Carles Puigdemont mantiene la maquinaria en marcha contra el Gobierno central y la oposición. El 9 de junio, el president catalán anunciaba la fecha de celebración de referéndum ilegal: el 1 de octubre. A falta de 47 días, la Generalitat continúa dando pasos para su celebración, mientras que desde el PP aseguran que la consulta no se va a producir. Mañana comienza la fase final de los preparativos con los que el gobierno catalán quiere dar cobertura legal al 1-O. Este miércoles está convocada la Mesa del Parlament donde la mayoría de Junts Pel Sí podría dar luz verde a la tramitación de la Ley del Referéndum, en la que pretenden dar cobertura legal la consulta.

Sin embargo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no ha incluido de momento la Ley del referéndum en el orden del día previsto para la sesión. A priori esto no es un impedimento para que la propuesta comience a tramitarse, puesto que Forcadell tiene la potestad para ampliar sobre la marcha el orden del día. En caso de que se incluya esta proposición de ley, impulsada por la vía de urgencia extraordinaria, se debatirá en el primer pleno del Parlament catalán, previsiblemente el 6 de septiembre.

El Govern podría tomar la vía rápida mediante proyecto o decreto ley al quedar suspendida la desconexión exprés

El Gobierno central, como advirtió el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, espera a que el Parlament dé el primer paso hacia la aprobación de le Ley del Referéndum para dar la batalla judicial, y ha adelantado que pedirá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en cuanto sea llevada a trámite.

La advertencia del Ejecutivo podría justificar el aplazamiento de la admisión a trámite de la ley del referéndum: en caso de que se posponga hasta el próximo mes, el choque con el Gobierno sumado a la cercanía entre las decisiones judiciales y la fecha de la consulta podrían alimentar la victimización del argumentario independentista.

Una tercera posibilidad es que Junts Pel Sí y la CUP, que tienen mayoría en el Parlament, dejen en manos de la Generalitat la tramitación de esta ley para agilizar su aprobación. Esto podría hacerse mediante dos vías: a través de un proyecto de ley, con plazos más cortos de aprobación y con posibilidad de aprobarse mediante lectura única, o el de un decreto ley, la vía gubernamental más rápida para su ejecución: la ley del referéndum entraría en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat.

Estas medidas extraordinarias podrían ser el plan B de Puigdemont, que ha visto cómo el Tribunal Constitucional tumbaba su  la reforma exprés del Reglamento del Parlament que permitía la aprobación de la ley de desconexión en apenas un día, por vía de urgencia y mediante lectura única. El TC, que admitió a trámite el recurso del PP, suspendió esta medida y hoy se reunirá de nuevo para ratificar su suspensión, rechazando el recurso presentado por la Geberalitat.

La Diada, reconvertida en símbolo soberanista, marcará el inicio de la campaña

Con o sin vigencia de la reforma del Reglamento, la intención de los 71 diputados soberanistas pasa por llevar adelante la Ley del referéndum y poner así a punto la maquinaria electoral del 1 de octubre. Pocas semanas antes de esta cita habrá otra que servirá para calentar los motores: la Diada. El 11 de septiembre, Día de Cataluña, se ha convertido en los últimos años en símbolo del independentismo y puede convertirse en una escenificación clave para nutrir las expectativas hacia el 1-O y allanar el terreno en las calles para la celebración del referéndum.

La campaña de la Generalitat para el 1-O comienza sólo cuatro días después de la Diada. El 15 de septiembre, dentro de un mes exacto, Carles Puigdemont pondrá en marcha los engranajes del referéndum con unna campaña publicitaria en la que los medios de comunicación estarán obligados a publicitar la cuestionada cita con las urnas, bajo amenaza de no recibir publicidad institucional por parte del gobierno catalán. El Govern ya ha destinado cerca de un millón de euros a la compra de urnas y papeletas para la fecha señalada. Una compra que no se hizo de manera pública después de que el ejecutivo catalán convocara un concurso público para la compra de urnas que quedó desierto, por el temor de las empresas a posibles represalias por la participación en la consulta.

Ajedrez político a un mes de la campaña

Mientras Puigdemont ultima los preparativos para el 1-O, el partido de Gobierno ya ha puesto en marcha los mecanismos para que la cita con las urnas no tenga lugar. El partido de Gobierno ya ha adelantado que no pondrá en marcha el artículo 155 de la Contitución y que se decantará por «opciones más realistas». Una de ellas es la vía de la financiación. El 21 de julio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio una advertencia a la Generalitat en este sentido: el Govern tendría que dar cuenta de todos los gastos semanalmente, para asegurar que no destina fondos a la causa independentista.

Este control está vinculado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el grifo económico de las autonomías. La advertencia está sobre la mesa, y aunque Iñigo Méndez de Vigo, ministro y portavoz del ejecutivo, negó que se fueran a congelar estos fondos, es una posibilidad que podría llevarse a cabo en último caso. Esta opción se traduciría en la práctica en una pérdida de poder ejecutivo para Carles Puigdemont que no dispondría de presupuesto para llevar adelante sus planes. La falta de fondos impediría el despliegue para el 1 de octubre ante la falta de recursos.

Moncloa confía en la lealtad de los Mossos d’Escuadra y del cuerpo de funcionarios

Mediante el control económico, Moncloa toma también el control de los Mossos d’Escuadra ante el desafío independentista. La dimisión de su director el pasado julio complicó los planes del  ejecutivo, al ponerse al frente del cuerpo Pere Soler, defensor del soberanismo. Desde el Ejecutivo han transmitido al Cuerpo que los más de 17.000 agentes de la policía autonómica “están a las órdenes de los jueces” y no de las «órdenes directas» del nuevo director general. El Gobierno lanza así un mensaje directo a los agentes,, en quienes confía para «hacer cumplir la ley».

Los Mossos son imprescindibles para el referéndum del 1-O, donde serían los encargados de custodiar los colegios electorales y las urnas en una consulta; serían también los encargados de tomar el mando de los puertos, aeropuertos, fronteras, torres de comunicación o edificios del Estado en el caso de que se produjera una independencia unilateral.

Otra de las cartas que jugará Moncloa será otro cuerpo, mucho más amplio, cuya gestión pasaría a depender del Estado en caso de que se suspenda la autonomía econonómica catala: el cuerpo del funcionariado catalán. El Gobierno siempre ha tenido plena confianza en que los trabajadores públicos se pongan del lado de la ley, pero los funcionarios se han convertido en los últimos meses en un campo de batalla entre Madrid y la Generalitat.

La falta de seguridad jurídica que ofrece el Govern empuja a los funcionarios a mostrarse conservadores y evitar ser responsables del incumplimiento de la ley, bajo riesgo de ser sancionados. Moncloa utilizará todos los instrumentos en su mano para impedir que se desarrolle la consulta, y mantienen su confianza en el papel del funcionariado. Los funcionarios serían los encargados, por ejemplo, de facilitar la entrada a los colegios electorados y de permitir la celebración de la consulta.

Las medidas del Ejecutivo para evitar el choque de trenes vienen acompañadas por la batalla judicial. Rajoy desactivará vía tribunales cada uno de los pasos del soberanismo catalán con objeto de enviar un mensaje a la comunidad internacional y trasladarle que «en España se cumple la ley», como reconoció el propio Mariano Rajoy. Sin embargo, los populares han renunciado a iniciar cualquier acción política antes de la fecha marcada en el calendario. «Antes del 1 de octubre no soy partidario de hacer nada”, aseguró el líder del Ejecutivo. El Gobierno y el PP tratan así de deslegitimar el referéndum, evitando condicionar medidas políticas a esta cita y repitiendo como un mantra que la consulta «no se celebrará».

El PSOE afronta el que será el primer gran reto del nuevo mandato de Pedro Sánchez. La postura ha cambiado respecto a la articulación territorial del Estado, y aceptan ahora la «plurinacionalidad» de España, aunque ya ha dejado claro que se mantendrán al lado del Gobierno dentro del bloque constitucionalista. El papel del PSC, el partido socialista en Cataluña, es más difícil: la formación de Miquel Iceta mostró su apoyo a un referéndum hace unos meses, aunque finalmente dio marcha atrás y ahora adopta fríamente la postura de Ferraz. Los socialistas catalanes ponen en cuestión el sentido de una consulta de este tipo, señalan que no es vinculante, pero evitan echar hierro sobre la medida en sí.

Puigdemont afronta su mayor crisis de gobierno a costa del referéndum ilegal

Los 61 diputados de Junts Pel Sí afrontan el reto desde una profunda división. En esta coalición de gobierno conviven varias almas, entre las que destacan el PDeCat o ERC, cuyos líderes, Puigdemont y Junqueras, mantienen desde hace meses una guerra abierta. Los republicanos acusan a los antiguos convergentenes de ser tibios respecto al procés, mientras estos últimos  Fruto de las disensiones entre los dos principales partidos en coalición, el president de Cataluña ha realizado numerosos cambios en su gobierno.

En total, una veintena de cambios registrados en la administración catalana en los últimos tres meses, entre los que destacan la salida del gobierno de cinco consejeros, el responsable político de los Mossos d’Esquadra  y los dos principales cargos de Educación. Todos estos consejeros eran del PDeCat y fueron sustituidos por dirigentes más cercanos a ERC, dispuestos a llevar adelante el proceso hasta sus últimas consecuencias. Unos movimientos del president que han hecho que PDeCat, el partido heredero de Convergència, se sienta relegado y vea a Puigdemont cada día más próximo a Esquerra que a su propias filas.

Este viraje podría deberse a un tercer actor: la CUP, partido independentista, radical de izquierdas y absolutamente necesario para los planes soberanistas. Sus 10 diputados suman una mayoría independentista en el Parlament catalán, y se ha convertido en un aliado imprescindible pero incómodo. La polémica por el lema que presentaron en apoyo al referéndum ha causado malestar en un sector del Govern, que ve con malos ojos que se equipare la figura de Mariano Rajoy con la de Artur Mas.

En este escenario, Podemos vive una pugna interna por el asunto catalán. El líder de Podem en Cataluña, Albano Dante Fachín, ha llamado a la movilización y ha llamado a sus inscritos a votar el 1-O. Cree que sólo de esta forma, mediante una participación masiva, se podrá desafiar al Gobierno de Mariano Rajoy y conseguir un último objetivo: un referéndum pactado con el Estado.

La dirección de Pablo Iglesias no ve con buenos ojos que su líder regional vaya por libre, y pidió a Fachin que convocara un congreso para votar de nuevo a la dirección, provocando un enfrentamiento abierto entre la dirección estatal de Podemos y su federación catalana. Iglesias llegó a desautorizar a Fachin, asegurando que «no votaría» en el caso de que fuera catalán, y se mostró más partidario de la postura adoptada por los ‘comuns’ de Ada Colau.

Catalunya en Comú, la formación liderada por la alcaldesa de Barcelona, ha adoptado una postura más moderada y acorde con los intereses nacionales de Podemos. Este partido, del que Podem no forma parte oficialmente pero que está respaldado por la dirección morada, aboga por no legitimar la consulta ni llamar a la participación, pero tampoco impedirla. Una actitud con la que podrá reprochar su actuación al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a la vez evitaría implicarse activamente en un referéndum ilegal.