El primer teniente alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha llamado este martes a participar en el referéndum independentista del 1 de octubre y a votar un «sí crítico» con «el autoritarismo del PP». En un artículo publicado en el diario Critic, el número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que «las fuerzas del cambio cometerían un grave error si no se levantan contra el PP y sus ataques a las reivindicaciones democráticas de autogobierno».

En la misma línea, Pisarello ha valorado que «un fracaso del 1-O sería más que el fracaso de la hoja de ruta de un gobierno». Sería, ha continuado, «un golpe a la posibilidad de avanzar en el ejercicio del derecho a decidir y a las iniciativas republicanas, democráticas y de impugnación del régimen de 1978 en el conjunto de pueblos y territorios de España». Por ello, el teniente alcalde ha asegurado que el voto afirmativo a la independencia tiene sentido «como forma de rebelión contra el centralismo y el autoritarismo».

300 militantes contra el referéndum

No obstante, la postura entre los comunes no es ni mucho menos unánime. De hecho, según avanza La Vanguardia, un grupo de 300 militantes y dirigentes de Catalunya en Comú, el partido articulado en torno a Ada Colau, ha preparado un manifiesto en el que llaman a no participar en un referéndum carente de garantías democráticas y pensado como «una justificación no homologada democráticamente para continuar con el proceso, la DUI, la desconexión y el choque suicida contra el muro del Estado».

Del mismo modo, el documento que descubre el citado diario y titulado El 1-O no iremos insiste en la postura de los comunes de alcanzar un pacto de Estado que derive en una reforma constitucional y permita un referéndum «efectivo» que «interpele a toda la sociedad catalana y su pluralidad de posicionamiento».

El manifiesto de Catalunya en Comú tilda Cataluña como ‘una democracia de toque de queda’

Los comunes aseguran igualmente que la desobediencia institucionalizada por Junts pel Sí y la CUP ha generado «un estado de excepción» inédito, que «menosprecia, cuando no ignora, los derechos de los parlamentarios de la oposición», a los que niega la posibilidad de proponer enmiendas a textos como la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica. Así, definen la actual situación como una «democracia de toque de queda» que impulsa la consulta del 1 de octubre «desde la minoría de los votos de los ciudadanos, sin arbitro imparcial, sin debate público, sin ley, sin igualdad y sin neutralidad de los medios de comunicación públicos».

Catalunya en Comú consultará a sus bases su postura sobre el referéndum entre el 12 y el 14 de septiembre. Esta semana, no obstante, el grupo de En Comú-Podem en el Congreso de los Diputados fijará su postura, aunque posteriormente el Consejo Ciudadano de Podem Cataluña deberá decidir si la acata o no.