La Fiscalía Anticorrupción rebajará sustancialmente la petición de pena al ex tesorero de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) Andreu Viloca si colabora y cuenta la verdad en la investigación con la que trata de esclarecer si esta formación política se financió irregularmente con donaciones a cambio de adjudicaciones públicas. El avance de la instrucción está dejando al descubierto que Viloca, uno de los 18 detenidos por la Guardia Civil en la redada llevada a cabo el pasado 2 de febrero, era un actor clave en la trama corrupta del 3%.

Fuentes del caso han confirmado a El Independiente la existencia de contactos preliminares entre el Ministerio Público y el ex tesorero convergente, que no descarta alcanzar un pacto con la Fiscalía conforme avance la investigación para ver atenuada la petición de pena a la que con seguridad se tendrá que enfrentar cuando el juez de El Vendrell dé por cerrada la instrucción y las acusaciones presenten informes de conclusiones provisionales antes de elevar el caso para que se enjuicien los hechos. Viloca valora esta opción mientras recibe presiones para que no cuente a los investigadores todo lo que conoce, según las mismas fuentes.

La posibilidad de acercamiento con el Ministerio Público es la que ya está explorando Félix Millet -el principal procesado en el caso Palau de la Música, también relativo a la financiación irregular de Convergència- después del pacto alcanzado por su mano derecha Jordi Montull, dispuesto a confesar el desfalco y la financiación irregular del partido para eludir la prisión.

El ex tesorero de Convergència ya ha mantenido contactos preliminares con los fiscales del ‘caso 3%’

Los investigadores tienen la convicción de que Andreu Viloca no se quedaba con dinero de las donaciones que recibía el partido -vive en una casa modesta- y que se limitaba a ejecutar las órdenes que recibía. Descartan así que el ex tesorero de CDC actuara por su cuenta y que fuera la cúspide la trama, situando en un peldaño por encima al ex consejero de Justicia de la Generalitat, mano derecha de Artur Mas y actual diputado autonómico de Junts pel Sí  Germà Gordó.

Éste goza de aforamiento, por lo que si el instructor encuentra indicios tendría que elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que lo investigue y, llegado el caso, lo enjuicie. Por ahora, Viloca es la persona que ha desempeñado un cargo más alto dentro de la estructura de CDC -llegó a la tesorería del partido a finales de noviembre de 2010 en sustitución de Daniel Osàcar, cuando éste ya estaba en el punto de mira de la Fiscalía por el caso Palau– que ha sido imputada en la causa del 3%.

Desde que arrancó la investigación del caso, Viloca ha sido ya detenido en dos ocasiones por la Guardia Civil. La primera vez fue el 21 de octubre de 2015 acusado de la comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partido político, alteración en subastas y concursos públicos y delito continuado de falsedad de documentos mercantiles. Estuvo en prisión preventiva hasta el 11 de noviembre de aquel año, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona decretó su libertad bajo fianza de 250.000 euros. Ese mismo día el partido depositó un cheque por  importe de dicha cantidad y Viloca abandonó la prisión barcelonesa de Cuatro Caminos.

La segunda vez tuvo lugar el pasado 2 de febrero, en el marco de la operación Pika. El ex tesorero fue uno de los 18 arrestados en esta redada, quedando en libertad con cargos al día siguiente tras negarse a declarar ante los agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Tarragona.

Los investigadores creen que el ex tesorero ejecutaba órdenes y no se ha enriquecido

La documentación intervenida en las entradas y registros de CDC y de su fundación Catdem ponen de manifiesto la «relación directa» que mantenía Viloca con empresarios que pagaban mordidas inmediatamente después de recibir contratos públicos. Los investigadores han llamado la atención sobre el «especial y anómalo seguimiento» que el tesorero realizaba de las licitaciones y adjudicaciones realizadas por administraciones públicas -ayuntamientos, diputaciones e incluso la empresa autonómica GISA- gobernadas por Convergència.

Cuando registraron su despacho en CDC en agosto de 2015, los agentes no sólo encontraron documentos triturados en una destructora de papel que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil pudo reconstruir sólo parcialmente. Del disco duro de su ordenador también pudieron extraer documentos «de sumo interés» para la causa, como listados de empresas que efectuaban donaciones de forma sistemática. También tenía en su poder listas de adjudicaciones de obras y servicios por parte de administraciones controladas por CDC.

Consta también una tarjeta de visita en la que un empleado de la empresa Pisan le escribe en el anverso a Viloca para que mediara en licitaciones a favor de esta compañía. «Te hago llegar los concursos a los que nos hemos presentado y no hemos tenido suerte, y a los que aspiramos tener más suerte. Que quedemos pronto», le escribe en catalán.

Anverso de una tarjeta de visita en la que un empleado de Pisan requiere la mediación de Andreu Viloca. EL INDEPENDIENTE

El análisis de la agenda del correo electrónico de Viloca ha permitido también a los investigadores constatar las reuniones que el tesorero mantuvo con directivos de empresas adjudicatarias de licitaciones convocadas por administraciones gobernadas por CDC y reconstruir cómo se producía la secuencia temporal: se anunciaban los concursos, Viloca se reunía con los empresarios, se consumaba la adjudicación del contrato y, acto seguido, tenía lugar la donación.

Administrador de la Fundación CatDem y tesorero de CDC y de las funciones Fórum Barcelona y Nous Catalans, el rol desempeñado por el ex tesorero de Convergència queda claramente de manifiesto en los informes aportados al caso tanto por la Guardia Civil -a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona- como por la Fiscalía Anticorrupción.

La instrucción acredita reuniones de Viloca con empresarios justo antes y después de las adjudicaciones

En uno de estos informes, fechado el 20 de octubre de 2015, se describe con todo detalle cómo funcionaba la operativa de las presuntas comisiones. Los investigadores lo ilustran a través de seis casos, entre ellos el denominado caso TEC-4, sumamente explícito, y referido a la adjudicación de un concurso de asistencia técnica para la redacción de un proyecto sobre la nueva estación del AVE Barcelona-Francia para el aeropuerto de Gerona, finalmente concedido a la empresa Tec-4.

El informe de la Fiscalía recoge «dos reuniones entre el Sr. Viloca y D. Antonio García Bragado (representante de la empresa); una, inmediatamente anterior a la adjudicación y, otra, inmediatamente posterior a la misma». «Al día siguiente de esta última reunión», abunda el escrito, «se produce un ingreso por importe de 50.000 euros a la Fundación CatDem, por parte de la empresa adjudicataria del concurso».

Este mismo esquema es el que se sigue en por lo menos cinco casos más y el que permite a los investigadores establecer el patrón en el que se sujeta la trama, que no circunscriben a los años 2010 y 2011, sino que extienden hasta la actualidad. El detalle que permite hacerlo es un documento triturado por Viloca justo antes del registro de su despacho, y después reconstruido, en el que aparecían las palabras Romero, conectado a uno de los casos de adjudicaciones, y ESCOLA, que permite conectar el documento con la adjudicación de la construcción de una escuela pública que, en esas fechas (verano de 2015), gestionaba la empresa GISA. Se ha acreditado, además, que tres días antes del registro se produjo una reunión entre el director de este organismo, Josep Antoni Rosell, y el propio Viloca.