Gran noticia la de que el PSOE y Ciudadanos apoyan plenamente al Gobierno en su batalla contra el intento de secesión protagonizado por determinados líderes políticos catalanes. Eso otorga una fuerza política y moral extraordinaria al presidente Mariano Rajoy para enfrentarse a este desafío y mantenerlo durante todo el tiempo que sea necesario. La entrevista celebrada con el secretario general del Partido Socialista terminó con un acuerdo pleno. Pero hay una pregunta que debería ser contestada por el interesado: ¿Por qué Pedro Sánchez no ha aparecido públicamente y ha mandado a su vicesecretaria general Adriana Lastra a dar cuenta de ese trascendental encuentro? ¿Está enfermo, no se atreve a confesar de frente que ha apoyado al presidente en este trance o ha calculado que este respaldo le puede restar apoyos entre los posibles votantes de su partido? Creo que se equivocaría en esa consideración porque el votante socialista nunca ha sido amigo de destrozar España. ¿O quizá es que no quiere dejarle a Pablo Iglesias totalmente despejado el campo de quienes se ponen de canto cuando hay que arrimar el hombro ante las más decisivas cuestiones de Estado?

Sea cual sea la respuesta, sería muy de agradecer que, ya que se ha portado como un político plenamente responsable en lo esencial, no debería actuar con esta ligereza en lo accesorio, que en realidad no es un asunto tan irrelevante como parece porque está fuera de duda que una imagen de los tres políticos constitucionalistas juntos supondría un mensaje de alta potencia política para enfrentarse a lo que ha de venir.

Albert Rivera sí compareció para ratificar su apoyo a la acción del presidente y en defensa del marco de convivencia que garantiza nuestra Constitución. Mariano Rajoy compareció solemnemente ante los ciudadanos acompañado por todos sus ministros para explicar con un discurso sólido y solvente su convicción de que el desafío independentista no logrará su objetivo y su determinación de impedirlo con todos los resortes, que son muchos, que el Estado pone a su disposición. Falta Pedro Sánchez. Debería asomar la cara para ponerse a la altura de lo que las circunstancias requieren. No correría ningún riesgo por ello sino todo lo contrario.

Sánchez debería asomar la cara para ponerse a la altura de lo que las circunstancias requieren. No correría ningún riesgo por ello sino todo lo contrario

Por lo demás, la marcha sostenida del paquidermo se ha iniciado ya y no se detendrá hasta que no alcance su objetivo. El Estado se ha puesto en acción con las primeras medidas inexcusables tras la aprobación el miércoles en el Parlamento catalán de la ley del Referéndum, del decreto de convocatoria de la consulta ilegal por parte del gobierno autonómico y del nombramiento de los cinco miembros de la llamada Sindicatura Electoral. A partir de ese momento no habrá ni una sola decisión que se tome en Cataluña en relación con el referéndum o con la pretensión de declarar una Cataluña independiente que no tenga respuesta inmediata por parte del Gobierno, de la Fiscalía y de los tribunales, sucesivamente o todos a la vez, para dejar meridianamente claro que las instituciones y los dirigentes independentistas están vulnerando las leyes, sobre todo su propio Estatuto de autonomía y la propia Constitución, y que van a ser sancionados penal y económicamente por esa vulneración.

Y no es porque el Gobierno piense que, ante la contundencia de los recursos presentados y los que se vayan a presentar, Puigdemont y quienes le secundan vayan a  frenar en su huida hacia adelante. Eso sabemos que no va a suceder porque ya han llegado demasiado lejos y no les queda otra opción que la de seguir corriendo sin mirar atrás hasta inmolarse a la vista de todos en su caída hacia el vacío. A estas alturas de la locura ya nadie espera otra cosa, pero la acción del Estado en defensa propia tiene otros destinatarios a quienes les es imprescindible saber, y comprobar por sí mismos, que están amparados por el Estado y protegidos por él de las amenazas de quienes, desde las instituciones que trabajan por la independencia, intentan forzarles a incumplir la ley. Y ahí  se cuentan todos los funcionarios, incluidos los policías autonómicos. Así que, independientemente de que sea la acción apropiada y oportuna dados los movimientos de los independentistas, resulta que los recursos del Estado tienen de entrada, por lo tanto, una enorme utilidad aunque ésta no sea la de frenar la actuación de los dirigentes políticos secesionistas.

Y otra cosa: los pasos que se han empezado a dar, y los que se darán, desde el Gobierno, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y los tribunales de la jurisdicción ordinaria cubrirán todo el recorrido jurídico que es exigible en un estado de Derecho. De ese modo, una  vez cubierto ese campo sin que se haya producido respuesta ni rectificación alguna, el presidente Mariano Rajoy estará plenamente legitimado para adoptar otras medidas que impidan que el más grave desafío a la democracia española se consume. Esto se está empezando a ver ya, por ejemplo, en el anuncio hecho ayer por el Fiscal General del Estado que ha dado orden a la Policía  Judicial -Cuerpo de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra- de que intervengan cualquier objeto o efectos que pudieran ser utilizados para la celebración del referéndum ilegal, convocado por el presidente de la Generalitat para el 1 de octubre.

Es decir, hemos pasado ya a la acción física, un paso distinto de la acción jurídica que está en marcha y se desplegará con toda la fuerza que podemos esperar. Esto ya es otra cosa, es la posible y deseable intervención policial de las urnas, de las papeletas, de los ordenadores y no sabemos si el precintado de los edificios públicos que pretendan abrirse para la celebración de ese referéndum. Porque el argumento, tantas veces utilizado hasta ahora, del daño internacional que podría suponer para la imagen democrática del país el poner a la policía a retirar las urnas ante los ojos del mundo pierde su fuerza una vez que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos exigibles para procurar con los recursos ante el Tribunal Constitucional que los secesionistas detuvieran su insensata carrera hacia el barranco. Pero como queda constatado que no la han detenido, se abre la vía libre para dar paso a la acción policial.

El Gobierno se ha hecho merecedor a estas alturas de todo el crédito político porque ha concitado sobre sí toda la autoridad moral para proceder con los hechos a impedir la apertura de las urnas. Y tampoco debe tomarse en consideración la decisión de Puigdemont  de hacer firmar a todos los miembros del gobierno catalán la convocatoria del referéndum, cuyo único objetivo era frenar en la medida de lo posible, que ha resultado ser ninguna, la intención de la Fiscalía de querellarse contra el firmante de ese decreto. El aumento del número de quienes cometen un delito no ha detenido al Fiscal General a la hora de plantear una querella criminal contra todos y cada uno de los miembros de la Generalitat. El Estado ya no se va a detener a menos que antes se detengan quienes han puesto en marcha esta locura. Seguirá adelante hasta vencer, y no hay duda de que vencerá.

Pero me temo que aún veremos más cosas, cosas que querríamos no ver.