Fiscalizar también las fundaciones vinculadas a los partidos, dotarse de medidas coercitivas o disponer de información proveniente de la Agencia Tributaria para comprobar las cuentas de las formaciones. Éstas son algunas de las peticiones que ha reclamado este miércoles Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas encargado de pasar a examen a los partidos políticos en materia de financiación. Una batería de propuestas para las que ha pedido un «desarrollo legislativo» que dé amparo a las peticiones.

En una comparecencia en la Comisión Anticorrupción en el Parlamento, Álvarez de Miranda ha puesto el acento en la «preocupación» que le despiertan las fundaciones como un instrumento de los partidos políticos para «captar recursos» y ha pedido una reforma legal para ampliar sus competencias y poder fiscalizar las cuentas de estas fundaciones políticas, evitando así que se utilicen para financiar partidos al margen de la ley.

El Tribunal propone limitar las donaciones de las formaciones vinculadas a partidos políticos

El problema actual, ha explicado, es que en el caso de las fundaciones, el Tribunal sólo puede comprobar los gastos financiados por subvenciones públicas. Como posible solución, su presidente ha sugerido aplicar a las fundaciones los mismos requisitos exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones. Actualmente los partidos tienen prohibido recibir donaciones de personas jurídicas; sólo pueden recibirlas de personas físicas que “no sean parte de contratos públicos vigentes” y que no superen los 50.000€ anuales. A diferencia de los partidos, las fundaciones vinculadas a estos partidos, sí pueden recibir donaciones de cualquier persona o empresa sin límite.

El presidente de este órgano ha hecho hincapié en otro de los problemas que se encuentran a la hora de comprobar la limpieza financiera de los partidos: su incapacidad para corroborar la información facilitada por las propias organizaciones. «Si en sus cuentas se presenta alguna trampa, no salen de ahí», ha destacado Álvarez de Miranda, que ha asegurado que «el problema» es su orientación exclusiva hacia la financiación, criticando las restricciones de acceso a información.

Entre las propuestas, pedir más información a los partidos y contrastar los datos con la Agencia Tributaria

En este punto, ha destacado que «la única manera de encontrar irregularidades» es estudiar el gasto de los partidos, y no sólo sus vías de financiación. Sólo a con esa información adicional podrán «cruzar los datos» y encontrar «financiación no declarada» o presunta financiación irregular. Un trabajo que Álvarez de Mirando ha destacado que es «más cercano a la inspección que requiere de más personal cualificado y más tiempo».

Además, ha reclamado colaboración con Hacienda para hacer más comprobaciones sobre las cuentas aportadas por las formaciones. Así, ha apuntado que tendrían que hacer una «verificación de datos con los proveedores», para asegurar que los gastos de unos y la financiación de los otros coincide. Para esto, ha apuntado, sería necesario «disponer la información declarada de los proveedores a la Agencia Tributaria». El contraste de información permitiría observar si hay algún tipo de disfunción.

El presidente del Tribunal de Cuentas también ha reclamado incluir «medidas coercitivas» para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otras instituciones y poder cumplir sus funciones y para «no sólo establecer medidas sino verificar su aplicación». En este sentido, ha pedido desarrollar la legislación para limitar el gasto de publicidad electoral en función de los nuevos soportes, o evaluar la eficiencia del envío de sobres y papeletas electorales.

Además, ha pedido establecer una diferencia clara entre las aportaciones y las donaciones y ha reclamado regular de forma «detallada» las nuevas formas de financiación, en especial las «operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos» -que utilizan formaciones como Podemos-, cuya fiscalización, ha dicho, para comprobar que cumple las condiciones para su devolución.