Narcís Piferrer, ex consejero delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter SA (Agissa) e imputado en la causa que instruye un juzgado gerundense por presunto desvío de fondos a través de esta empresa mixta, propuso a finales de 2015 que se eliminara la partida presupuestaria destinada a la realización de auditorías al no considerarlas necesarias. Los auditores venían poniendo de manifiesto, al menos desde el ejercicio de 2012, anomalías e incidencias importantes que año tras año seguían sin corregirse y que alcanzan la etapa de Carles Puigdemont como alcalde de la localidad.

Fue en el consejo de administración celebrado el 21 de diciembre de 2015, concretamente en el capítulo de ruegos y preguntas. Tanto Piferrer como Xavier Ventayol -representante de Girona SA, el consorcio que agrupa a los tres accionistas privados de Agissa (Caixabank, Aqualia y Agbar)- defendieron la «innecesariedad» de hacer auditorías «cada año», como se recogió en el acta de la sesión.

Extracto del acta de la reunión del consejo de administración de Agissa del 21 de diciembre de 2015.

Extracto del acta de la reunión del consejo de administración de Agissa del 21 de diciembre de 2015.

Piferrer y Ventayol defendían esa propuesta semanas después de que el grupo de la CUP en el Ayuntamiento de Girona hubiera interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra directivos de Girona SA por presunta administración desleal. Fue el germen de la querella presentada posteriormente por el Ministerio Público por apropiación indebida que dio pie, en julio de 2016, a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Girona.

En aquella sesión, ambos directivos también mantuvieron que tampoco era necesaria la incorporación de un adjunto a la gerencia, compromiso asumido por escrito por la concesionaria cuando en marzo de 2013 logró que se le prorrogara el contrato hasta diciembre de 2020 y con el que los socios públicos -los ayuntamientos de Girona, Salta y Sarrià de Ter- querían garantizarse la «adecuada coordinación» con el accionista privado. Para Piferrer y Ventayol, el dinero que requeriría la contratación -a razón de 50.000 euros al año- podría tener un mejor destino: «Hacer frente a los recibos del suministro de agua potable de las personas que no podían hacer frente al pago».

Contrato del Ayuntamiento de Girona

Prórroga del contrato de explotación del servicio de agua firmado en 2013 por Carles Puigdemont, entonces alcalde de Girona. EL INDEPENDIENTE

En un informe sobre la auditoría a Agissa correspondiente al ejercicio de 2014, fechado el pasado 10 de abril y firmado por Carlos Merino y Gloria Rigau, los interventores del Ayuntamiento de Girona hacen constar la «falta de colaboración» prestada tanto por Piferrer como por su sucesor, Xavier Ballell, y el cuestionamiento «reiterado» de las competencias de la Intervención por requerirle información. Ello ha provocado -a su juicio- que la corporación municipal viera limitadas sus funciones de control y fiscalización de la gestión de este servicio público.

En su trabajo, los interventores ponían de manifiesto la facturación de costes irreales, la imputación íntegra de recursos destinados tan sólo parcialmente a la prestación del servicio, el incumplimiento del compromiso de inversión y la imputación «excesiva» de gastos indirectos y de estructura del gestor, entre otras incidencias significativas.

La empresa mixta formalizó un préstamo de 300.000€ siete meses antes de que se lo autorizara el consejo

Por ello, los técnicos proponían la realización de un «estudio jurídico» para analizar los hechos detectados y las posibles consecuencias que podrían derivarse, a fin de disponer una «correcta calificación jurídica» y poder tomar las «medidas adecuadas».

Llovía sobre mojado. En el informe definitivo de auditoría a Agissa correspondiente a 2013, retrasado por la falta de respuesta a los requerimientos por parte de los gestores de Agissa, ya se habían puesto de manifiesto otras incidencias. Así, se subraya el hecho de que la empresa mixta formalizara un préstamo por importe de 300.000 euros siete meses después de que fuera aprobado por el consejo de administración. En concreto, la operación se firmó el 25 de octubre de 2013 y la autorización se libró el 26 de mayo de 2014.

Ingresos sin soporte documental

Los auditores también llaman la atención sobre la «desproporción» existente entre el montante del préstamo y los 42.544,46 euros que se destinaron aquel año a inversiones -concepto con el que se justificó la necesidad de recurrir a los bancos- y por la «falta de aprobación» de normas internas que garantizaran el principio de libre concurrencia en sus licitaciones, lo que explicaría que un reducido número de empresas se repartiera la mayor parte de sus contratos.

Igualmente, precisaban que no les constaba que Agissa hubiera facilitado la clave a la teniente de alcalde de Hacienda en el Ayuntamiento de Girona para que pudiera acceder a sus sistemas informáticos, a fin de que el Consistorio pudiera controlar la prestación del servicio.

Tampoco pasan por alto los auditores el hecho de que del 1.154.837,16 euros facturados por Girona SA a Agissa en 2013, el 27% de los ingresos carecían del «necesario» soporte documental. Esta misma anomalía, y con idéntico porcentaje, se había registrado en 2012.