Los atentados que el pasado jueves 17 dejaron un rastro de 15 muertos y 126 heridos en Barcelona y Cambrils se han convertido, superada la conmoción general de las primeras horas, en una suerte de ensayo general del Estado Catalán para algunos sectores del independentismo, que han convertido la rápida actuación de los Mossos d'Esquadra y la masiva presencia del president Carles Puigdemont -por encima de responsables del Gobierno- en medios internacionales en un nuevo argumento para la independencia.

Un discurso que han compartido medios de comunicación de reconocido prestigio como The Wall Street Journal, que una crónica titulada: "Cataluña exhibe su capacidad de gobernarse con la investigación de los atentados. La región secesionista demuestra su competencia semanas antes de un referéndum que Madrid se ha comprometido a bloquear" glosaba las excelencias de la actuación de la Generalitat y su presidente, quien ayer en el Financial Times relataba que su gobierno ya cuenta con 6.000 urnas para celebrar el referéndum de próximo 1 de octubre.

La Generalitat ha capitalizado ante la opinión pública la gestión de la crisis, pero lo cierto es que pese a sus enormes competencias, también la Administración del Estado ha tenido un papel capital en la reacción a los atentados de Barcelona y Cambrils.

Servicios de Emergencias

Los servicios de emergencias son la primera ayuda que reciben las víctimas tanto en un atentado como en un accidente o desastre natural. Y tal como se configura la organización de la Protección Civil en España, prácticamente todo el peso de esa respuesta inmediata recae en las autoridades autonómicas. En todos los casos, no sólo en Cataluña, el gobierno autonómico es el responsable de la coordinación de el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección civil, que abarca desde la elaboración de diferentes Planes de Emergencia hasta la necesaria coordinación en su caso, de todos los servicios que puedan llegar a intervenir en una emergencia, pasando por el apoyo técnico y material a las distintas entidades y organizaciones que actúan en situaciones de emergencia. El mérito en este caso es de la Generalitat, como en el 11-M lo fue de la Comunidad de Madrid.

Actuación policial

Los Mossos asumieron desde el primer momento la dirección de la investigación de los atentados por orden del juez que instruye la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que atendió así al papel de policía integral del cuerpo autonómico. La rápida desarticulación de la célula, con la caída de los cinco terroristas de Cambrils la misma noche del jueves y de Younes Abouyaakoub el martes, además de las detenciones practicadas en Ripoll, han supuesto un éxito de la policía autonómica. Pero su actuación no está exenta de sombras, especialmente por su actuación tras la explosión de Alcanar, horas antes de los atentados. La comisaría de Mossos de Amposta no disponía de especialistas en explosivos para acompañar la primera inspección del escenario, pero rechazaron la ayuda de los Tedax de la Guardia Civil.

La polémica desembocó en una reunión a tres bandas el jueves en la que el juez se vio obligado a delimitar las áreas de actuación de cada uno de los cuerpos, dejando para Policía Nacional y Guardia Civil la investigación referida a las conexiones internacionales de la célula, las comunicaciones en redes sociales y algunas materias de competencia exclusiva de la Guardia Civil, como son los explosivos. Además, se acordó centralizar todo el cauce de información en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Atención a las víctimas

La Generalitat estableció tras los atentados un centro de atención a las víctimas en el barrio del Poblenou de Barcelona y habilitó un teléfono gratuito de atención a los afectados por el atentado. Sin embargo, también el Gobierno desplegó a partir del viernes un servicio de atención a las víctimas en la Delegación del Gobierno, encabezado por la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos Piñeiro. Desde este punto se ha dado asistencia a las víctimas o sus familiares en todos los ámbitos que no se refieren a la atención médica inmediata, es decir, los ámbitos que no cubren los servicios de emergencias, como ayudas y medidas de apoyo.

Víctimas extranjeras

El Gobierno de la Generalitat se ha esforzado por exhibir su presencia en los ámbitos de relación con los responsables de gobiernos europeos que en los días posteriores a los atentados visitaron Barcelona para interesarse por sus nacionales afectados, como demostraron las polémicas fotografías del conseller Raul Romeva con los ministros de exteriores de Francia y Alemania. Pero lo cierto es que Romeva pidió a la Delegación del Gobierno poder recibir a ambos ministros en la sala de autoridades del Aeropuerto de El Prat, donde los atendió junto al subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, que también aparecía en las famosas fotos. Ni el francés Jean-Yves Le Drian ni su par alemán, Sigmar Gabriel, pisaron nunca dependencias de la Generalitat, puesto que desde el aeropuerto se dirigieron a la Delegación del Gobierno, donde se reunieron con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el delegado en Cataluña, Enric Millo.

Al margen de esta anécdota, corresponde al Gobierno la relación con las embajadas de todos los países con nacionales afectados y la atención a estas personas, para lo cual el Ministerio de Exteriores ha destinado también un equipo que desde el viernes trabaja de forma permanente en Barcelona para facilitar los trámites de repatriación de fallecidos y heridos en los atentados.

Prevención del terrorismo

En materia de prevención del terrorismo, competencia que los Mossos d'Esquadra asumen a partir de la aprobación del Estatuto de 2006, pero la gran mayoría de las operaciones policiales en materia antiterrorista son compartidas y en prácticamente todas ellas participan la Policía Nacional o la Guardia Civil. Desde el año 2015 se ha detenido a 80 presuntos terroristas yihadistas en Cataluña de los 230 detenidos en el conjunto de España. Los últimos detenidos, tres supuestos colaboradores en los atentados de Bruselas, cayeron en la Operación Apolo que el pasado abril culminó unas investigaciones en las que colaboraron Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y la Policía Federal belga.

Comunicación de la crisis

Si en algo ha demostrado su excelencia el Gobierno catalán ha sido en la comunicación de la crisis, tanto desde el ámbito policial como desde el político. El trabajo realizado por el equipo de comunicación de los Mossos ha sido elogiado por la agilidad con la que han informado de los avances de la investigación a través de su cuenta de twitter. Siguiendo los pasos de la cuenta de la Policía Nacional, la community de los mossos, Patricia Plaja, ha convertido la cuenta de twitter @mossos en el principal referente informativo estos días.

Más allá de la comunicación policial, Carles Puigdemont no ha desaprovechado la oportunidad de aparecer en el mayor número posible de medios de comunicación internacionales a cuento de los atentados. Periodista de profesión, el presidente catalán está en este sentido en las antípodas de Mariano Rajoy. La última muestra la dio ayer, al aprovechar una entrevista al Financial Times para anunciar que el Gobierno catalán ya tiene 6.000 urnas para el referéndum del 1 de Octubre.