La Fiscalía ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Gobierno catalán y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de “desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos“. Este último delito le llevaría a prisión. “El Govern no puede desconocer que la convocatoria del 1-O conlleva el uso ilegal de fondos públicos”, sostiene el texto.

Se trata de la querella avanzada ayer por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que ha sido admitida por el TSJC este viernes por la tarde. La querella se produce por permitir la tramitación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y otra contra el presidente de la Generalitat y el resto de los miembros del Govern por firmar los decretos de convocatoria y organización del referéndum.

Entre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal destaca la prestación de fianza por parte de los miembros del Ejecutivo como forma de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que incurrirían si en el futuro fueran condenados. El representante del Ministerio Público no especifica la cantidad.

En la querella, el fiscal superior de Cataluña considera que el delito de malversación “ha iniciado ya su ejecución” al ponerse en marcha un procedimiento que va a generar “un importante gasto público”. El representante del Ministerio Público razona que los miembros del Govern no pueden desconocer que la convocatoria del referéndum implica necesariamente la disposición de fondos públicos y, siendo “inconstitucional” la consulta, “cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiación es por consiguiente ilegal”. “Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos”, subraya.

El fiscal recuerda que este tipo penal no requiere el enriquecimiento de su autor y que no es necesaria la disposición o empleo de fondos públicos para que se consume el delito, puesto que es también sancionable en las fases previas de “provocación, conspiración y proposición”.

“Coartada”

A juicio del Ministerio Público, los integrantes del Ejecutivo catalán también habrían incurrido en un delito de prevaricación continuada firmando el decreto del referéndum, por el “arbitrario ejercicio” de unas potestades administrativas para las que carecen “manifiestamente de competencia”. “Los querellados aprobaron un decreto de convocatoria de referéndum utilizando la coartada de que estaba amparado por la denominada Ley de referéndum de autodeterminación, con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado”, argumenta.

La Fiscalía también aprecia la concurrencia de un delito de desobediencia grave por negarse a cumplir el gabinete de Puigdemont las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y ello pese a que los miembros del Gobierno fueron “especialmente advertidos” de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos” del TC.

También atribuye la comisión de delitos de malversación, prevaricación y desobediencia a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluis Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet por admitir a trámite las proposiciones de ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, su inclusión en el orden del día y su posterior votación.

El fiscal reprocha a los querellados que con su modo de proceder impulsaron un trámite “constitucionalmente ilegítimo”, “viciado de raíz” por falta de competencia, “extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos” y “lesivo” para el ejercicio de la función parlamentaria de los demás diputados, “que no estaban dispuestos a aceptar tan extrema tergiversación de sus atribuciones y del derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos”.

Intervenir urnas y papeletas

Además de las querellas,  Maza, ha dictado una instrucción en la que insta a las fuerzas de seguridad a actuar ante cualquier preparativo del referéndum del 1-0 desarrollado por autoridades, funcionarios públicos o incluso particulares. Maza envió ayer esa instrucción  al fiscal superior de Cataluña y a los cuatro fiscales jefes provinciales de esa comunidad autónoma.

En ella, insta a instruir a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra para que, en funciones de policía judicial, elaboren atestados e intervengan los efectos del delito “ante cualquier actuación de autoridades, funcionaros públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum”. En primer lugar, se dirige al fiscal superior de Cataluña y le manda impartir su instrucción general a los responsables de esos cuerpos, concretamente al general jefe de la zona de la Guardia Civil, al jefe superior de Policía de Cataluña y al Mayor de los Mossos.

Esta instrucción la deben remitir a “los servicios y unidades centrales a su mando” en Cataluña, para que en sus funciones de policía judicial elaboren atestados en caso de que se realicen preparativos para la consulta. En segundo lugar, ordena a los fiscales jefes de cada provincia notificar la instrucción del fiscal superior de Cataluña a los responsables de las fuerzas de seguridad en cada uno de esos territorios con el fin de que actúen del mismo modo ante cualquier actuación en el ámbito local o provincial. Estos fiscales notificarán asimismo, por orden de Maza, su instrucción a los fiscales jefes de área de cada provincia “para que estos las cumplimenten en su respectiva demarcación”.

Actos preparatorios

Además, emplaza al fiscal superior y a los fiscales jefes a remitir instrucciones particulares si tienen conocimiento de cualquier acto concreto dirigido a la organización del referéndum. Y a que incoen diligencias de investigación y formulen denuncias o querellas cuando reciban atestados o tengan conocimiento por otra vía de actos preparativos del 1-O. A su juicio, la notoriedad de la prohibición de la organización hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la instrucción -dictada antes de que el TC anulara anoche el referéndum- se citan las resoluciones anteriores en las que ese tribunal ya había recalcado la ilegalidad de esa convocatoria, unos pronunciamientos “reiterados de forma clara, sin fisuras, públicos y difundidos”, expone Maza en su escrito.

La instrucción afirma que los pronunciamientos del TC dejan clara la “falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido”, por lo que “queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación”.

Cierre de las webs del referéndum

La Fiscalía ha pedido también el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O. Esas son dos de las medidas cautelares que la fiscalía ha pedido en la querella que hoy mismo ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por firmar la convocatoria del referéndum.