El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de súplica de la Generalitat contra la decisión de suspender la reforma del Reglamento del Parlament, que permitía una aprobación exprés de la Ley del referéndum y allanaría el camino para la consulta del 1 de octubre. Los 12 magistrados del TC han sido unánimes contra el recurso, la última vía legal de Carles Puigdemont para aprobar la Ley de desconexión en el Parlament en apenas 24 horas. El president, sin embargo, podría contar con otras vías para aprobar la polémica ley.

La mayoría de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament permitió aprobar la reforma del Reglamento, pero el Alto Tribunal suspendió cautelarmente esta reforma al aceptar por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy. EL tribunal advirtió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de la Mesa de las responsabilidades, incluso penales, en las que podrían incurrir en caso de incumplir la suspensión.

La paralización de esta reforma está vigente durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC tome una decisión al respecto. Esto podría complicar el camino al Govern en la tramitación rápida de la ley del referéndum en la Cámara catalana. Por lo pronto, la presidenta Carme Forcall ha aplazado la admisión a trámite de esta ley de transitoriedad jurídica. Pospone así el choque de trenes con el Ejecutivo, que presentará un recurso en cuanto la Mesa del Parlament dé luz verde a su tramitación.

Pero la tramitación exprés en el Parlament no es el único método con el que cuenta Carles Puigdemont, que podría aprobar la Ley del referéndum desde el poder ejecutivo, es decir, desde su gobierno autonómico La Generalitat podría sacar adelante esta medida mediante un proyecto de ley, por el que se aprobaría mediante lectura única; o mediante una fórmula todavía más rápida: un decreto ley, que implicaría su entrada en vigor un día después de su publicación en el boletín catalán.

La Generalitat critica al TC: «No puede juzgar intenciones»

El recurso de súplica que presentó el Gobierno catalán acusaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar de forma «abusiva» gracias al empleo de este mecanismo. Para la Generalitat, el hecho de que la Constitución y la Ley Orgánica del TC hayan previsto este mecanismo de impugnación y suspensión automática «no habilita a su uso injustificado y suspensión por el presidente del Gobierno del Estado para provocar la suspensión de disposiciones manifiestamente legítimas».

El Govern también considera que «el TC no puede juzgar ni el contexto político en el que se aprueba esta reforma del Reglamento del Parlament, ni las intenciones que la parte recurrente intuye en el legislador de Cataluña». Asimismo, recuerda que el procedimiento de lectura única impugnado es «prácticamente equivalente» al del Congreso de los Diputados y muy parecido al de otras comunidades autónomas.

Así pues, los doce magistrados que conforman el Pleno del Constitucional interrumpirán sus vacaciones para valorar el recurso de súplica presentado por la Generalitat, pero lo más previsible es que mantengan la suspensión de la reforma del Parlament, ya que dicha suspensión por cinco meses es automática siempre que se admite a trámite un recurso que pide la prohibición.