«Han sido casi dos años de camino. Los partidarios de la independencia hemos trabajado para buscar acuerdos desde nuestras diferencias, aunque también ha habido mucha gente interesada en que encallásemos y no nos pusiéramos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo en esta ley y en que se apruebe antes del 1 de octubre». El presidente del Grupo de JxS, Lluís Corominas, dejó claro al presentar la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana que el camino no ha sido fácil, y las diferencias se mantienen en lo que respecta a la vía para aprobar tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad.

Corominas se limitó a señalar ayer que JxS y la CUP registrarían el proyecto de ley en el Parlament, pero no cuándo darán el siguiente paso en el proceso legislativo. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la Ley del Referéndum se presentó el 4 de julio, no se registró hasta el 31 de ese mes y aún no ha sido tomada en consideración por la Mesa del Parlament, que este martes se reunirá por tercera vez tras el parón estival.

Los independentistas argumentan que se trata de una argucia para evitar que el Gobierno central pueda recurrir ya el proyecto del ley -que no es oficial hasta que no es aceptado por el Parlament- y que podría no ser aceptado por la Mesa hasta el mismo día 6 de septiembre, cuando se celebrará el primer pleno ordinario, en el que podrían introducir el texto en el orden del día para iniciar su tramitación.

Proposición de ley o decreto

Pero esa vía, preferida por ERC, encuentra resistencias en sectores del PDCat, que apuntan a la vía del decreto ley como la más sencilla para aprobar el texto que debe regular el referéndum de independencia a tiempo para la celebración de la consulta del 1 de octubre.

Una vez suspendido el nuevo reglamento, queda descartada la vía de la lectura única, por lo que tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad deben pasar un debate de totalidad, en comisión, y votación final, todo ello en menos de 35 días. Un proceso que no pocos miembros de JxS ven harto improbable.

El recurso del decreto ley permitiría saltarse toda esa tramitación parlamentaria

El decreto ley permitiría saltarse toda esa tramitación parlamentaria, señalan algunas voces del PDCat -la más destacada la de su coordinadora general, Marta Pascal-. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría firmar el decreto de la ley de regulación del referéndum el mismo día que la convocatoria de la consulta, lo que le permitiría poner en marcha el proceso sin impugnación previa ante el Tribunal Constitucional -aunque ambos decretos serían inmediatamente recurridos por el Gobierno-.

Pero ERC se resiste a esa vía. Oficialmente, el portavoz republicano, Sergi Sabrià, argumenta que los diputados «hemos sido escogidos para llevar a cabo este proyecto» en referencia a las leyes de transición. Más allá de eso, la institución que apruebe estas leyes -Govern o Parlament- se arriesga a una acusación de desobediencia al Tribunal Constitucional, que en su momento ya declaró inconstitucional todo el proceso secesionista.

Es decir, el Govern podría verse en la misma tesitura en la que ya se encuentra la Mesa del Parlament, acusada de desobediencia y afrontando una condena de inhabilitación que ya ha recaído sobre los organizadores del 9N, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

Ese es el mayor temor de ERC, conscientes de que aspira a ganar las próximas elecciones autonómicas con Oriol Junqueras como cabeza de lista. Una opción que se esfumaría si Junqueras firma -como se han comprometido todos los miembros del Govern- las leyes de transitoriedad que derivan de unas resoluciones del Parlament que ya han sido anuladas por el Tribunal Constitucional.

La CUP no rebaja la presión

«No habrá ninguna vacilación, no será el enésimo capítulo procesista» advirtió ayer el portavoz de la CUP, Benet Salellas, para dejar claro que los textos legales presentados por el independentismo se aprobarán pese a la oposición del Constitucional, el Gobierno y el conjunto de la oposición catalana.

De hecho, los anticapitalistas han sido los más firmes defensores de aprobar la ley de transitoriedad antes del 1-O para fijar el marco en el que debía moverse el Govern tras el referéndum, sea cual sea la participación, si el Sí supera al No en la consulta. Un compromiso que en el PDCat y algunos sectores de ERC pesa mucho, aunque de momento se impone la tesis de los anticapitalistas.