La Guardia Civil ha comunicado hoy al director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que le investiga por los preparativos del referéndum del 1-O, en el marco de la causa que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Clotet se suma así a la condición de investigado policial de Joaquim Nin, secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat, por la puesta en marcha de la web del Pacto Nacional por el Referéndum, que inicialmente creó el Gobierno catalán. Fuentes judiciales han advertido, sin embargo, de que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona «sólo constan como investigadas tres personas», el ex juez y ex senador de ERC Santiago Vidal, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer y el secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó.

Se trata de las personas «contra las que se dirigía la querella que dio origen a las diligencias actuales» recuerdan las mismas fuentes, que añaden que «las diligencias que se están haciendo estos días en la caserna de la Guardia Civil son diligencias de policía judicial y que no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona». Magistrado que hoy ha anunciado la prórroga del secreto de sumario por un mes más, durante todo el agosto, pese a las quejas de la Generalitat.

Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum y el imputado Clotet han declarado este jueves ante la Guardia Civil por la causa abierta por el Juzgado 13 de Barcelona sobre los preparativos para la secesión de Cataluña. Clotet, el primer citado, ha llegado a la Comandancia de Travesera de Gracia a las 8:30 de la mañana acompañado por su abogada y ha permanecido tres horas en las dependencias de la Guardia Civil, a las que ha llegado Elena a las 11 de la mañana.

 

Estos interrogatorios se suman a los realizados ayer al secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, fruto de los cuales Nin concluyó el interrogatorio como investigado policial por el delito de sedición. Tanto Nin y Graells como hoy Elena y Clotet han sido citados como testigos por la puesta en marcha de la web del Pacto Nacional del Referéndum.

Junto a Elena habían sido citados a declarar el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo del Pacto, integrado por las también ex socialistas Maite Arqué e Itziar González, Jaume Bosch y Francesc Pané -ex dirigentes de ICV- Carme Laura Gil, ex consejera de CDC, y Carme Porta de ERC, aunque al menos dos de ellos se habrían negado a declarar de forma voluntaria, según algunas fuentes.

Algunos diputados de Junts pel Si, como Lluís Llach, se habían ofrecido a acompañar a Elena hasta las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil, pero el portavoz del Pacto por el Referéndum ha preferido acudir solo a la cita con el Instituto Armado.

Denuncia de la Generalitat

Estas citaciones coinciden con el anuncio realizado este miércoles por la Generalitat de que denunciará «todos los responsables» de una instrucción judicial en la que, bajo el paraguas del secreto de sumario, considera que se están vulnerando derechos fundamentales de los investigados.

Los interrogatorios se inscriben en las diligencias de la Guardia Civil en el marco de las actuaciones que instruye el Juzgado 13 de Barcelona a raíz de la querella presentada por VOX contra el ex juez Santiago Vidal por los presuntos delitos en los que habría incurrido el Gobierno catalán en la preparación de la secesión de Cataluña, y que el propio Vidal anunció en una serie de conferencias realizadas durante el otoño pasado.

Pese a ello, todavía no han sido citados a declarar Vidal ni los otros dos querellados, el secretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer. El primero, por el uso de datos personales para elaborar una base de datos fiscales de todos los catalanes, como anuncio el ex juez y ex senador de ERC, y el segundo como arquitecto jurídico de las leyes de desconexión.