Los investigadores de la trama del 3% están decididos a que la responsabilidad del caso no acabe en Andreu Viloca, ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, detenido el pasado 2 de febrero en el marco de la operación Pika y que ya ingresó en prisión por este mismo caso en el año 2015. Los informes de la Guardia Civil y los escritos de la Fiscalía Anticorrupción presentes en la instrucción de la causa, cuyo secreto parcial se levantó la semana pasada, prueban que Viloca ejercía un «especial y anómalo» seguimiento de las adjudicaciones públicas y ponen en evidencia «la relación directa» entre el ex tesorero y los empresarios que, según la investigación, financiaban posteriormente a CDC a través de donaciones que solían coincidir con cifras cercanas al 3% del valor del contrato adjudicado.

Sin embargo, los responsables de la investigación no creen ni que Viloca actuara por su propia cuenta y riesgo, ni que el detenido fuera la cúspide de la trama. Apuntan más arriba e insistirán en los próximos días en la apertura de investigación a Germà Gordó, ex gerente del partido, ex consejero de Justicia de la Generalitat, mano derecha de Artur Mas, actual diputado autonómico de Junts pel Sí y, por tanto, aforado.

El juzgado de El Vendrell volverá pedir que el TSJC investigue al aforado Gordó, después de rechazarlo en enero

Esa circunstancia requiere que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el órgano que lo encause y no Josep Bosch, el magistrado del juzgado de El Vendrell que instruye el caso. Bosch ya propuso la apertura de investigación a Gordó el pasado 14 de diciembre tras recibir el informe de la Fiscalía, aunque el TSJC rechazó su exposición razonada el 11 de enero argumentando que el escrito del juez caía «en ciertas inconcreciones e imprecisiones», según informó el diario El Mundo.

En esencia, los informes aportados por la Fiscalía y la Guardia Civil, condensados por el juez en su escrito al TSJC, detallan que Viloca no siempre se reunía a solas con los empresarios que después donaban a las fundaciones afines a CDC (CatDem, Fórum Barcelona y Nous Catalans, principalmente). En muchas ocasiones, en esas reuniones también estaba presente el propio Gordó, así como Josep Antoni Rosell i Polo, entonces director de la empresa pública de contratación GISA y también investigado en la trama.

Pese a aportar registros de esas reuniones, que coinciden en fechas con adjudicaciones y posteriormente con donaciones, el alto tribunal catalán rechazó la investigación de Gordó restando peso a los hechos aportados. Afeaba el TSJC que el juez no demostrase para qué servían las reuniones y señalaba que en algunos casos las fechas de estos encuentros y las posteriores donaciones se encontraban alejadas en el tiempo. En suma, devolvía el escrito al juzgado de El Vendrell solicitando mayor concreción en las acusaciones.

Las detenciones de la operación Pika y las declaraciones de los empresarios han puesto el foco sobre la mano derecha de Mas

Los investigadores no han abandonado esa tarea y, tras la operación Pika llevada a cabo el pasado 2 de febrero, cuando la Guardia Civil detuvo a 18 personas relacionadas con el caso, creen haber encontrado esa concreción. La apoyan, además, en las declaraciones de la semana pasada ante el juez Bosch de varios de los empresarios detenidos, que admitieron utilizar dos alias para referirse a Gordó (Gerardo y Gregorio), al que los fiscales, según recoge el auto del TSJC reproducido por el citado diario, consideran «el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y con el partido CDC».

Esta nueva petición de investigación estrecha el cerco sobre Gordó, que en numerosas ocasiones ha negado su relación con la trama, pero también sobre la Generalitat, de la que formaba parte, y de la cúpula del partido, de la que era parte esencial. Durante mucho tiempo, el ex consejero de Justicia ha sido mano derecha del ex presidente Mas, hasta el punto de que un testigo protegido relató la semana pasada que acudió a una reunión en la que ambos estuvieron presentes y, en el transcurso de la cual, Mas, refiriéndose a Gordó, habría llegado a expresar: «Tienes que hacer lo que éste te diga».

Así funcionaba la trama

Los investigadores tratan de encontrar responsables por encima del ex tesorero Viloca, el máximo cargo dentro de la estructura de CDC al que se ha apuntado hasta ahora y presunto ejecutor de la trama del 3%. Su rol queda claramente de manifiesto en los informes aportados al caso tanto por la Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona, como por la Fiscalía Anticorrupción, que en última instancia llevaron hasta la detención del propio Viloca.

Viloca se reunía con los empresarios los días previos a la adjudicación y gestionaba después sus donaciones

En uno de estos informes, fechado el 20 de octubre de 2015, se describe con todo detalle cómo funcionaba la operativa de las presuntas comisiones. Los investigadores lo ilustran a través de seis casos, entre ellos el denominado caso TEC-4, sumamente explícito, y referido a la adjudicación de un concurso de asistencia técnica para la redacción de un proyecto sobre la nueva estación del AVE Barcelona-Francia para el aeropuerto de Gerona, finalmente concedido a la empresa Tec-4.

El informe de la Fiscalía recoge «dos reuniones entre el Sr. Viloca y D. Antonio García Bragado (representante de la empresa); una, inmediatamente anterior a la adjudicación y, otra, inmediatamente posterior a la misma». «Al día siguiente de esta última reunión», abunda el escrito, «se produce un ingreso por importe de 50.000 euros a la Fundación CatDem, por parte de la empresa adjudicataria del concurso».

Este mismo esquema es el que se sigue en por lo menos cinco casos más y el que permite a los investigadores establecer el patrón en el que se sujeta la trama, que no circunscriben a los años 2010 y 2011, sino que extienden hasta la actualidad. El detalle que permite hacerlo es un documento triturado por Viloca justo antes del registro de su despacho, y después reconstruido, en el que aparecían las palabras Romero, conectado a uno de los casos de adjudicaciones, y ESCOLA, que permite conectar el documento con la adjudicación de la construcción de una escuela pública que, en esas fechas (verano de 2015), gestionaba la empresa GISA. Se ha acreditado, además, que tres días antes del registro se produjo una reunión entre el director de este organismo, Josep Antoni Rosell, y el propio Viloca.