El número tres del Gobierno de la Generalitat, Raul Romeva, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional que, tal como avanzó El Independiente, prohíbe la denominación de Asuntos Exteriores para su consejería es un debate «nominal y estético» pero no afecta a las competencias de la Generalitat, por lo que ha garantizado que seguirán haciendo acción exterior. Sin embargo, Romeva obvia así la primera sentencia del TC sobre su gestión, en la que se anulan todos los artículos de la Ley catalana de Acción Exterior que implican el ejercicio de la diplomacia por parte de la Generalitat, sentencia de la que deriva la hecha pública ayer y que Romeva ha ignorado voluntariamente durante estos seis meses.

El ejemplo más claro de la renuencia de Romeva a acatar la sentencia del 22 de diciembre es la continuidad del Diplocat, o Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, que ha mantenido invariable su rumbo como principal agente promotor de la independencia catalana en el exterior, pese a la advertencia del Constitucional. Las últimas actividades del Diplocat, presentes en su página web, una jornada titulada #CatBrexit o la organización del debate titulado «¿Cataluña puede convertirse en el próximo estado de Europa?» en el Folkemødet danés.

La sentencia del Constitucional anula los preceptos de la Ley catalana de exteriores referidos a la «Diplomacia pública de Cataluña», «Diplomacia cultural de Cataluña», «Diplomacia económica de Cataluña» y «Diplomacia deportiva de Cataluña» y deja claro que la Generalitat no tiene competencias diplomáticas y debe limitarse a la promoción exterior en el ámbito de sus competencias. Es decir, puede hacer promoción turística, industrial o cultural, todas ellas competencias recogidas en el Estatut, pero siempre en coordinación con el Gobierno y desde la lealtad al Estado. Algo que no se cumple en el programa del Diplocat.

Así lo ha denunciado Ciudadanos, cuya portavoz de Exteriores, Susana Beltran, ha preguntado al Govern cuando y cómo piensa acatar la sentencia del TC en este ámbito. La respuesta de Romeva fue argumentar que la anulación los artículos «no tiene aplicación práctica» y no afecta por tanto a la estructura de Exteriores ni a la acción del Diplocat.

Organismo de promoción separatista

«La sentencias de Constitucional son declarativas, es la Generalitat la que tiene que ejecutar la sentencia» apunta Beltrán, que define el Diplocat como un «organismo de promoción separatista y de un nuevo 9N». Por ello, C’s defenderá hoy una resolución en el Parlament en la que exige al ejecutivo catalán que acate esa sentencia y convierta al Diplocat en un organismo adaptado al marco competencial de la Generalitat, aunque Beltrán reconoce sus escasísimas expectativas de que sea aprobada, dada la mayoría independentista que suman JxS y la CUP.

En su propuesta, C’s «insta al Govern de la Generalitat a adaptar los estatutos de creación, estrategias, funciones y actividades de Diplocat al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional» sobre la Ley catalana del exterior y recuerda que el alto tribunal entendió en su momento que las labores diplomáticas que se atribuía la Generalitat con la Ley catalana de exteriores son «un conjunto de actuaciones con incidencia exterior, no vinculadas al ejercicio de competencias autonómicas». Asimismo, consideró que dicha ley no respeta la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, ni las funciones de dirección de la política exterior que según el art. 97 CE corresponden al Estado.

Diplocat, cuya denominación oficial es Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, tiene como principal misión ejercer la diplomacia pública de Cataluña en distintos ámbitos (diplomacia deportiva, diplomacia cultural, diplomacia económica). En concreto, los estatutos de creación de Diplocat han previsto, entre otras disposiciones, seis objetivos estratégicos que incluyen:

«Dar apoyo a la estrategia de diplomacia pública del Gobierno de Cataluña; Impulsar la participación de la sociedad civil catalana en las actividades de diplomacia pública; Fomentar la formación en diplomacia pública con el fin de sensibilizar y la capacidad de internacionalización de la sociedad catalana». Unas funciones que para C’s «vulneran» el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional.

En resumidas cuentas, como recuerda Beltrán, Romeva ya dejó claro cuando tomó posesión como Conseller de Exteriores que «su misión era transformar su departamento en el ministerio de exteriores de la futura república catalana». Un objetivo que difícilmente puede encajar en la Constitución o el Estatuto.