El Pleno del Parlament ha aprobado, con la mayoría de JxS y la CUP, la alteración en el orden del día para incluir la votación de la Ley del Referéndum y la exención de todos los trámites parlamentarios, excepto el de enmiendas, de modo que la ley se vote en trámite final de aceptación durante la sesión de hoy. JxS sólo ha aceptado un periodo de una hora de dilación entre la admisión a trámite del texto para la presentación de enmiendas de la oposición.

El PSC ha rechazado votar la exención de todos los trámites parlamentarios propuesta por JxS y ha anunciado que pedirá recurso de amparo al Tribunal Constitucional tras una votación que el líder socialista, Miquel Iceta, “no hemos participado porque no podemos aceptar porque lo que quiere es acabar con los derechos de los diputados”. Los socialistas han presentado además, petición de dictamen directamente ante el Consejo de Garantías Estatutarias, ante la negativa de la Mesa a tramitarlo.

Una advertencia que no ha impresionado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien ha impuesto la votación sin atender a las quejas de la oposición advirtiendo de que se llevaría a cabo a pesar de sus quejas. “El trámite de votación se ha abierto, no podrán votar” ha llegado a advertirles.

Esto no va de consejos de garantías

“Este es un debate sobre la autodeterminación de Cataluña, no es una ley cualquiera. Esto no va de consejos de garantías ni de reglamentos” ha afirmado la portavoz de JxS y secretaria general de ERC, Marta Rovira, al abrir el Pleno del Parlament para explicar todas las decisiones que la mayoría independentista ha impuesto para aprobar la Ley del referéndum en menos de 12 horas. Se ha admitido a trámite e introducido la ley en el orden del día en contra de la opinión de los letrados del Parlament, sin permitir la consulta al Consejo de Garantías Estatutarias y contraviniendo el reglamento sobre la publicación de proyectos legislativos que es preceptiva para su debate. “El pleno es soberano y puede adoptar esta decisión” ha argumentado Rovira como única explicación o excusa.

El primer punto de fricción ha sido el informe de los letrados, en el que señalan que “las dos proposiciones de ley” en referencia a la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad “por su contenido y objetivamente consideradas, tiene relación directa” con las resoluciones del Parlament anuladas por el Tribunal constitucional, por lo que ”los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir y paralizar cualquier iniciativa jurídica o material que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las interlocutorias del TC”.

Forcadell ha impedido la lectura de este informe, que los letrados han realizado de oficio ante las negativas de la presidenta a aceptar las peticiones de la oposición para consultarlos. Ante las peticiones de PSC, C’s y PP para exigir su lectura en el Pleno del Parlamento, Forcadell ha concluido que era un informe dirigido a la Mesa y ya se había trasladado a todos sus miembros.

La publicación de la ley en el Diario Oficial del Parlamento, ha sido el segundo campo de batalla, cuando el portavoz del PSC, Ferran Pedret, ha cuestionado esa publicación porque no había sido ordenada, como es preceptivo, por el secretario general del Parlament, Xavier Muro -firmante del demoledor informe de los letrados junto al letrado mayor, Antonio Bayona-. Forcadell ha asumido la orden de publicación “junto a los cuatro miembros de JxS en la Mesa” gesto que el portavoz de JxS, Roger Torrent, ha atribuido a la voluntad de “proteger” a los funcionarios de posibles acciones del Tribunal Constitucional.

“Esto lo podían hacer en las monarquías absolutas, no lo pueden hacer en democracia” ha advertido el portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, al bloque independentista, “los derechos de la oposición no pueden ser suspendidos por la mayoría” ha concluido tras la aprobación de la alteración del orden del día y la exención de trámites propuesta por la mayoría.

Maniobras dilatorias

Ambos conflictos han sido el argumento escogido por PSC, PP y C’s para solicitar a la Mesa del Parlament tres reconsideraciones sobre la admisión a trámite de la ley y la vía escogida para tramitarla. Peticiones de reconsideración que los partidos de la oposición han escalonado, primero los socialistas, después el PP y finalmente C’s, lo que ha provocado la suspensión del Pleno en dos ocasiones y ha retrasado la votación más de tres horas. Un efecto buscado por la oposición para dar tiempo a la reacción del Gobierno, como ya avanzó El Independiente.