“Cuanta más información puedas compartir sobre este individuo, ¡mejor!”. Ese era el mensaje que un agente municipal de Vilvoorde (Bélgica) le remitió al número dos de Información de los Mossos en enero de 2016 cuando le pidió “indagar” sobre las actividades de Abdelkabi Es Satty, que poco después se convertiría en imán de Ripoll y en adoctrinador de la célula que perpetró la matanza de Barcelona y Cambrils.

Aunque Es Satty estaba vinculado con Mohamed Mrabet (uno de los implicados en la Operación Chacal, llevada a cabo en 2016), la respuesta del mando de los Mossos fue que no se habían detectado indicios de radicalización. A pesar de que días después de dicha respuesta (el 22 de marzo de 2016) el ISIS provocó una masacre en el metro y en el aeropuerto de Bruselas y de que ya era conocido que la localidad de Vilvoorde era un foco de yihadismo, estos hechos no encendieron las luces de alarma de los Mossos sobre el que se disponía a ser el director de la oración en la mezquita de Ripoll.

En contra de lo declarado ayer por el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, la petición de información de la policía belga no fue “absolutamente informal“. Las fuentes policiales consultadas afirman que esos contactos bilaterales son muy frecuentes entre distintas policías europeas porque es la forma de eludir trámites burocráticos que, en ocasiones, retrasan innecesariamente la investigación.

Dentro de la cadena de fallos cometidos en la investigación del atentado de Barcelona, sin duda, el más grave ha sido precisamente la incapacidad para detectar el peligro que representaba el marroquí nacido en Tetuán. Es Satty estuvo casi un año adoctrinando a los miembros de la célula, viajó varias veces a Bélgica y montó una infraestructura de viviendas (entre ellas la de Alcanar o la masía de Riudecayes, a 14 kilómetros de Cambrils), sin que los Mossos percibieran nada extraño.

Más grave aún: en la mañana del 17 de agosto (día del atentado) en la inspección ocular que los agentes hicieron tras la explosión de Alcanar se encontró la cartera con la documentación de Es Satty y la soflama en árabe escrita en un libro. A los medios de comunicación se les informó esa misma mañana de que había, al menos, un muerto “de nacionalidad marroquí”. Efectivamente, se trataba del imán de Ripoll. Sin embargo, los Mossos insistieron en que la deflagración de Alcanar estaba relacionada con un asunto de tráfico de drogas (argumento que sirvió para rechazar la intervención de los Tedax de la Guardia Civil y que se arguyó ante la insistencia de la juez de guardia en que podía tratarse de yihadistas) y, de hecho, no se descubrió que el fallecido era el imán de Ripoll ¡hasta después del atentado de La Rambla!

La Audiencia Nacional ha priorizado la investigación de los hechos sobre cualquier consideración política

Todos esos errores -que causaron evidente malestar en la Policía y la Guardia Civil– llevaron a que se produjera una reunión el pasado miércoles en la Audiencia Nacional a instancias de su presidente, José Ramón Navarro, y a la que asistió, entre otros, el juez instructor del atentado, Fernando Andreu, que había delegado las funciones de policía judicial exclusivamente en los Mossos.

El asunto a tratar estaba claro: por encima de cuestiones políticas o competenciales, la prioridad es poner todos los recursos necesarios a disposición del juez para aclarar todo lo relacionado con los hechos acaecidos el 16, 17 y 18 de agosto.

La respuesta fue inmediata. Ayer, en la Audiencia Nacional, se celebró un encuentro al que asistieron, además de  Navarro, el fiscal jefe (Jesús Alonso); el teniente fiscal (Miguel Ángel Carballo) y la fiscal del caso (Ana Noé); Andreu; el responsable de Información de los Mossos (Manel Estalví); el de la Policía (Enrique Barón); el de la Guardia Civil (general Pablo Salas), y el responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera.

La decisión adoptada ha sido meridiana y apunta en la buena dirección. Los tres cuerpos (Mossos, Policía y Guardia Civil) participarán en la investigación, que estará coordinada y centralizada por el CITCO.

A partir de ahora, las comisiones rogatorias, la solicitud de información a Europol, la investigación sobre los móviles de los terroristas, el establecimiento de pinchazos telefónicos y el rastreo de las redes sociales tendrán que ser autorizados y serán monitorizados por Olivera.

Si se hubiera actuado coordinadamente posiblemente se podría haber evitado el atentado. Por fin parece que se va a poner en práctica la recomendación del agente de la policía de Vilvoorde: “Cuanta más información puedas compartir, ¡mejor!”