“Nos están coaccionando pero ahora tenemos la orden de Fiscalía, eso genera tranquilidad”. Quien así se expresa es Eugenio Zambrano, portavoz de CSI-F policías locales en Cataluña y responsable, en parte, de que los cuerpos municipales fueran incluidos junto a Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil en las tareas de control para evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre. Un papel que está generando tensiones entre municipales y cargos políticos que en los últimos días han visto como los 11.000 agentes de las 214 policías locales catalanas se han convertido en auténtica punta de lanza de la Fiscalía en la comunidad.

El resultado de ese papel es que las policías locales se están convirtiendo en nuevo blanco de las presiones independentistas por sus actuaciones para frenar diversos actos en favor de la celebración del referéndum del 1-O. Atrapados entre la orden de la Fiscalía que extiende a las policías locales de toda Cataluña el mandato de interceptar materiales sobre la consulta y el compromiso de muchos alcaldes en favor del referéndum, los agentes locales empiezan a mostrarse como el eslabón más expuesto en esta batalla de presiones cruzadas. El caso más evidente es el protagonizado por los agentes de Vic que ayer requisaron material informativo sobre el referéndum a la CUP y Capgirem Vic en el centro de la localidad cuna de la AMI.

Apenas unas horas después, la alcaldesa Anna Erra (PDCat) anunciaba su intención de poner freno a las actuaciones de la policía local en este sentido, asegurando que “estamos trabajando para que se deje sin efecto la instrucción en la que se ordena a la Guardia Urbana un ejercicio de funciones que no les corresponde”.

La respuesta de Erra llegaba después de que se hiciera pública la intervención contra la mesa informativa de la CUP que han publicado en las redes los propios anticapitalistas, destacando que en la misma vía se habían instalado también dos estands del PDECat y ERC a los que la policía local no requisó material porque en sus carteles sólo se lee “Sí”, sin referencias explícitas al referéndum.

La reacción de Erra se suma a la investigación abierta por la alcaldía de Sitges a un agente de la policía local por requisar el móvil a un periodista que seguía una convocatoria de ERC. El Ayuntamiento de Sitges ha abierto un expediente informativo para depurar posibles responsabilidades disciplinarias y comprobar si se ha vulnerado algún derecho civil tras la actuación en un acto a favor del referéndum convocado por la regidora de ERC en el consistorio, Aurora Carbonell.

Desde el pasado jueves las policías locales han llevado a cabo 12 actuaciones, más que Mossos y Guardia Civil

Desde el inicio “oficial” de la campaña en favor del referéndum el pasado jueves, las policías locales han realizado un total de doce intervenciones en actos de apoyo al referéndum, convirtiéndose en la policía más activa en este terreno en Cataluña, muy por delante de las dos intervenciones de los Mossos d’Esquadra y las actuaciones de la Guardia Civil.

Zambrano explica esa efectividad porque los municipales son “un cuerpo de proximidad” pero también porque su competencia de control de la vía pública los autoriza a pedir las correspondientes autorizaciones administrativas que en muchos casos han obviado los defensores del referéndum en la convocatoria de actos o la colocación de carteles. Y señala además que en muchos casos los urbanos han intervenido a requerimiento de los vecinos.

Pese a los conflictos vividos, el portavoz de CSI-F defiende la petición de su sindicato para que los policías locales asumieran también tareas de policial judicial en este proceso después de que el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, anunciaran que las policías locales actuarían como garantes de la seguridad el 1-O ante las dificultades de los Mossos. Un anuncio que inquietó seriamente a los agentes, asegura Zambrano. “Estamos acostumbrados a presiones e incluso insultos, a lo que no estamos acostumbrados es a que las coacciones vengan de nuestros responsables políticos”, lamenta.

El cuerpo más activo frente al 1-O

Pese a que los medios nacionalistas se centran casi exclusivamente en las intervenciones de este cuerpo buscando material de la consulta y requisando carteles en Constantí y Valls (Tarragona), Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Badalona y Hospitalet de Llobregat en Barcelona, la policía local ha sido de momento la que con más celo ha aplicado las órdenes de la Fiscalía para actuar, por primera vez, como policía judicial.

Durante este fin de semana, en Barcelona, la Guardia Urbana levantado acta y requisado material de la campaña del 1-O del PDeCat en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona, ha identificado al secretario de Igualdad y Migraciones de la Generalitat, Oriol Amorós (ERC), en un acto de la ANC en la Sagrada Familia y ha requisado material de la campaña del “sí” en el Poblenou y de la CUP en Sant Martí.

Un celo del que no se libran las poblaciones gobernadas por partidos independentistas. La Policía Local de Torredembarra (Tarragonés), donde gobierna Esquerra, cortó la luz en la plaza donde la CUP celebraba un acto por el Sí remitiéndose a las “ordenes de la Fiscalia”. En Sant Cugat del Vallès, con alcaldía del PDeCat, la policía local identificó a una mujer de 74 años que participaba en un acto de la campaña de referéndum.

También en Sabadell, donde el bastón de mando lo ostenta desde la mitad de mandato el líder local de la CUP, Matías Serracant, la Policía Municipal hizo una advertencia al grupo de Gigantes de Gràcia por llevar un cartel del Sí en la celebración de la fiesta mayor. Y el grupo de ERC en Sant Vicenç de Montalt (Maresme) denunció la requisa de pancartas por parte de la policía local, bajo mando de Convergencia.

En las alcaldías socialistas destacan las intervenciones en Santa Coloma de Gramenet, donde la policía local identificó la madrugada del domingo a cuatro activistas que colgaban carteles a favor del Sí y se los requisó, y Granollers también con la identificación de militantes en el momento en el que pegaban carteles a favor del referéndum. El inicio de campaña también registró un incidente en Montcada i Reixac, cuando tres integrantes de ERC y uno de las JERC fueron identificados por la Guardia Urbana, que les requisó material diverso.

Mundó anima a recurrir contra Maza

En este contexto es especialmente sintomática la denuncia realizada esta mañana por el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, quien ha criticado especialmente las ordenes de la Fiscalía para que las policías locales actúen como policía judicial. “Hay base legal para cuestionar la instrucción dada por Maza a las policías locales”, ha advertido, en primer lugar “porque no tienen atribuciones como policía judicial, y además y no menos importante, porque una policía judicial responde a los requerimientos de los jueces y no de los fiscales”.

“La fiscalía -ha destacado el conseller de Justicia- no puede convertirse en fiscal y juez a la vez, por lo que estamos estudiando la legalidad de esta instrucción”. Mundó se ha mostrado convencido de que muchos ayuntamientos “se plantearán acciones legales para dejar sin efecto esta orden ya que traslada a las policías locales una competencia que no les corresponde”, y ha asegurado tener constancia de que “hay jueces que rechazan que se les obligue a adoptar resoluciones políticas que comprometen derechos individuales y libertades colectivas, por lo que la posición dentro de la judicatura no es uniforme, hay una parte de jueces que se sienten cómodos y otra que no”.