La empresa editora del periódico La Razón, Audiovisual Española 2000 SA, enmascaró como colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y análisis del mercado audiovisual nacional e internacional los servicios facturados a ZED Worldwide SA -la empresa matriz controlada por los Pérez Dolset- cuando en realidad le estaba cobrando su influencia ante administraciones públicas para que le otorgaran subvenciones al grupo tecnológico ahora bajo investigación.

Así lo expone la Fiscalía Anticorrupción en la querella presentada contra el fundador y máximo accionista de ZED y otras 18 personas, entre ellas el presidente de Audiovisual Española 2000: el abogado y ejecutivo barcelonés Mauricio Casals. El Ministerio Público y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que se acaba de reincorporar el magistrado Manuel García Castellón, investigan irregularidades en la insolvencia punible de este grupo.

Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 23 de julio de 2013, Audiovisual Española 2000 SA emitió siete facturas a ZED Worldwide SA por un importe total de 2.125.000 euros. Los fiscales llaman la atención sobre el hecho de que las facturas no tuvieran como justificación servicios de publicidad por inserciones en el diario sino conceptos «amplios o indeterminados». A modo ilustrativo, detallan el caso de una factura fechada el 15 de noviembre de 2010 por 472.000 euros y abonada mediante cheque bancario. En el concepto puede leerse: «2 semestre del 2010. Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía móvil e internet».

Una de las facturas emitidas por la empresa editoria de 'La Razón' a ZED Worldwive.

Una de las facturas emitidas por la empresa editoria de ‘La Razón’ a ZED Worldwive. EL INDEPENDIENTE

Anticorrupción aprecia «indicios objetivos» de que la empresa editora de La Razón cobró este dinero en verdad «por la intervención de Mauricio Casals» en favores para ZED porque no existe «una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas». Además de su presidente, la investigación señala también a Audiovisual Española 2000 como persona física.

Para llegar a esta conclusión, los fiscales se basan en gran parte en el propio testimonio de Javier Pérez Dolset, que declaró que todas las labores para la obtención de financiación pública -69,2 millones de euros entre 2010 y 2016 entre subvenciones y préstamos a bajo interés, de los que al menos 10 podrían haberse desviado a cuentas de Pérez Dolset– se realizaron «bajo el asesoramiento del Grupo Planeta», accionista de referencia de La Razón. El principal investigado desveló que Casals tenía la función de «mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para obtener la aprobación de las concesiones de ayudas».

Anticorrupción considera que no hay una prestación de servicios que justifique los 2,12 millones cobrados por ‘La Razón’

«De la documentación aportada a las diligencias por Javier Pérez (correos electrónicos y facturas) se infiere que este cometido se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals, el cual ofrecía para este fin su influencia política a través de sus supuestos contactos y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta [ambas cadenas controladas por el Grupo Planeta, accionista de ZED Worldwide con un 20%], y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita», detalla la querella.

Por estas labores de «asesoramiento y relaciones institucionales» orientadas a la obtención de ayudas públicas, ZED abonó a Audiovisual Española 2000 la suma de 2,12 millones de euros en menos de cuatro años. Los investigadores han constatado una «importante discrepancia» entre las cantidades declaradas por ambas partes en 2012. Mientras ZED dijo a la Agencia Tributaria que había pagado 177.000 a la citada empresa editora, ésta reconoció haber cobrado 717.280 euros. «Ninguna de estas cantidades cuadra con la incluida en la tabla aportada por Javier Pérez y que señala que en ese año se habrían realizado pagos por importe de 354.000 euros. La suma de las cuantías recogidas en las facturas emitidas por Audiovisual Española 2000 aportadas por Javier Pérez asciende a 1.661.000 euros», explican los fiscales.

Información privilegiada

Mauricio Casals estuvo imputado durante unos días en el marco del caso Lezo por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara a Edmundo Rodríguez Sobrino, el primer ejecutivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica y hasta su ingreso en prisión preventiva consejero delegado de la editora de La Razón. El juez Eloy Velasco acordó el sobreseimiento de las actuaciones sobre el presidente de Audiovisual Española 2000 después de que los testigos no acreditaran las supuestas coacciones sufridas.

En un comunicado, La Razón ha asegurado que «ni su presidente han participado en modo alguno en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones, ni directa ni indirectamente», al tiempo que ha anunciado su disposición para «colaborar con la Justicia en todo momento».

La Fiscalía Anticorrupción investiga también si Pérez Dolset tenía contactos en ministerios que les proporcionaban información de las convocatorias «antes de que éstas se publicasen en el BOE [Boletín Oficial del Estado]». «Estos mismos contactos se utilizaron igualmente para las revisiones a posteriori del estado de ejecución de los proyectos», precisa la querella. El coordinador de la cartera de proyectos de ZED y querellado, Teófilo R.P., señaló a un alto cargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -A.A.M.- como la persona «bajo cuyo paraguas» se hacían dichas revisiones.