El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado el acuerdo alcanzado en la comisión delegada de asuntos económicos, reunida este viernes a primera hora de la mañana, por el que se impedirá que la Generalitat «pueda tramitar expedientes de gasto destinados a fiananciar el 1 de octubre». Tras constatar que las autoridades catalanas han declarado su voluntad de seguir adelante con la consulta, y dado que el Ejecutivo entiende que ésta atenta al interés general y «genera inseguridad a ciudadanos y empresas», se ha optado por esta sorpresiva decisión.

En vista de la sentencia del Constitucional del pasado mes de junio de anular las partidas presupuestarias para la preparación de la consulta, los interventores de las consejerías del gobierno catalán y entidades sometidas a intervención deberán remitir a Hacienda certificados individuales semanales sobre los gastos realizados por cada departamento. Lo mismo será de aplicación para los responsables económicos financieros de aquellos organismos donde no exista intervención y para los directores generales de Presupuestos y de Política Financiera, Seguros y Tesoro. «Todos ellos certificarán que no se han iniciado o tramitado expedientes de gasto y pagos para financiar actividades vinculadas con el referéndum ilegal», ha explicado Méndez de Vigo, sean estas compra de urnas, adquisición de equipos informáticos o publicidad institucional. 

El FLA ya establece controles pero los incrementa para Cataluña

La particularidad es que este control se vincula al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que ya establece para todas las comunidades que lo reciben supervisiones mensuales y congelación del mismo si hay desvíos del gasto pero que se incrementan para Cataluña con el objetivo de evitar «que un solo euro de los catalanes se dedique a la consulta», en palabras del ministro portavoz.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de supervisar la información qu le llegue de la Generalitat y que,  a su vez, trasladará a la comisión delegada de asuntos económicos, vinculándolo a los pagos del FLA. Cabe recordar que la Generalitat ha recibido en los últimos años 67.000 millones de euros con cargo a este Fondo, 3.600 este 2017.

El acuerdo de la comisión de asuntos económicos entra en vigor de inmediato

El acuerdo de la comisión de asuntos económicos, órgano que preside Mariano Rajoy, entra en vigor de inmediato. Esto significa que la próxima semana deberán empezar a llegar los expedientes de gasto. Además de usar el FLA para disuadir que se destine cualquier partida económica a organizar la consulta del 1 de octubre, «incurrirán en responsabilidades» aquellos funcionarios que no cumplan con la exigencia de rendir cuentas semanales al gobierno central.

«Bomba de relojería para Junqueras»

Moncloa está convencida de que no habrá que congelar el FLA. Se trata, ha dicho Méndez de Vigo, de una «actuación preventiva a favor de los ciudadanos catalanes». Si los responsables políticos de la  Generalitat quieren seguir adelante «que sean ellos los que lo sufraguen», ha añadido. Es, en definitiva, una «bomba de relojería para el señor Junqueras», dicen fuentes gubernamentales, volcadas en cortacircuitar por todos los medios legales el 1-O.