La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se resiste a dar cualquier detalle del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Carles Puigdemont para que el 1 de octubre se pueda votar «de forma masiva» en Barcelona, respetando su acuerdo con sus socios del gobierno del PSC y el dictamen del secretario municipal, quien ayer hizo pública su advertencia sobre la ilegalidad de la consulta convocada al amparo de unas leyes que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Esta mañana ha vuelto a declinar explicar los términos de ese acuerdo, poco antes de que su partido anunciara la decisión de participar en el 1-O «entendiéndolo como una movilización».

La coordinadora de comunicación de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha explicado hoy que las bases de los comuns han aprobado esta postura, defendida por la dirección del partido, en una consulta electrónica en la que han participado 3.500 militantes de la formación decidido participar en el referéndum del 1 de octubre entendiéndolo como una movilización. Un 44% de los militantes que han participado en la consulta interna ha apoyado esta fórmula para participar en el referéndum sin darle validez legal.

El acuerdo anunciado ayer por Colau y Carles Puigdemont en twitter ha permitido a la alcaldesa zafarse de la presión de los partidos, entidades y grupos independentistas que hasta el miércoles señalaban a la líder de los Comunes de cobarde por no desobedecer al Tribunal Constitucional. Una presión que llevó a Colau ha advertir en la Diada que «no aceptaré lecciones de desobediencia de los señoritos de Convergencia». Pero Puigdemont mostró el miércoles, en la entrevista a TV3, un talante mucho más conciliador con la alcaldesa que hacía prever algún tipo de acuerdo.

Tras el anuncio de ayer, Colau ha recuperado su idílica relación con Puigdemont firmando con el president y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, además del vicepresident Oriol Junqueras, la carta dirigida a Felipe VI y Mariano Rajoy para pedir una negociación para celebarar un referéndum pactado con el Estado. En la batalla de la comunicación, tan importante como la de los juzgados, el bloque independentista sabe que necesitaba ampliar sus apoyos para sostener su discurso, eso explica el buscado acuerdo con Colau. La alcaldesa consigue así colocarse en la foto que más le interesa, la de los que abogan por «romper el régimen del 78».

Este pacto, ha subrayado hoy Colau, queda fuera del acuerdo con el PSC y respeta su compromiso con los socialistas de preservar «a la institución y a los trabajadores». Ha sido la única concreción de la alcaldesa, que ha declinado dar más detalles del pacto en una entrevista a Catalunya Informació, para intentar salvaguardar su pacto de gobierno con el PSC.