El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la decisión del Senado que el pasado mes de agosto impidió la constitución del grupo parlamentario catalán al alegar que el mismo quedaría reducido a cuatro senadores tras su creación. Los magistrados sostienen que este acuerdo ha vulnerado el derecho de los parlamentarios y de los ciudadanos “a participar en los asuntos públicos”.

Los hechos se remontan a los acuerdos de la mesa del Senado del 1 y 4 de agosto del pasado año cuando se denegó la constitución de este grupo. Los parlamentarios afectados recurrieron esta medida ante el TC que finalmente les ha dado la razón.

Los jueces explican que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. Por ello, sostienen que este derecho quedaría “vacío” de contenido o sería “ineficaz” si el representante político “se viese privado” de ejercer este derecho.

Interpretación restrictiva

Los togados explican que para evitar esta perturbación es necesario que las interpretaciones que se hagan de los reglamentos no sean restrictivas para “que no supongan una limitación” al derecho de los representantes de los ciudadanos a ejercer “su cargo y también el de estos a participar en los asuntos públicos”.

Además, el TC analiza si la pretensión del grupo catalán cumplía con los requisitos para constituirse en dicho grupo y consideran que cumplieron los plazos y que la petición fue suscrita por 10 senadores “que no formaban parte de ningún otro grupo parlamentario”.

Asimismo, los togados subrayan que existe “un uso parlamentario” en el que es “habitual el préstamo de senadores pertenecientes a partidos distintos para alcanzar el requisito numérico de 10 senadores”. Y que esta facultad se ha utilizado “con profusión” en otros periodos legislativos.

Reproches del tribunal

Por ello, el tribunal reprocha al Senado que haya denegado la creación de este grupo al aplicar “de forma prematura” a un grupo “non nato” una causa de disolución al presumir que una vez constituido “seis de sus miembros se darían de baja para integrarse en otros grupos parlamentarios”.

También recrimina a la mesa de la cámara alta que no hayan tenido en cuenta que los senadores que querían formar este grupo se comprometieron a mantenerse en el mismo tras su constitución.

Por estos motivos, anula estos acuerdos y ordena al Senado la creación de esta grupo parlamentario para evitar la vulneración del derecho constitucional a participar en los asuntos públicos.