esperanza Aguirre en la Gran Vía, pese al criterio de la Audiencia Provincial que apreciaba desacato a la autoridad. Pidió investigar a los medios de comunicación que publicaron los correos electrónicos de Miguel Blesa relativos a su gestión al frente de Caja Madrid. Archivó las primeras denuncias sobre las irregularidades en la construcción de los campos de golf del Canal de Isabel II y dirigía la fiscalía que diseñó el «maravilloso» acuerdo que, según el empresario José Luis Aneri, acusado de estafar 17 millones de euros a los fondos de formación de la Comunidad, le permitió evitar la prisión a cambio de «no echar mierda» a la patronal ni acusar al Gobierno regional. Aneri ha vuelto a ser detenido en los últimos días.

Con ese bagaje llegó Manuel Moix a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde un período récord ha conseguido engordar ostensiblemente el catálogo de las polémicas.

Primero, tratando de frenar uno de los registros de la operación Lezo destinados a recabar información sobre operaciones efectuadas durante la época de Alberto Ruiz-Gallardón, con la intención de favorecer la división de investigaciones y evitar las macrocausas. Después, tratando de relevar a los fiscales del caso 3%, Fernando Bermejo, José Grinda y Juan José Rosa, en una decisión actualmente paralizada. Más tarde, fue acusado de distribuir a los medios de comunicación el escrito de los fiscales de Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, del que se interpretó que fue el secretario de Estado de Seguridad, Juan Antonio Nieto, quien filtró a los hermanos González que existía una investigación contra ellos.

El Gobierno le ha retirado en las últimas horas el apoyo público que ya le negaron hace tiempo PSOE, Podemos y C’s

El descubrimiento por parte de InfoLibre de su participación en una sociedad off-shore radicada en Panamá y heredada de su padre, que la creó a través de testaferros, ha servido para colmar un vaso que ya lucía rebosante. Desde hace semanas, tanto PSOE como Podemos han pedido insistentemente la reprobación del fiscal jefe Anticorrupción y las explicaciones del Fiscal General del Estado. Incluso Albert Rivera se sumó en las últimas horas a reclamar que fuera «otra persona» quien ocupase un cargo de tanta sensibilidad en las circunstancias actuales.

Este miércoles, fue el propio Gobierno quien se desentendió del futuro del fiscal. Lo hizo por medio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del propio presidente, Mariano Rajoy. Los tres evitaron respaldar públicamente a Manuel Moix y coincidieron en señalar que su continuidad «no es competencia del Gobierno» y que el fiscal jefe Anticorrupción «no es un cargo de confianza» de Moncloa. Tanto Catalá como Soraya se expresaron así menos de 24 horas después de que Rajoy, durante su viaje a Portugal y a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, respondiese que «sí» seguía confiando en Moix como responsable de la fiscalía especial.