“La Generalitat está jugando con nuestros puestos de trabajo” afirma Eugenio Zambrano, guardia urbano de Barcelona. “Como catalán e independentista de toda la vida, participaré en el referéndum y haré todo lo posible porque mi país sea independiente” señala Manel Rodríguez, funcionario de Bienestar Social de la Generalitat. Los empleados públicos se han convertido en las últimas semanas en el centro de la batalla entre Gobierno y Generalitat, entre independentistas y constitucionalistas, por su papel en el referéndum independentista convocado por Carles Puigdemont para el 1-O y las consecuencias que puedan derivarse de ello. Y aunque en este colectivo -como en todos- hay voces a favor y en contra de la independencia, todos coinciden en reclamar respeto por su trabajo y que sean los políticos los que asuman la responsabilidad legal de sus actos.

Puigdemont intentó rebajar las críticas a la inseguridad generada por su proyecto entre los funcionarios anunciando el miércoles la creación de una bolsa de voluntarios para que los ciudadanos que así lo deseen, funcionarios o no, se puedan registrar y recibir formación como “agentes electorales” de la Generalitat para la consulta independentista. El ejecutivo catalán acreditará a esos voluntarios para participar en la organización y la logística de la consulta y para “poder dar garantías a todo el proceso electoral” señaló Puigdemont en respuesta a una pregunta de su propio grupo.

Pero hay colectivos, como los policías de los diferentes cuerpos que ejercen su labor en Cataluña, o los responsables de los locales públicos en los que se monten los colegios electorales, que no se verán eximidos del proceso por los voluntarios y siguen con inquietud los avances de la Generalitat.

Tememos que Puigdemont intente pasar la patata caliente a los ayuntamientos, especialmente los pequeños” advierte un policía local

En este sentido se expresa Zambrano, que señala el temor a que “Puigdemont intente pasar la patata caliente a los ayuntamientos, especialmente los pequeños” la gran mayoría adscritos a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Un movimiento que pondrá en primera línea de fuego tanto a sus policías locales como a los secretarios municipales que deberán avalar en cada caso las instrucciones del gobierno consistorial.

“Como policías, nos impacta más hablar de incumplir la ley, y a eso se suma la inseguridad jurídica” creada por la apelación constante a una supuesta “legalidad catalana” que nadie conoce todavía, la que incorporará la Ley de transitoriedad jurídica. “Todos los funcionarios, policías o no, debemos respeto al ordenamiento jurídico y la norma suprema es la Constitución” añade el policía local, “por tanto este reto debe ajustarse a la Constitución, todo lo que se salga de ahí y no dé seguridad jurídica es una falta de respeto de la Generalitat, que está jugando con nuestros puestos de trabajo”.

Seguridad jurídica

También Manel Rodríguez defiende la necesidad de garantías jurídicas, pese a sus convicciones independentistas. “Pediré a la Generalitat todas las garantías, porque soy funcionario y necesito mi sueldo”. Por eso no renuncia en absoluto a las indicaciones de los diversos sindicatos representados en la función pública catalana: pedir todas las órdenes por escrito. Una recomendación que extiende a aquellos funcionarios que se pueden ver más directamente comprometidos por la convocatoria del Gobierno catalán, los agentes de policía o los responsables de espacios públicos escogidos como colegios electorales.

Aún así, Rodríguez reconoce que “habrá un momento en que tendremos que romper la normativa” para cumplir el sueño de romper con España y se declara dispuesto a asumir ese riesgo “como independentista” que lo es, de toda la vida. Pero no parece que el momento de esa ruptura haya llegado, aunque se declara “muy orgulloso” de ver como lo que hace unos años defendíamos unos cuantos ahora “se haya extendido a tanta gente”.

No parece, en todo caso, que la inquietud de los funcionarios sea ”una polémica artificial, inflada e interesada, jugando con la confusión de la gente sobre los funcionarios” como señaló Puigdemont -obviando que el primer instigador de la polémica fue su compañero de filas, Lluis Llach, al reconocer que los funcionarios “lo pasarán mal”-.

Los “agentes electorales” de Puigdemont

Desde el Govern añaden que la polémica es fruto del desconocimiento, porque “en ningún lugar de la legislación electoral española se especifica que los funcionarios tengan que participar en la organización de procesos electorales” y apuntan a la creación del cuerpo de voluntarios para eximirlos de responsabilidad. “Los funcionarios pueden estar absolutamente tranquilos, tanto en lo que respecta a la organización del referéndum como a la oferta pública de empleo”.

Ese registro de voluntarios no se ha abierto todavía, puesto que el Govern no ha adoptado ninguna decisión ejecutiva sobre la celebración del referéndum, para evitar las medidas legales en contra ya anunciadas por el Gobierno. Pero el registro no puede posponerse hasta finales de agosto, cuando JxS y la CUP pretenden aprobar la Ley de transitoriedad jurídica para dar cobertura al decreto de convocatoria del referéndum, que se firmaría inmediatamente, después, por lo que el ejecutivo catalán estudia la vía para crear ese registro de “agentes electorales”.

El líder de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, aseguraba este sábado ante el Consejo Nacional de su partido que el referéndum contará “con las mismas condiciones y garantías” que unas elecciones o los referendos anteriores celebrados en Cataluña. Junqueras insistió en que la bolsa de 2.500 funcionarios voluntarios que prevé tener el Govern para realizar tareas organizativas del referéndum, y que se conocen como “agentes electorales” supone “un hecho habitual en cualquier proceso electoral” realizado anteriormente.

Lo que obvió Junqueras, como hacen habitualmente todas las voces del Govern sobre este punto, es que los funcionarios que participen en el proceso no lo harán en calidad de funcionarios -de hecho en ámbitos sindicales se les aconseja que cojan un día de fiesta para sortear su condición de empleado público si quieren participar en la consulta- sino como voluntarios formados por el ejecutivo.

La participación en la logística de los procesos electorales -apertura y supervisión de la composición de las mesas electorales, supervisión del recuento, gestión de los datos y custodia de las papeletas hasta su entrega a la junta electoral, básicamente- es efectivamente voluntaria. Y no sólo participa funcionarios. Pero la gran mayoría son funcionarios, convocados a través de las plataformas informáticas de la función pública, ya sea la AGE o la administración de la Generalitat.

Junqueras insiste en que el hecho de abrir un plazo para que los funcionarios que lo deseen se inscriban voluntariamente -a cambio del cobro de dietas- no resta credibilidad al referéndum del 1-O, como ha señalado el Gobierno para desmerecer el proyecto independentista.

Las necesidades de la consulta

El ejecutivo catalán habló inicialmente de 4.500 “agentes electorales” -aunque Junqueras ha rebajado esa cifra a 2.500- para cubrir las necesidades de la jornada de votación como “representantes de la administración”, es decir, en sustitución de los funcionarios dentro de los colegios electorales. Además, el Govern apunta a la colocación de 8.000 urnas -en los últimos procesos electorales en Cataluña se han usado entre 6.000 y 8.500 urnas- lo que arroja un total de 75.000 ciudadanos implicados, entre quienes formen parte de las mesas electorales por sorteo y los “agentes electorales” que los supervisarán.

Una movilización considerable que el Govern pretende organizar en periodo estival, a partir de la aprobación de la Ley de transitoriedad la segunda quincena de agosto, para celebrar “un referéndum con garantías” el 1 de octubre. Sin funcionarios.