"La Monarquía es heredera del fascismo, por eso el Borbón no quiere hacer justicia" con las víctimas "ayer lo volvió a demostrar". Todo el esfuerzo de conciliación de los partidos catalanes para pactar una Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo parecía saltar por los aires con la intervención de la portavoz de la CUP, Mireia Boya, en el debate de aprobación del texto, que finalmente ha recibido el apoyo unánime de todo el Pleno del Parlament. "Este país -Cataluña- no tiene rey ni miedo" ha insistido Boya a pocas horas de que el Rey aterrice en Cataluña para presidir la entrega de los premios Princesa de Girona.

Boya ha asegurado además, en contra de lo defendido por los ponentes de C's, PP y PSC, que la ley aprobada hoy por el Parlament "es un acto de ruptura con el régimen del 39 y el del 78, que es su heredero; hoy el Parlament ejerce su soberanía por encima de la pantomima de la Transición, una Constitución cuestionada y una Ley de Memoria Histórica insuficiente". La diputada anticapitalista ha augurado que en la futura república catalana los responsables de los crímenes franquistas serán juzgados y ha mostrado la auténtica motivación de la CUP en esta iniciativa al señalar que "si nos dicen que esta ley es inconstitucional, cogeremos la sentencia y la romperemos".

Por contra, tanto el portavoz de C's Matías Alonso como el popular Fernando Sánchez han defendido el texto como "un paso más en el camino de la reconciliación" que abrió la transición. El segundo ha reclamado además tanto a la ex Convergencia como a ICV, herederos del PSUC "un poco de respeto por sus compañeros, que fueron padres constituyentes", cuando hablan de la Transición como el mantenimiento del "búnker" franquista.

Condenamos el golpe de Estado, la dictadura y la represión de nuestra cultura catalana. ¿He sido suficientemente claro?" ha defendido el popular Fernando Sánchez

"Condenamos el golpe de Estado, la dictadura y la represión de nuestra cultura catalana. ¿He sido suficientemente claro?" ha proclamado el portavoz popular al inicio de su intervención para desmentir la identificación constante que las fuerzas nacionalistas hacen entre PP y franquismo. Pero ha continuación ha reclamado al Govern una recuperación de la "memoria plural" y ha reivindicado la Transición como la victoria de quienes "renunciaron a los maximalismos para defender salidas realistas" en clara contraposición a la situación actual. Puestos a hacer memoria, ha concluido "nos quedamos con el Companys que en el 36 invitaba a hacer de Cataluña un ejemplo de convivencia, y nos olvidaremos de otras facetas".

Ley aprobada por unanimidad

El Parlamento catalán ha aprobado por unanimidad la Ley de la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, un texto que básicamente declara "ilegales" los tribunales militares del régimen franquista y anula, por tanto, todas las sentencias de esos tribunales. Un total de 63.961 consejos de guerra del instruidos por los tribunales de la Auditoría de Guerra de la IV Región Militar, entre el 5 de abril de 1938 y diciembre de 1978.

En su exposición de motivos, el texto que aprobará esta tarde el Parlament por unanimidad señala que "en atención a las víctimas y sus familiares es necesario que una norma con rango de ley constate y declare efectivamente la nulidad de todos esos procedimientos, que se pueden calificar de farsa, y de las sanciones y condenas de graves consecuencias que se derivan". Un reconocimiento que el ponente del PP en esta ley, Fernando Sánchez, sitúa en el ámbito del resarcimiento moral, como "un paso lógico dentro del espíritu de la transición, desarrollando ese espíritu de reconciliación" de los primeros años de la democracia.

Juicio a Companys

Se trata, en todo caso, de una norma en la que sus promotores, JxS, la CUP y CSQP, ven la vía para alcanzar el viejo objetivo de anular legalmente el juicio al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, un juicio sumarísimo que el PP considera anulado por la jurisprudencia posterior. La ley que hoy aprobará el Parlament "reconoce que esos juicios son nulos de acuerdo con la Ley de memoria histórica y la Constitución" asegura Sánchez, quien recuerda que "la Fiscalía y el Tribunal Supremo ya han dicho que esos tribunales han sido expulsados del ordenamiento jurídico, por tanto ya se pueden considerar nulas sus sentencias".

Un argumento que el catalanismo nunca ha aceptado como válido. Por eso la ley señala en su artículo único que "de conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye tanto normas de derecho internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra por ser contrarios a la ley y vulnerar los más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y en consencuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista".

Se trata de la primera vez que los populares secunden una ley de este tipo, dado que abstuvieron en la votación de la Ley de memoria histórica, aunque como recuerdan en el PPC, es la tercera votación en defensa de las víctimas que secundarán esta legislatura. Una evolución en la postura del PP catalán que se explica en gran parte por la necesidad de zafarse de los intentos de los nacionalistas de indentificar al PP con un partido franquista.

Sin embargo, esta postura puede poner en aprietos al PP en el Congreso, especialmente si C's mantiene allí el apoyo a un texto que tiene el apoyo garantizado de PSOE, Podemos y todos los partidos nacionalistas.