La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha mostrado categórica ante la andanada independentista que, a su juicio, demuestra que éstos están "cada vez más solos" y con "más miedo a asumir sus responsabilidades". La número dos del Ejecutivo ha hecho estas consideraciones durante una reunión del Grupo Popular en el Congreso, que esta tarde afronta la crucial votación del techo de gasto.

Entiende la "ministra para Cataluña" que la dinámica en que ha entrado la Generalitat respecto a los que no comparten sus decisiones "tiene poca cabida en una democracia" y ha recordado como un día presionan a los medios de comunicación y otro a aquellas fuerzas políticas que no respaldan sus tesis, como pasó este mismo fin de semana con la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,  aunque no ha habido ninguna mención explícita a la misma.

Se ha perdido la neutralidad institucional que es una obligación de cualquier gobierno"

Todo ello acompañado de procedimientos que se saltan la norma parlamentaria como no pasar los textos por la cámara autonómica, hacer tramitaciones express o no dar a conocer el contenido de sus borradores como pasa con la llamada ley de Desconexión o con la del Referéndum. "Se ha perdido completamente la neutralidad institucional que es una obligación de cualquier gobierno y que, en función de la Ley de Transparencia supone una infracción disciplinaria muy grave", ha proseguido.

Sin hacer ninguna alusión a la llamada "operación dialogo", que Moncloa se niega a dar por fenecida, ha recordado ante los parlamentarios populares cómo se ha convertido en tónica la presión sobre los funcionarios e interventores "a los que ponen como escudos".  El objetivo de los responsables políticos catalanes, es, según Santamaría, "no tomar ninguna decisión" que les pueda acarrear pena o sanciones, desplazando esa responsabilidad a otros.

De los voluntarios a a los interventores pasando por los alcaldes

El 9-N de 2014 intentaron pertrecharse tras los voluntarios y ahora,"para no asumir la responsabilidad de sus propios actos"  presionan a los ayuntamientos.

Tras afirmar categórica que no habrá ninguna consulta el 1 de octubre, ha eludido referirse a los mecanismos de los que se servirá el Gobierno para frenar el desafío salvo el del Tribunal Constitucional, que en sentencia del 14 de febrero dijo que cualquier acto de preparación del referéndum era ilegal. En definitiva, la vicepresidenta ha recordado que el independentismo no solo vulnera toda la legalidad internacional, sino también la constitucional y la estatutaria.

El PSOE "vota 'no' al gasto social y a la oferta de empleos público"

Por lo demás, ha aludido a la votación del techo de gasto y recriminado al PSOE que esta vez no lo respalde. "Cuando algunos hoy aprieten el botón del 'no' deben ser conscientes que están votando que 'no' a algo que respaldaron para 2017 y que ahora supone, por ejemplo, que las comunidades puedan  dedicar una décima más de déficit a gasto educativo", es decir, " 1000 millones" o una oferta de empleo público que supondrá que se incorporen a la administración 28.000 personas. Entiende la vicepresidenta que "uno debe ser coherente en su vida política, no se pueden aprobar una cosa un año y no al año siguiente. El ejercicio de coherencia lo valoraran los ciudadanos".