La fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a los jueces de este tribunal que confirmen la inhabilitación de Artur Mas por el 9-N al rechazar todos los motivos alegados por el ex president contra la sentencia que le castigó por desobedecer la suspensión de la consulta acordada por el Tribunal Constitucional.

La fiscalía rechaza que la pena de dos años de inhabilitación alcance solo al ejercicio de cargos públicos en Cataluña y sostiene que Mas durante este periodo no puede concurrir a ninguna elección nacional, autonómica, local o al parlamento europeo.

Multa

También da por buena la multa de 36.000 euros que se le impuso al sostener que es proporcionada a su situación económica. Y subraya que Mas quiso imponer “su voluntad” frente a la suspensión del TC.

La fiscalía en su escrito reitera que “no existe un derecho a participar en un proceso de votación” cuando el TC ha suspendido dicha votación.

El ministerio público también rechaza cambiar las condenas a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau que fueron condenadas, respectivamente, a 1, 9 meses de inhabilitación y a un año y medio de inhabilitación.

El fiscal solo abre la puerta a que Rigau pueda ser condenada como coautora del delito de desobediencia y no como cooperadora necesaria. Una modificación que no afecta a la pena, ya que ambas conductas están castigadas igual.

El Tribunal Supremo aún no ha fijado la fecha para revisar esta sentencia, pero lo más probable es que asuma el criterio de la fiscalía. Y es que la sala penal condenó a 13 meses de inhabilitación a Francesc Homs, ex conseller de presidencia, por los mismos hechos en una sentencia que es firme.