El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Guardia Civil que acuda al Parlamento catalán, al Palau de la Generalitat, la Consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para recabar documentos de adjudicaciones públicas que habría amañado el ex dirigente del PdeCAT, Germá Gordó, dentro de la trama del 3%.

El juez que instruye la querella contra Germà Gordó en el TSJC, Carlos Ramos, ha ordenado esta operación para recabar información previa al interrogatorio al que someterá al propio ex consejero de Justicia el próximo lunes. Pero la operación ha derivado a media mañana en una guerra informativa entre la Generalitat y la Guardia Civil, cuando la primera ha anunciado que había impedido el acceso de los agentes del Instituto Armado al Palau de la Generalitat.

A primera hora de la mañana ocho agentes de la Guardia Civil ha accedido al Parlamento catalán, en un registro que ha dirigido en persona el fiscal anticorrupción José Grinda y que tenía por objeto acceder al buzón de correo electrónico de Gordó como diputado autonómico.

A las 10.45 otros cinco agentes han llegado al Palau de la Generalitat para requerir información sobre la agenda de Gordó, pero no han podido pasar de la sala de espera de las visitas del Palau por expresa prohibición del conseller de la Presidencia, Jordi Turull, según han afirmado fuentes del Departamento de Presidencia.

Poco después del mediodía, una vez concluido el registro en el Parlament, el fiscal Grinda se ha personado en el Palau de la Generalitat, donde fuentes de la Guardia Civil han asegurado que sus agentes han entrado en calidad de Policía Judicial, bajo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Unas órdenes en las que según algunas fuentes los agentes del Instituto Armado debían requerir dos documentos referidos a la época de Gordó como secretario del Govern de la Generalitat, entre 2011 y 2013, el libro de visitas -que ya reclamó en su momento el juez de El Vendrell que instruye la causa original del 3% por indicación del TSJC, y la Generalitat se negó a entregar- y la relación del apoyo administrativo que tenía.

No se trataría por tanto de una orden de registro, lo que ha permitido a los responsables de la Generalitat impedir el acceso a todos sus archivos y ser ellos quienes entreguen la información, según han explicado fuentes del Gobierno catalán. Un proceso que todavía continúa, bajo supervisión de nuevo del fiscal anticorrupción.

Agentes de la Guardia Civil han recabado información también de las actividades de Gordó en la sede del Departamento de Justicia -donde los actuales responsables han asegurado que no existía un registro de visitas al conseller en ese periodo y se han limitado a entregar la agenda de actos oficiales de Gordó como conseller de Justicia- y el CTTI. El operativo desplegado esta mañana tiene como finalidad detectar donaciones ilegales a la caja B de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC).

La ex presidenta del Parlament y ex dirigente de Unió, Núria de Gispert, se ha sumado a la polémica al publicar un comentario en twitter en el que asegura que ella no habría dejado entrar a la Guardia Civil en la Cámara catalana. Un reproche directamente dirigido a su sucesora, la independentista Carme Forcadell.  “Que entren en el Congreso que tienen mucho más trabajo”, afirma.

 

TSJC y Fiscalía Anticorrupción

El dispositivo está bajo la supervisión del TSJC y la Fiscalía Anticorrupción, y está dentro de la investigación judicial contra Gordó que se abrió el 1 de junio ante las pruebas y testimonios que lo implicarían en el caso del 3% por la presunta financiación ilegal de CDC. El ex secretario del Govern entre 2010 y 2012, y ex consejero de Justicia entre 2012 y 2016, está imputado por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ya estaba citado el próximo 24 de julio en sede judicial para declarar.

La investigación de la Guardia Civil tiene como punto inicial las cuatro licitaciones en las que Gordó, mano derecha de Artur Mas, podría haber intervenido para lograr que las administraciones controladas por CDC amañaran contratos para favorecer a donantes del partido.

El TSJC admitió el pasado abril las imputaciones contra Gordó, después de tres intentos por parte del Juzgado de Instrucción de El Vendrell que instruye la investigación sobre la trama del 3%, y este proceso es el que ha permitido indagar en el papel del ex consejero y ex gerente del partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

Las “mordidas” de Gordó

El auto del TSCJ señala que mientras fue gerente de CDC y miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Infraestructures, “llevó a cabo, presuntamente junto a otras personas, una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración autonómica catalana, como contraprestación de dicha adjudicación, para la culminación de la cual terciaba el señor Gordó directa o indirectamente ante las autoridades responsables de su decisión, la realización de cuantiosas donaciones a dos Fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona”.

El relato de los hechos apunta a que el diputado logró, con su intervención, que, por ejemplo, la empresa Copisa donase 100.000 euros a esas fundaciones “a cambio de la adjudicación por el Consorcio de Educación de Barcelona a dicha empresa del contrato de obras de mantenimiento de diversos edificios escolares públicos (…) por un importe de 4.735.862 euros (…); y, por otro lado, a cambio de la adjudicación por la Autoridad Portuaria de Barcelona, a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Copisa junto a otras (Comsa, Acsa, Benito Arnó), del contrato de obras para refuerzo del talud del manto principal del dique este del Puerto de Barcelona (…) por un importe estimado de 39.603.138,83 euros”.

Gordó también logró donaciones de la constructora Pasquina por un monto de “al menos” 147.000 euros entre los años 2015 y 2015 a cambio de la adjudicación de obras públicas en carreteras por valor de más de 2,1 millones de euros. Esta empresa consiguió, asimismo, adjudicaciones del departamento de Territorio y Sostenibilidad por más de 7,2 millones.

Tras las operaciones judiciales en el marco del sumario del 3%, se incautaron “agendas y libretas con anotaciones manuscritas”, así como otros documentos que apuntan a que antes de las adjudicaciones de obras, se realizaban reuniones de los responsables de las compañías adjudicatarias tanto con el tesorero de Convergència, Andreu Viloca -implicado también en el Caso Palau- como con Gordó. Y, tras las adjudicaciones, se producían altruistas y generosas ‘donaciones’ a las fundaciones de Convergència.