El juez José de la Mata se ha negado a ampliar otros seis meses la investigación del caso Gürtel como le había pedido la fiscalía Anticorrupción. Por ello, este caso tendrá que terminar el próximo 6 de noviembre. En esta investigación quedan aún por instruir dos piezas, el caso Arganda y Boadilla del Monte y se han reabierto los llamados papeles de Bárcenas.

El caso Gürtel arrancó en febrero del 2009 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. A lo largo de los años esta instrucción se ha ido desgajando en piezas. El caso Fitur ya ha sido sentenciado por la Audiencia de Valencia y ha llevado a la cárcel a los principales cabecillas de esta trama de corrupción, el jefe Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, al haber sido condenados a penas de 13 y 12 años de prisión.

‘Caso Gürtel’

Además, la Audiencia juzga desde el pasado mes de octubre la primera pieza de esta trama de corrupción. En el banquillo se sientan 37 personas. Además, de los cabecillas también ocupan banquillo Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el ex parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo.

Esta vista está previsto que concluya después del verano. Antes, el 26 de julio, declarará como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar si conocía que las campañas municipales de los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda se financiaron ilegalmente.

Otra pieza que está pendientes de juicio es las irregularidades por la visita del Papa a Valencia en la que está implicado Juan Cotino, que fuera director de la policía.

Papeles de Bárcenas

También están a la esperar de ser enjuiciada los llamados papeles de Bárcenas que se reabrieron cuando ya se iba a celebrar la vista después de que Francisco Correa declarase en el juicio del caso Gürtel que cobró comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas que se repartía con Bárcenas.

El juez José de la Mata reabrió esta investigación, pero no ha logrado que ninguno de los afectados haya confirmado el supuesto cohecho. Un delito que fue descartado por la Intervención General del Estado que rechazó que los donativos pagados al PP por las principales constructoras fueran a cambio de la adjudicación de obra pública.

Las causas

Tras una creciente reforma, las investigaciones penales deben tramitarse en un plazo de seis meses que se puede prorrogar si las causas son complejas. El juez considera que no necesita más tiempo para terminar esta investigación y que con los cinco meses que quedan hasta que acabe el plazo es tiempo suficiente para decretar el cierre.

Esta decisión del magistrado es recurrible ante la sala penal. El magistrado ha adoptado la misma medida en relación a las investigaciones sobre la malversación de caudales públicos de la SGAE y Pescanova.